CONSTITUCIÓN DESESTABILIZADORA

El verbo desestabilizar y los términos que le son consanguíneos están de moda en la actualidad política venezolana por su abundante utilización oficial. El adjetivo desestabilizador se le carga a cualquier manifestación o escrito disidente, a cualquier crítica o reclamo ciudadano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela constituye un factor desestabilizador de primer género respecto de la política seguida por el régimen cobijado bajo el estandarte del “Socialismo del Siglo XXI”. Basta con leer ligeramente el Preámbulo y los Principios Fundamentales de nuestra Carta Magna para advertir la carga desestabilizadora que contienen. El primero establece como fin de la refundación de la República el establecimiento de una sociedad democrática, participativa, pluricultural, en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide valores como libertad, paz, bien común, convivencia; asegure el derecho a la vida, la igualdad sin discriminación, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Esto entre otras cosas. En los Principios Fundamentales se establece la autoconstitución de Venezuela en Estado de Derecho y de Justicia, propugnador de valores básicos, entre los cuales: vida, libertad, justicia, igualdad, preeminencia de los derechos humanos, pluralismo político. Hace pocos días, hablando de Doctrina Social de la Iglesia (materia sobre la cual Ediciones Trípode me acaba de publicar De la Venezuela real a la posible) me fue muy grato subrayar muchos elementos de nuestra Constitución que coinciden con principios, criterios y lineamientos para la acción de aquella Doctrina. Me ha servido de inspiración en orden a una metodología, que vincule esas dos fuentes, en la formación de los católicos venezolanos hacia una nueva sociedad. La Constitución desestabiliza en cuanto cuestiona la orientación teórica y práctica del proyecto “socialista” oficial, de corte castrototalitario, caracterizado por su orientación: a) excluyente (sólo los “rojos” son patriotas y portadores de derechos);b) hegemónica (control ideológico total de la comunicación social, de la educación y de la cultura en general); c) centralizadora (absorción del poder por el Ejecutivo central, eliminando la división de poderes, el federalismo y la genuina autonomía de las instituciones y organizaciones de base) y d) monopólica (aniquilación del pluralismo político-ideológico orientada al partido-gremio-sindicato único). Frente a una pretensión de poner la “Revolución” por sobre la Constitución (se aprueban por caminos verdes “leyes” y procedimientos a-anti-constitucionales), el Art. 7 de nuestra Carta Magna es desestabilizador, al afirmar que ésta “es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Viendo las cosas en positivo estimo como necesario y urgente: 1) el conocimiento serio y proactivo por parte de todos los venezolanos del texto constitucional; 2) el compromiso educativo de la Iglesia en este campo; 3) la integración del estudio de nuestra Constitución dentro la formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Podemos decir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es felizmente desestabilizadora del régimen actual, si nos comprometemos a hacerla realidad en una “nueva sociedad”.

IGLESIA EN DEUDA

Obligante repetirlo: la Iglesia en Venezuela está en deuda con respecto una formación masiva en Doctrina Social de la Iglesia. Por Iglesia entiendo aquí el Pueblo de Dios en su conjunto. Dentro de él ocupan un primer y más obligante lugar quienes tienen la tarea de la conducción pastoral. Pero la Iglesia es mayoritariamente el conjunto de los laicos o seglares. Estar en deuda no significa que no se haya hecho nada, sino que lo hecho no está en modo alguno a la altura del deber que corresponde cumplir. Por consiguiente la responsabilidad es grande en cuanto al compromiso que es preciso asumir. Formación masiva significa educación a todos los niveles, comenzando por la Iglesia más pequeña que es-ha de ser la familia cristiana. Por consiguiente no se reduce a formación en ciertos grupos o elites, si bien en éstos dicha formación tiene que adquirir alta densidad. Doctrina Social de la Iglesia es el cuerpo de principios, criterios y orientaciones para la acción, que la comunidad eclesial tiene para contribución a la edificación de una nueva sociedad, es decir, de una convivencia acorde con los valores humano-cristianos del Evangelio. Cuando se haba aquí de formación, no se la entiende como un conjunto doctrinal dirigido sólo a la iluminación del cerebro, sino como enseñanzas, que, en una u otra forma, han de traducirse en práctica a través del proceso pedagógico mismo. Por ejemplo, formar en la solidaridad exige un hacerla vida ya, desde el aquí y ahora, a través de expresiones concretas y discernibles. Todos hemos de formarnos para formar. Pudiera hablarse entonces aquí de una dinámica conjunción alumno-maestro. Formarse-formar en forma de un círculo, no ya vicioso, sino virtuoso. ¿La primera escuela? La familia. Allí se aprende-ha de aprender a ser libres, justos, solidarios, veraces, tolerantes, dialogantes, pacíficos. La escuela formal viene después. La Doctrina Social de la Iglesia debe formar parte de la catequesis, ya desde su fase más elemental. La formación en la fe no se reduce a la enseñanza de los dogmas, del culto, de las oraciones y del listado del Decálogo. Ha de comprender aquello que habilite y anime a un relacionamiento con el prójimo -desde el individual inmediato hasta la sociedad (polis) grande- orientado e impulsado por los valores de la verdad, la práctica de los Derechos Humanos, la aplicación del mandamiento máximo del amor. La realidad actual de Venezuela en donde impera un estatismo opresivo, reina la delincuencia-impunidad, campea la corrupción, se impone la intolerancia y el odio, no puede menos de interpelar a todos y de modo particular a los creyentes. Porque –lo repito una vez más- lo que pasa en Venezuela, sucede en un país que se autodenomina -y las encuestan lo estiman- mayoritariamente católico. Aquellos pecados se darían de modo predominante, por consiguiente al interior de la comunidad Iglesia. ¿En dónde se manifiestan la fe, el bautismo, el mandamiento supremo de Cristo? Si se está en deuda hay que pagarla, por lo menos en alguna parte. Y pagarla con mucho ánimo, constancia y autenticidad.

ESTADO ROJO

Al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en contra de ella (ver Preámbulo y Principios Fundamentales) está en marcha la instauración de un Estado Socialista, pero no de cualquier tipo, sino marxista-colectivista a lo soviético-castrista. En esta línea se proclama oficialmente que todo el esfuerzo nacional debe orientarse hacia la construcción de dicho socialismo en los diversos ámbitos sociales: económico, político y ético-cultural. Consecuencia obvia: lograr la hegemonía comunicacional y educativa, el dominio ideológico-político de las organizaciones de los trabajadores, un ejército rojo y una estructura comunal como correa de transmisión del poder central. El Estado se entiende así, no como conjunto aglutinador y servicial del pueblo soberano, sino como articulador de una sociedad totalitariamente manejada. La persona y las organizaciones sociales se interpretan como objeto e instrumento de una “vanguardia iluminada” y no como sujetos de la construcción coprotagónica, corresponsable y participativa de la comunidad nacional. Una tal pretensión no es nada original en el peregrinaje humano a través de los tiempos. Intentos y realizaciones se han dado, en una u otra forma. Se cumple así lo que aquel filósofo griego expresó: la historia no se repite; somos los hombres los que nos repetimos. Hay textos que son iluminadores acerca de lo que el Estado debe ser y los gobiernos deben hacer. Aquí en Venezuela, luego del período autocrático guzmancista en que se actuó un proyecto hegemónico en varios aspectos, también en lo religioso –en este campo se llegó a un desastroso enfrentamiento con la Iglesia-, vino una progresiva reformulación de políticas con presidentes tales como Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890). El Mensaje de éste al Congreso (1890) contiene expresiones que revisten particular actualidad y las cuales ya Naudy Suárez Figueroa oportunamente subrayó a propósito del centenario de la Rerum Novarum de León XIII (Revista Nueva Política 47/II-3, 156-157). El Presidente Rojas Paúl refiriéndose a la conducta más respetuosa que el Gobierno debe tener hacia las convicciones religiosas de los ciudadanos manifestó: “Está bien que los filósofos esclarezcan y propaguen las más sanas ideas sobe las creencias y los intereses religiosos de los pueblos (…) pero el gobernante, cualesquiera que sean sus convicciones individuales, no tiene ni puede tener misión que se caracterice por la oposición a las creencias de sus gobernados. Chocar contra la conciencia pública no es sistema racional de gobierno; tomar las ideas y las cosas como realmente existen; armonizar las tendencias discrepantes en la síntesis superior del bien público, esa es la ciencia verdadera de la política”. Esto lo dijo para justificar la construcción y reparación de templos católicos y la nueva actitud ante las instituciones eclesiásticas y, sobre todo, ante la conciencia y la práctica religiosas de los venezolanos. Pudiéramos traducir así la toma de posición presidencial: al Estado no le toca decidir lo que debe estar abierto al pluralismo filosófico, ideológico u otro de la sociedad civil. Un Estado –“rojo rojito”- como el que concibe el SSXXI, pretende convertirse en gestante, nutriente, niñera, maestro, tutor, en fin, prácticamente dueño de los ciudadanos. Algo bien diferente de lo que expresó Rojas Paúl (en el umbral del siglo XX) y de lo que abierta y claramente afirma nuestra Constitución (dada a luz justo ya para nacer este nuevo milenio). Un Estado rojo está en las antípodas de un Estado democrático. Y, más allá de éste, de un genuino humanismo.

AUTODESLEGITIMACIÓN Y REENCUENTRO

En estos últimísimos tiempos venezolanos se han venido manejando bastante los términos de legitimidad e ilegitimidad a raíz de los cambios habidos en la dirección presidencial de la República. Hasta el Tribunal Supremo ha llegado la controversia, tema que no aspira a ser objeto de las presentes líneas Quisiera concretarme, en efecto, a un aspecto casi nunca tratado en esta materia y es cuando la causa de la ilegitimidad no reside en un agente extraño al ilegitimado, sino en éste mismo, quien, a través de actos propios, conscientes y libres, se autodeslegitima. No es la primera vez que toco el presente tema. Lo hice ya en un llamado hecho al entonces Presidente Hugo Chávez Frías, a propósito del 19 de abril de 2010. Por lo tanto al calor de la celebración bicentenaria de la Independencia. El título de esa interpelación fue: “!Presidente, vuelta al Cabildo”. No es conveniente autocitarse, a menos de que sea necesario. Así justificado, traigo aquí las siguientes líneas: “Volver al Cabildo exige, de modo prioritario y patente, que asuma Usted su responsabilidad de Presidente de la República. Este delicado cargo implica la escucha y dedicación a todos los venezolanos, trabajando por su unión en pro del bien común nacional. Nada más contradictorio con ello, que la identificación, implícita o explícita –y, peor, cuando se la exhibe- con sólo un sector de la población, despreciando y marginando a los demás, con base en motivos ideológico-políticos, raciales, religiosos o de cualquier otro género. El Presidente lo es, de verdad, cuando respeta a los ciudadanos no a pesar de, sino precisamente por sus diferencias, conviviendo en la diversidad comprensible e inevitable de una sociedad democrática, pluralista. Cuando tiene el reconocimiento de todos: los que lo eligieron y los que no votaron por él o lo adversan, pero que, en todo caso, deben y necesitan percibirlo sensible, cercano, humano, como su Presidente. De otro modo, está en juego la legitimidad de su ejercicio como mandatario. “La vuelta al Cabildo, Ciudadano Presidente, no podría menos que acarrear al país la alegría del reencuentro de los venezolanos, con la esperanza de lógicos frutos: progreso compartido, vigencia de la justicia y el derecho, fraterna solidaridad, paz estable, cultura de civilidad”. Fue un llamado que hice desde entraña venezolana y cristiana. Queda vigente. Y la circunstancia es propicia para reiterarlo, porque las condiciones nacionales se han agravado y también porque la circunstancia internacional lo demanda. En efecto, desde nuestro país, en desencuentro, se hacen reclamos por la paz en Siria, nación que dolorosamente exhibe las consecuencias trágicas de un sangriento desencuentro. Venezuela en su decurso histórico ha sufrido ya bastante con repetidas autodeslegitimaciones como para volver a reeditar fracasos. Felizmente la historia no se ha cerrado. Y Dios regala siempre horizontes a nuestra libertad.

INCONSTITUCIONALIDAD

No es lo mismo estar frente a una inconstitucionalidad puntual que navegar en un mar de inconstitucionalidad. Cuando se da un genuino estado de derecho, que implica la real separación de poderes, es relativamente fácil manejar un recurso en un caso de inconstitucionalidad. Se ponen en marcha una serie de mecanismos legales, dando por supuesto de que habrán de funcionar de acuerdo a la letra y el espíritu de la Carta Magna.. En un sistema democrático verdadero, se cuida mucho, desde el poder y desde la oposición en mantener un juego limpio al respecto que, a la postre, se traducirá en efectivo bien común. El problema se plantea, y de modo grave, cuando en un régimen que ostenta su carácter democrático y apela a una constitución según la cual repetitivamente dice regirse, se ajusta de facto a una supraconstitucionalidad en base a exigencias ideológico-políticas, que considera superiores e inapelables. Es el caso de Socialismo del Siglo XXI. La Revolución que éste asume, se erige en imperativo en base a la dialéctica histórica marxista y lleva a relativizar en su favor instituciones, constituciones, y el mismo Estado. Como absoluto se impone entonces la sociedad comunista, hacia la cual apuntaría de modo irreversible e inevitable la flecha de la Revolución. Esto ha llevado a lemas como “Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución, nada”. En la situación que se ha venido creando en Venezuela, de imposición oficial del “socialismo”, las frecuentes faltas puntuales contra la Constitución no constituyen el núcleo del problema político. Este reside, en efecto, en algo más grave y generador: la globalización de la inconstitucionalidad, que parte de la tesis de la simple funcionalidad de la Constitución con respecto a la construcción de la sociedad socialista. Ello se puso de manifiesto cuando en 2007 se negó en referendo una Reforma de la Constitución y el oficialismo decidió que ese cambio tenía que actuarse por otros caminos. Dentro de la globalización de la inconstitucionalidad se inscribe una red de medidas y proyectos: Estado comunal, homogeneización y reconcentración del poder en torno al ejecutivo, ecuaciones patentemente antidemocráticas como las de Estado=Gobierno=Partido=Líder y pueblo=líder manipuladoras especialmente de los pobres en favor del totalitarismo, “legalidad” enderazada a la intauración del “pensamiento único”, la “hegemonía comunicacional” y el culto de la personalidad. Cuando uno pone de un lado el Preámbulo y los Principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del otro, el discurso y la práctica oficiales, percibe de inmediato y sin dificultad, que estamos navegando en un mar de inconstitucionalidad. Cuando uno ve la persecución de que es objeto todo aquel que disiente de la línea oficial, al punto que se lo considera apátrida, sin derechos (a empleo, a comunicación social, etc), condenado al apartheid, asilado sin salir de la propia tierra, se da cuenta de que el problema en Venezuela no es el de una inconstitucionalidad puntual sino el de la globalización de la inconstitucionalidad. Frente a esto no queda otro camino que reforzar convicciones democráticas y humanistas con fe y esperanza de creyentes; organizar el protagonismo ciudadano; apelar a todos los medios que la Constitución prevé para resguardar el Estado de derecho; defender y promover los derechos humanos; corresponsabilizarse en una convivencia a la altura de la dignidad de la persona humana.

IGNORANCIA DAÑINA

Hay ignorancias no dañinas. Los nombres de las esquinas de la vieja Caracas para un habitante del interior, que no tiene ningún interés por la capital. Hay ignorancias culpables. Los nombres de las esquinas de la Plaza Bolívar de Caracas para un bombero metropolitano. Dando la vuelta a la medalla, hay conocimientos que son beneficiosos, así como también otros que son ética y religiosamente obligantes. ¿Dónde ubicar el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia para un católico que se precie de ser tal? La Doctrina Social de la Iglesia constituye un cuerpo de enseñanzas acerca del bien-ser y del bien-estar de la convivencia social. Acerca del manejo de una persona, particularmente si cristiana, en lo tocante al relacionamiento en la ciudad. Y, utilizando la palabra griega de corriente uso: en la polis ¿Cómo construir el conglomerado social de manera que sea casa habitable, digna, a la altura de los seres humanos que la componen? La ciudad, propiamente hablando, no son los edificios ni las avenidas o servicios que la dibujan, sino la gente que la vive. Ya una tragedia griega planteaba ¿Qué son las naves o las torres si no hay gente en ellas? Ciudadano etimológicamente significa es el ser humano de la ciudad. Podría traducirse por político en su sentido más directo. Ahora bien, se puede ser ciudadano o político de diversos modos. Consciente, responsable y corresponsable, proactivo. O también lo contrario, como los que esperan que la ciudad (la cual comienza desde el vecindario) les solucione los problemas, sin tener ellos que mover un dedo. Estas y otras consideraciones muestran la necesidad de que la formación en la fe, la educación cristiana, integre entre sus constitutivos fundamentales, obligantes, indispensables, la enseñanza teórico-práctica de la Doctrina Social de la Iglesia. Ésta contiene principios, criterios y orientaciones para la el compromiso social, o sea, para la construcción de una nueva sociedad, civilización del amor). Junto a la explicación del Credo, del Decálogo y de los Sacramentos tiene que procurarse lo básico de dicha Doctrina. Movido por esta convicción y urgido por lo que estamos viviendo en el país (involución, división, desmantelamiento… ),acabo de publicar un manual de bolsillo sobre la Doctrina Social de la Iglesia, bajo el título animador De la Venezuela real a la posible (Ediciones Trípode, Caracas). Un cristiano no puede esperar a que le edifiquen su ciudad. Tiene que ser un decidido constructor de su polis, es decir, un actor político. Lo cual significa: un con-vivente responsable. Así no le impondrán, junto a sus hermanos todos de la ciudad, un proyecto dictatorial, totalitario (como el Socialismo Siglo XXI), un modelo insolidario, sálvese quien pueda (capitalismo salvaje), una cultura libertina, politeísta del tener-poder-placer, sin horizonte mayor trascendente (ideología relativista consumista). El cristiano es político o no es cristiano. El no saber esto es ignorancia dañina. Y el no practicarlo, pecado de omisión.

IGLESIA PRO DEMOCRACIA

¿Apoyó la Iglesia siempre la democracia? No. ¿Y actualmente? Sí, como deber y con decisión. Ahora bien, para ayudar a comprender lo anterior, conviene recordar un par de cosas. 1ª. Históricamente la democracia, aparte de algunas limitadas manifestaciones en la antigüedad, ha sido progresiva conquista de los tiempos modernos. 2ª. La Iglesia no sólo vive en la historia sino que es historia y corre la suerte de la historia; aprovecha también, por tanto, la maduración, el progreso del devenir humano. La Iglesia no sólo enseña, sino que también aprende. En los comienzos del despertar democrático la Iglesia oficialmente no vio con buenos ojos esta novedad. El pluralismo democrático (libertad de conciencia, de expresión, de cultos…) significaba a su entender una igualación de los derechos de la verdad y del error, del bien del mal. Igualmente estimaba que eso de la soberanía popular desatendía el origen divino de la autoridad. La Iglesia interpretaba todo ello en la perspectiva restringida de un sistema como el de cristiandad, que se había consolidado a lo largo de siglos en Europa, e implicaba una estrecha relación poder político- poder eclesiástico. Hay algo que tuvo un influjo muy grande en hacer variar la valoración de la democracia por parte de la Iglesia: la opresión de los grandes totalitarismos del siglo XX y la hecatombe de la II Guerra Mundial. En las filas de los campos de concentración se alineaban, para la matanza, prisioneros católicos, cristianos no católicos, creyentes de otras confesiones y también no creyentes; memoria especial se debe hacer de los judíos. Todas esas víctimas se tuvieron que reconocer allí como prójimos y hermanos en humanidad, y portadores, por tanto, de una dignidad que no era concesión del Estado ni dependía de afiliación política, raza, religión, nación. Se percibía igualmente que el poder político tenía que responder al bien común, a los anhelos y la voluntad libre de los ciudadanos y no simplemente a los intereses hegemónicos e impositivos de un “Líder” o de un partido o sector social determinado. Se facilitaba la comprensión de que la soberanía de Dios se movía en un plano distinto, trascendente, de la humana soberanía popular. Dios dejaba verdaderamente en manos de la libertad del hombre la estructuración de su convivencia, según principios y valores inscritos en la naturaleza humana, más allá de un puro legalismo societario. Los criminales juzgados en el Tribunal de Nurenberg lo fueron porque hicieron algo que, a pesar de ser aún “legal”, violaba elementales normas de humanidad (de derecho natural o como se lo quiera denominar). En el centenario de la Rerum Novarum de León XIII, a unos dos siglos de la Revolución Francesa y fresco todavía el derrumbe del Muro de Berlín-imperio comunista, Juan Pablo II –papa que sufrió en carne propia lo monstruoso del Nazismo y el Comunismo-, publicó (1. 5. 1991) otra iluminadora encíclica, Centesimus Annus, tratando de animar la búsqueda de nuevos caminos. De ésta quisiera recordar sólo un número, el 46, que invita, por lo demás, a un contacto directo con el Documento. Contiene una enseñanza particularmente útil en el hoy venezolano, cuando se trata de imponer un proyecto “socialista”, que falsea la democracia y pretende resucitar experiencias fracasadas: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. “Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad”. La Iglesia tiene hoy-hacia-el-futuro un sincero y patente compromiso democrático.