SENTIDO DEL DIÁLOGO

El diálogo en sí no es algo optativo, adicional,para el ser humano.Se inscribe en su condiciónmisma de persona: ser-para-la comunicación-y-la-comunión.Lo que equivale a decir: ser-para-el-diálogo. Elser humano no ha sido creado sólo paraco-existir en sociedad (en la significación más pobre de estos términos)sino para con-vivir, comunicándose. Esta comunicaciónes la base y el sentido de la cultura como ámbito, aire, hogar del desarrollo humano. El diálogo es intercambio verbal y gestual pero con una ínsita dinámica a la relación interpersonal, que en su más auténtica expresión es comunión. La genuina relación dialogal denota un propósito de estima, simpatía y bondad, por parte de quien lo establece. Características del diálogo son: claridad, ante todo; apacibilidad, no es orgulloso, hiriente, ofensivo, impositivo,evita los modos violentos, es paciente y generoso; confianza tanto en el valor de la palabra propia cuanto en la actitud para aceptarla por parte del interlocutor; prudencia, procurando conocer la sensibilidad del otro y no serle molesto e incomprensible. Como seve, el diálogo constituye un ejercicio de racionalidad al igual que de bondad. Dialogar no significa perder la propia identidad, pero sí saber escuchar, comprender y en lo quemerezca, secundar. El clima del diálogo es de amistad y servicio sobre un sólido fundamento de verdad. Si se comienza poniendo la atención en lo que une y no en lo que divide –metodología y pedagogía profundamente personales y personalizantes–, se advierte sin dificultad la gran apertura que entraña la disposición al diálogo.Nadie puede resultar excluido de antemano, pues los factores fundamentales de confluencia son múltiples y maravillosos: la persona, la vida, la comunidad, la paz, los derechos y deberes humanos, la solidaridad, la condición ética, la preocupación ecológica y los anhelostrascendentes. El Papa Pablo VI indicó ya (encíclica EcclesiamSuam) algunas notas del diálogo: “excluye fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones”;no puede silenciar así la denuncia de lo que significa guerra de agresión, de conquista o de predominio (Nº 99).El diálogo, si es auténtico, se amasa con sinceridad y se teje con verdad. Es, en efecto, un compartir de seres racionales, libres, responsables, iguales en su dignidad. El diálogo no equivale a parloteo bonachón o a pasatiempo de relaciones públicas. Por eso invitar a dialogar y aceptar el ofrecimiento sitúan en un escenario deseria convicción y gran disponibilidad. Progresar en humanidad implica crecer en la actitud y el ejercicio del diálogo. Este es reconocimiento de la fraternidad, aceptación de la justicia, apertura ala solidaridad. Una situación grave de quiebra en el establecimientoy crecimiento de una sana convivencia es cuando se excluye el diálogo. Porque no se quiere ningún acuerdo y se excluye toda reconciliación. En los sistemas totalitarios y en las políticas e ideologías excluyentes se parte de que no hay nada que dialogar, sino que la solución es la eliminación del adversario. Lo mismo que sucede en los enfrentamientos religiosos, origen de las guerras de religión. Algo desastroso que sucede en estos casos es que se identifican posiciones y personas. Se olvida que si el error en sí no tiene derechoy no se puede negociar con la verdad, quien está en el error no deja de ser persona y, por lo tanto, tiene derechos que son inalienables. Si la humanidad ha podido sobrevivir, es porque en alguna forma se ha abierto paso la tolerancia. Y porque, tarde o temprano, se ha podido establecer algún diálogo.

INSEGURIDAD OFICIALIZADA

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”. Esto lo leemos como artículo 3 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. “El derecho a la vida es inviolable”. Con este artículo 43 comienza el capítulo III, “De los Derechos civiles”, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciertamente si se habla de derechos, el referente a la vida viene a ser el fundamental. Quedó estampado por ello en el Decálogo. La valoración del derecho a la vida resultó rubricado de modo patente en el relato genesíaco, que narra la primera muerte violenta: el asesinato de Abel por parte de Caín. La pregunta de Dios allí es significativamente interpelante: “¿Dónde está tu hermano?”, así como grave es el reclamo: “Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra” (Gn 3, 9-10). En Venezuela estamos viviendo tiempos sombríos en lo relativo al derecho a la vida. No es el caso de estas líneas recoger datos escalofriantes, que nos colocan en un lugar bien triste en el concierto de las naciones. Se experimenta una trágica devaluación de la vida. Y algo muy preocupante: parece que la población se va acostumbrando y las autoridades familiarizando con las cifras de homicidios y la hemorragia criminal cotidiana. Ahora bien, cuando se habla de violación del derecho a la vida no hay que fijar la mirada sólo en los casos “terminales” (asesinatos y matanzas). Es preciso incluir en tal violación todo lo que degrada culpablemente la vida, su dignidad, su calidad. Aquí cabe un inventario de tantas formas de acabar con ella, también de dañarla corporal y espiritualmente, de obstruir su desarrollo y expresión. En este sentido un aspecto muy importante es el tocante a la seguridad, al ambiente, al clima de sosiego y de paz al que tiene derecho el ser humano y la comunidad que éste construye. Nota muy negativa en la Venezuela actual es la inseguridad reinante; no hay que dar mayores explicaciones en este punto porque la experiencia de la gente de este país (y la gente somos nosotros) es dolorosamente amplia al respecto. Todos nosotros hemos de ser defensores y promotores de vida. Y de vida abundante. Comenzando por la propia familia y la convivencia del vecindario. Hay, alguien, sin embargo, a quien corresponde una peculiar y muy seria responsabilidad en este campo, como es quien ejerce autoridad en la comunidad, ciudad o polis; y tiene esa tarea como encargo, deber, y ¿por qué no decirlo? como empleo remunerado. La autoridad posee el monopolio de la fuerza pública, de las armas. Pero ¿qué sucede hoy en esta Venezuela nuestra? Una violación constante del derecho a la vida, en su amplia acepción y comenzando por la generación de inseguridad pública, viene del Gobierno mismo. No sólo por la participación de miembros de los cuerpos de seguridad en crímenes, sino por el estímulo a la intolerancia, el lenguaje guerrerista y de amedrentamiento que ya es de ordinario uso en los medios oficiales. En vez de ser un factor de serenidad y confianza, el Gobierno se ha convertido en productor de miedo, en amenaza constante. ¿Qué se puede exigir de conducta respetuosa y pacífica en los ambientes ciudadanos ordinarios cuando desde el poder se amenaza y se intimida a los compatriotas, se promueve el odio entre los venezolanos, se atiza el canibalismo político y la violencia fratricida? Estamos frente a una inseguridad oficializada, violatoria de un precepto constitucional básico y de un mandato divino fundamental.

CONSTITUCIÓN DESESTABILIZADORA

El verbo desestabilizar y los términos que le son consanguíneos están de moda en la actualidad política venezolana por su abundante utilización oficial. El adjetivo desestabilizador se le carga a cualquier manifestación o escrito disidente, a cualquier crítica o reclamo ciudadano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela constituye un factor desestabilizador de primer género respecto de la política seguida por el régimen cobijado bajo el estandarte del “Socialismo del Siglo XXI”. Basta con leer ligeramente el Preámbulo y los Principios Fundamentales de nuestra Carta Magna para advertir la carga desestabilizadora que contienen. El primero establece como fin de la refundación de la República el establecimiento de una sociedad democrática, participativa, pluricultural, en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide valores como libertad, paz, bien común, convivencia; asegure el derecho a la vida, la igualdad sin discriminación, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Esto entre otras cosas. En los Principios Fundamentales se establece la autoconstitución de Venezuela en Estado de Derecho y de Justicia, propugnador de valores básicos, entre los cuales: vida, libertad, justicia, igualdad, preeminencia de los derechos humanos, pluralismo político. Hace pocos días, hablando de Doctrina Social de la Iglesia (materia sobre la cual Ediciones Trípode me acaba de publicar De la Venezuela real a la posible) me fue muy grato subrayar muchos elementos de nuestra Constitución que coinciden con principios, criterios y lineamientos para la acción de aquella Doctrina. Me ha servido de inspiración en orden a una metodología, que vincule esas dos fuentes, en la formación de los católicos venezolanos hacia una nueva sociedad. La Constitución desestabiliza en cuanto cuestiona la orientación teórica y práctica del proyecto “socialista” oficial, de corte castrototalitario, caracterizado por su orientación: a) excluyente (sólo los “rojos” son patriotas y portadores de derechos);b) hegemónica (control ideológico total de la comunicación social, de la educación y de la cultura en general); c) centralizadora (absorción del poder por el Ejecutivo central, eliminando la división de poderes, el federalismo y la genuina autonomía de las instituciones y organizaciones de base) y d) monopólica (aniquilación del pluralismo político-ideológico orientada al partido-gremio-sindicato único). Frente a una pretensión de poner la “Revolución” por sobre la Constitución (se aprueban por caminos verdes “leyes” y procedimientos a-anti-constitucionales), el Art. 7 de nuestra Carta Magna es desestabilizador, al afirmar que ésta “es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Viendo las cosas en positivo estimo como necesario y urgente: 1) el conocimiento serio y proactivo por parte de todos los venezolanos del texto constitucional; 2) el compromiso educativo de la Iglesia en este campo; 3) la integración del estudio de nuestra Constitución dentro la formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Podemos decir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es felizmente desestabilizadora del régimen actual, si nos comprometemos a hacerla realidad en una “nueva sociedad”.

IGLESIA EN DEUDA

Obligante repetirlo: la Iglesia en Venezuela está en deuda con respecto una formación masiva en Doctrina Social de la Iglesia. Por Iglesia entiendo aquí el Pueblo de Dios en su conjunto. Dentro de él ocupan un primer y más obligante lugar quienes tienen la tarea de la conducción pastoral. Pero la Iglesia es mayoritariamente el conjunto de los laicos o seglares. Estar en deuda no significa que no se haya hecho nada, sino que lo hecho no está en modo alguno a la altura del deber que corresponde cumplir. Por consiguiente la responsabilidad es grande en cuanto al compromiso que es preciso asumir. Formación masiva significa educación a todos los niveles, comenzando por la Iglesia más pequeña que es-ha de ser la familia cristiana. Por consiguiente no se reduce a formación en ciertos grupos o elites, si bien en éstos dicha formación tiene que adquirir alta densidad. Doctrina Social de la Iglesia es el cuerpo de principios, criterios y orientaciones para la acción, que la comunidad eclesial tiene para contribución a la edificación de una nueva sociedad, es decir, de una convivencia acorde con los valores humano-cristianos del Evangelio. Cuando se haba aquí de formación, no se la entiende como un conjunto doctrinal dirigido sólo a la iluminación del cerebro, sino como enseñanzas, que, en una u otra forma, han de traducirse en práctica a través del proceso pedagógico mismo. Por ejemplo, formar en la solidaridad exige un hacerla vida ya, desde el aquí y ahora, a través de expresiones concretas y discernibles. Todos hemos de formarnos para formar. Pudiera hablarse entonces aquí de una dinámica conjunción alumno-maestro. Formarse-formar en forma de un círculo, no ya vicioso, sino virtuoso. ¿La primera escuela? La familia. Allí se aprende-ha de aprender a ser libres, justos, solidarios, veraces, tolerantes, dialogantes, pacíficos. La escuela formal viene después. La Doctrina Social de la Iglesia debe formar parte de la catequesis, ya desde su fase más elemental. La formación en la fe no se reduce a la enseñanza de los dogmas, del culto, de las oraciones y del listado del Decálogo. Ha de comprender aquello que habilite y anime a un relacionamiento con el prójimo -desde el individual inmediato hasta la sociedad (polis) grande- orientado e impulsado por los valores de la verdad, la práctica de los Derechos Humanos, la aplicación del mandamiento máximo del amor. La realidad actual de Venezuela en donde impera un estatismo opresivo, reina la delincuencia-impunidad, campea la corrupción, se impone la intolerancia y el odio, no puede menos de interpelar a todos y de modo particular a los creyentes. Porque –lo repito una vez más- lo que pasa en Venezuela, sucede en un país que se autodenomina -y las encuestan lo estiman- mayoritariamente católico. Aquellos pecados se darían de modo predominante, por consiguiente al interior de la comunidad Iglesia. ¿En dónde se manifiestan la fe, el bautismo, el mandamiento supremo de Cristo? Si se está en deuda hay que pagarla, por lo menos en alguna parte. Y pagarla con mucho ánimo, constancia y autenticidad.

ESTADO ROJO

Al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en contra de ella (ver Preámbulo y Principios Fundamentales) está en marcha la instauración de un Estado Socialista, pero no de cualquier tipo, sino marxista-colectivista a lo soviético-castrista. En esta línea se proclama oficialmente que todo el esfuerzo nacional debe orientarse hacia la construcción de dicho socialismo en los diversos ámbitos sociales: económico, político y ético-cultural. Consecuencia obvia: lograr la hegemonía comunicacional y educativa, el dominio ideológico-político de las organizaciones de los trabajadores, un ejército rojo y una estructura comunal como correa de transmisión del poder central. El Estado se entiende así, no como conjunto aglutinador y servicial del pueblo soberano, sino como articulador de una sociedad totalitariamente manejada. La persona y las organizaciones sociales se interpretan como objeto e instrumento de una “vanguardia iluminada” y no como sujetos de la construcción coprotagónica, corresponsable y participativa de la comunidad nacional. Una tal pretensión no es nada original en el peregrinaje humano a través de los tiempos. Intentos y realizaciones se han dado, en una u otra forma. Se cumple así lo que aquel filósofo griego expresó: la historia no se repite; somos los hombres los que nos repetimos. Hay textos que son iluminadores acerca de lo que el Estado debe ser y los gobiernos deben hacer. Aquí en Venezuela, luego del período autocrático guzmancista en que se actuó un proyecto hegemónico en varios aspectos, también en lo religioso –en este campo se llegó a un desastroso enfrentamiento con la Iglesia-, vino una progresiva reformulación de políticas con presidentes tales como Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890). El Mensaje de éste al Congreso (1890) contiene expresiones que revisten particular actualidad y las cuales ya Naudy Suárez Figueroa oportunamente subrayó a propósito del centenario de la Rerum Novarum de León XIII (Revista Nueva Política 47/II-3, 156-157). El Presidente Rojas Paúl refiriéndose a la conducta más respetuosa que el Gobierno debe tener hacia las convicciones religiosas de los ciudadanos manifestó: “Está bien que los filósofos esclarezcan y propaguen las más sanas ideas sobe las creencias y los intereses religiosos de los pueblos (…) pero el gobernante, cualesquiera que sean sus convicciones individuales, no tiene ni puede tener misión que se caracterice por la oposición a las creencias de sus gobernados. Chocar contra la conciencia pública no es sistema racional de gobierno; tomar las ideas y las cosas como realmente existen; armonizar las tendencias discrepantes en la síntesis superior del bien público, esa es la ciencia verdadera de la política”. Esto lo dijo para justificar la construcción y reparación de templos católicos y la nueva actitud ante las instituciones eclesiásticas y, sobre todo, ante la conciencia y la práctica religiosas de los venezolanos. Pudiéramos traducir así la toma de posición presidencial: al Estado no le toca decidir lo que debe estar abierto al pluralismo filosófico, ideológico u otro de la sociedad civil. Un Estado –“rojo rojito”- como el que concibe el SSXXI, pretende convertirse en gestante, nutriente, niñera, maestro, tutor, en fin, prácticamente dueño de los ciudadanos. Algo bien diferente de lo que expresó Rojas Paúl (en el umbral del siglo XX) y de lo que abierta y claramente afirma nuestra Constitución (dada a luz justo ya para nacer este nuevo milenio). Un Estado rojo está en las antípodas de un Estado democrático. Y, más allá de éste, de un genuino humanismo.

AUTODESLEGITIMACIÓN Y REENCUENTRO

En estos últimísimos tiempos venezolanos se han venido manejando bastante los términos de legitimidad e ilegitimidad a raíz de los cambios habidos en la dirección presidencial de la República. Hasta el Tribunal Supremo ha llegado la controversia, tema que no aspira a ser objeto de las presentes líneas Quisiera concretarme, en efecto, a un aspecto casi nunca tratado en esta materia y es cuando la causa de la ilegitimidad no reside en un agente extraño al ilegitimado, sino en éste mismo, quien, a través de actos propios, conscientes y libres, se autodeslegitima. No es la primera vez que toco el presente tema. Lo hice ya en un llamado hecho al entonces Presidente Hugo Chávez Frías, a propósito del 19 de abril de 2010. Por lo tanto al calor de la celebración bicentenaria de la Independencia. El título de esa interpelación fue: “!Presidente, vuelta al Cabildo”. No es conveniente autocitarse, a menos de que sea necesario. Así justificado, traigo aquí las siguientes líneas: “Volver al Cabildo exige, de modo prioritario y patente, que asuma Usted su responsabilidad de Presidente de la República. Este delicado cargo implica la escucha y dedicación a todos los venezolanos, trabajando por su unión en pro del bien común nacional. Nada más contradictorio con ello, que la identificación, implícita o explícita –y, peor, cuando se la exhibe- con sólo un sector de la población, despreciando y marginando a los demás, con base en motivos ideológico-políticos, raciales, religiosos o de cualquier otro género. El Presidente lo es, de verdad, cuando respeta a los ciudadanos no a pesar de, sino precisamente por sus diferencias, conviviendo en la diversidad comprensible e inevitable de una sociedad democrática, pluralista. Cuando tiene el reconocimiento de todos: los que lo eligieron y los que no votaron por él o lo adversan, pero que, en todo caso, deben y necesitan percibirlo sensible, cercano, humano, como su Presidente. De otro modo, está en juego la legitimidad de su ejercicio como mandatario. “La vuelta al Cabildo, Ciudadano Presidente, no podría menos que acarrear al país la alegría del reencuentro de los venezolanos, con la esperanza de lógicos frutos: progreso compartido, vigencia de la justicia y el derecho, fraterna solidaridad, paz estable, cultura de civilidad”. Fue un llamado que hice desde entraña venezolana y cristiana. Queda vigente. Y la circunstancia es propicia para reiterarlo, porque las condiciones nacionales se han agravado y también porque la circunstancia internacional lo demanda. En efecto, desde nuestro país, en desencuentro, se hacen reclamos por la paz en Siria, nación que dolorosamente exhibe las consecuencias trágicas de un sangriento desencuentro. Venezuela en su decurso histórico ha sufrido ya bastante con repetidas autodeslegitimaciones como para volver a reeditar fracasos. Felizmente la historia no se ha cerrado. Y Dios regala siempre horizontes a nuestra libertad.

INCONSTITUCIONALIDAD

No es lo mismo estar frente a una inconstitucionalidad puntual que navegar en un mar de inconstitucionalidad. Cuando se da un genuino estado de derecho, que implica la real separación de poderes, es relativamente fácil manejar un recurso en un caso de inconstitucionalidad. Se ponen en marcha una serie de mecanismos legales, dando por supuesto de que habrán de funcionar de acuerdo a la letra y el espíritu de la Carta Magna.. En un sistema democrático verdadero, se cuida mucho, desde el poder y desde la oposición en mantener un juego limpio al respecto que, a la postre, se traducirá en efectivo bien común. El problema se plantea, y de modo grave, cuando en un régimen que ostenta su carácter democrático y apela a una constitución según la cual repetitivamente dice regirse, se ajusta de facto a una supraconstitucionalidad en base a exigencias ideológico-políticas, que considera superiores e inapelables. Es el caso de Socialismo del Siglo XXI. La Revolución que éste asume, se erige en imperativo en base a la dialéctica histórica marxista y lleva a relativizar en su favor instituciones, constituciones, y el mismo Estado. Como absoluto se impone entonces la sociedad comunista, hacia la cual apuntaría de modo irreversible e inevitable la flecha de la Revolución. Esto ha llevado a lemas como “Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución, nada”. En la situación que se ha venido creando en Venezuela, de imposición oficial del “socialismo”, las frecuentes faltas puntuales contra la Constitución no constituyen el núcleo del problema político. Este reside, en efecto, en algo más grave y generador: la globalización de la inconstitucionalidad, que parte de la tesis de la simple funcionalidad de la Constitución con respecto a la construcción de la sociedad socialista. Ello se puso de manifiesto cuando en 2007 se negó en referendo una Reforma de la Constitución y el oficialismo decidió que ese cambio tenía que actuarse por otros caminos. Dentro de la globalización de la inconstitucionalidad se inscribe una red de medidas y proyectos: Estado comunal, homogeneización y reconcentración del poder en torno al ejecutivo, ecuaciones patentemente antidemocráticas como las de Estado=Gobierno=Partido=Líder y pueblo=líder manipuladoras especialmente de los pobres en favor del totalitarismo, “legalidad” enderazada a la intauración del “pensamiento único”, la “hegemonía comunicacional” y el culto de la personalidad. Cuando uno pone de un lado el Preámbulo y los Principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del otro, el discurso y la práctica oficiales, percibe de inmediato y sin dificultad, que estamos navegando en un mar de inconstitucionalidad. Cuando uno ve la persecución de que es objeto todo aquel que disiente de la línea oficial, al punto que se lo considera apátrida, sin derechos (a empleo, a comunicación social, etc), condenado al apartheid, asilado sin salir de la propia tierra, se da cuenta de que el problema en Venezuela no es el de una inconstitucionalidad puntual sino el de la globalización de la inconstitucionalidad. Frente a esto no queda otro camino que reforzar convicciones democráticas y humanistas con fe y esperanza de creyentes; organizar el protagonismo ciudadano; apelar a todos los medios que la Constitución prevé para resguardar el Estado de derecho; defender y promover los derechos humanos; corresponsabilizarse en una convivencia a la altura de la dignidad de la persona humana.