SOBERANO DEVALUADO

No se trata aquí de la moneda, que sufre un patente descalabro, sino de lo que toca el artículo 5 de nuestra Carta Magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejerce el Poder Público”.

Soberanía es poder referido a la organización y marcha de una comunidad política, de un estado. Es una categoría humana, social, eminentemente activa y de carácter originario. A su nivel específico es autosuficiente ya que es una instancia primera y última. Otra cosa es cuando se la interpreta en perspectiva ética, religiosa, metafísica, pues entonces entraña relaciones que le marcan caminos y le señalan límites. No es, por tanto, absoluta; así ha de atender a derechos humanos y no ignorar su condición creatural, lo cual no le significa pérdida, sino, antes bien, justificación, consolidación y enriquecimiento.

Por ser la soberanía una realidad (capacidad, imperativo) humana, social, no se queda en lo mero cuantitativo y aun puramente conductual. “Pueblo” es comunidad de personas y no simplemente masa humana sin rostros. Por ello no basta mover gente hacia mesas electorales y sumar resultados para hablar de una decisión del soberano. Las dictaduras y los totalitarismos se conforman con asegurar reflejos conductuales y predeterminar números.

No es suficiente proclamar y desglosar la soberanía popular; es preciso educar al pueblo para su genuino ejercicio y establecer las condiciones para que la soberanía de hecho tenga una auténtica expresión. De allí lo imperioso de una educación para la praxis soberana, de una pedagogía  demo-crática, que posibilite al  pueblo actuar consciente y libremente su poder. Ésta es una tarea para todos: familia, escuela, medios de comunicación, grupos sociales, partidos políticos, instituciones religiosas. Así, entre otras cosas, la familia es-ha de ser el primer núcleo formativo y la Iglesia deber tener entre sus prioritarias tareas una educación para la democracia (libertad, responsabilidad, solidaridad, civismo). Gran error en las décadas que precedieron la actual dictadura fue el pensar que la democracia estaba segura y non requería, como un ser vivo, un cuido  permanente y progresivo. Se creyó que bastaban eficientes maquinarias partidistas, dinero y  propaganda en abundancia, para manejar la política. Se olvidó también la renovación de liderazgos.

Este régimen dictatorial comunista ha pervertido el concepto de soberanía y devaluado el valor del soberano. Con respecto a lo primero, interpretando la soberanía como patente de corso para desmanes y escondrijo para la violación de derechos humanos. Dios creó la humanidad, pero los hombres hemos fabricado fronteras, que sirven con frecuencia para resguardar impunidades. La bandera de la no intervención fácilmente se ondea para eludir penas  por crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar: lo primero es el ser humano (con su dignidad y derechos fundamentales), fin en sí mismo y referencia central del Estado y de la organización social en su conjunto.

La devaluación del soberano es patente: este régimen propicia el despoblamiento del país, favorece el empobrecimiento del pueblo para dominarlo más fácilmente, acrecienta la represión para amedrentar a los ciudadanos, cierra las compuertas a la participación social, al pluralismo político y cultural. Busca el poder absoluto sobre los venezolanos usurpándole su soberanía.   

El pueblo soberano debe ser reconocido, formado, resguardado y estimulado como tal. Es indispensable promover su protagonismo efectivo. Los Principios Fundamentales de nuestra Constitución son claros al respecto: fines esenciales del Estado son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular (…), la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Art. 3); y  valores superiores son “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Art. 2).

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VENEZUELA EN EXILIO

Hay términos que lamentablemente se han hecho de uso común en Venezuela por obra y gracia del Régimen comunista. Entre ellos: exilio, éxodo y diáspora.

En ámbito judeo-cristiano estos vocablos tienen una inmediata y significativa resonancia bíblica, pues evocan el exilio del pueblo hebreo en Babilonia, el éxodo de Egipto y la diáspora judía en el mundo helenista. Y los creyentes en Cristo no podemos menos de recordar que los primeros exiliados cristianos fueron los miembros de la sagrada familia, adelantándose al masivo infanticidio decretado por Herodes.

Informaciones serias ofrecen una muy alta (millonaria) cantidad de venezolanos en situación de exilio, de éxodo forzado, que produce una impresionante diáspora en las diversas latitudes. Los números dicen que al menos un diez por cierto de  compatriotas sufre esa situación Se puede hablar entonces de un dramático vaciamiento del país, como también de la existencia de dos Venezuelas, una ad intra (los que vivimos dentro, “in-patriados”) y otra ad extra (los que han tenido que irse, “ex-patriados”)).

No se trata aquí de un simple fenómeno migratorio, nada extraño por lo demás en un mundo en globalizacion. Tampoco de una diseminación fruto de contingencias naturales, ni de un desplazamiento como los que se registran en conflictos bélicos internacionales o nacionales, caracterizados estos últimos por razones principalmente étnicas. El éxodo nuestro es efecto de un proyecto político ideológico de tipo totalitario, potenciado por una impetuosa voluntad de dominio y ligado de facto a una fuerte “narcorrupcion”. Ese proyecto busca expresamente la emigración de los connacionales disidentes o virtualmente resistentes; de la gente formada, actual o potencialmente critica   del sistema; de todos aquellos difíciles de integrar en el monolito masificante de la sociedad comunista. La cúpula oficial piensa: mientras menos personas (sujetos libres y conscientes), menos problemas. La opresión policial y militar se orienta sistemáticamente a la eliminación del pluralismo político y cultural. El despoblamiento obedece también, por último, pero no como último, a las precarias condiciones de vida (nutrición, salud, educación, trabajo) que genera el plan estatizante del Regimen.

Si el exilio-exodo-diáspora tiene dimensiones escandalosas en cuanto a la cantidad, no puede decirse menos en lo que respecta a la calidad, a lo más propiamente humano. Tienen que dejar el país innumerables jóvenes, profesionales y técnicos, los cuales, junto a los demás desterrados, no han de interpretarse como  individuos aislados. Son en efecto, miembros de familias que se separan, de círculos de amistad que se fracturan, de grupos afines y asociaciones que se desintegran. Y en lo existencial, ¡Cuánta soledad, angustia y depresión! ¡Cuantos penosos cortes afectivos, rupturas en acompañamientos, ausencias de apoyos y solidaridades! No estamos en presencia, pues, de un escueto  desplazamiento demográfico, sino de un drama que envuelve personas y grupos humanos en sus varias dimensiones, psicológica, ética y religiosa.

Si se consideran las cosas en perspectiva de derechos humanos, ciertamente estamos frente a crímenes de lesa humanidad, por la hondura y extensión de los delitos. Se está frente a un verdadero genocidio. No olvidemos que vivir es relacionarse y amar. Y patentizan todavía más lo criminal y detestable de ese genocidio las burlas que desde el poder se hace a las víctimas.  Se entra ya en el campo de lo maligno, de lo malo hecho con calculo y regodeo. Se convierte a la tragedia en opereta.

Estas reflexiones no quieren quedarse en catálogo de penas y quejas. Buscan interpelar a los compatriotas hacia la unión para superar la dictadura totalitaria comunista; animar y robustecer un gran esfuerzo nacional tendiente a la educación y reeducación de los venezolanos en el sentido del respeto y el cuidado mutuos, del aprecio de la ternura y la fraternidad; estimular a la reconstrucción de la patria común sobre una base ética, religiosa, humana, consistente.

 En un mundo creado y querido por Dios, el mal no es el horizonte de la historia. El bien tiene el triunfo asegurado.             

                       

ANTE UN REGIMEN DESPERSONALIZANTE

El gravísimo deterioro nacional tiene como causa principal –lo han repetido los obispos- la pretensión del régimen de imponer un proyecto totalitario comunista (Plan de la Patria, Socialismo del Siglo XXI), acompañado de una buena dosis de narcorrupcion y soberbia despótica. Expresiones patentes de ello son  el éxodo masivo, el empobrecimiento general y la represión desaforada. Todo está calculado para aplastar material y espiritualmente a los venezolanos y convertirlos así en una masa humana domesticada y medicante. Todo ello urge un cambio de régimen y una pedagogía de responsabilidad personal-comunitaria, que posibiliten un nuevo rostro de país.

Algo que caracteriza un recto humanismo y  juega un papel decisivo en la Doctrina Social de la Iglesia es la centralidad de la persona humana. Aparece como un primer principio o premisa fundamental en lo  concerniente a la constitución y al genuino desarrollo de la sociedad en sus varios aspectos, económico, político y ético-cultural.

Dimensiones básicas de la persona humana son su subjetividad y relacionalidad, su conciencia y  libertad, de modo que se la puede definir como un sujeto consciente, libre y social. Es esencialmente también  existencia in-corporada, que incluye la materialidad como componente básico, manifestándose como una especie de microcosmos, de gran riqueza y potencialidad. Estas características personales guardan intima interrelación, de modo que un autentico desarrollo personal ha de integrar lo espiritual y lo corporal, lo  individual y lo social como un conjunto orgánico.

Esta peculiaridad de la persona humana confiere a ésta una dignidad inalienable, originaria, que es fuente de múltiples derechos, comenzando por el de la vida. La persona reviste de tal modo la condición de fin y no de medio, de manera que moralmente no puede ser instrumentalizada para el logro de objetivos como no sea el propio perfeccionamiento. Se entiende entonces como  la persona humana es una creatura que Dios ha querido por sí misma y no en función de ninguna otra. No es, por tanto, peldaño o herramienta para el logro de cualquier cosa. Los totalitarismos y sistemas salvajes disuelven esta unicidad y originalidad de la persona, valorándola solo en función de una raza (nazismo), una estructura social (comunismo)  o una supremacía nacional (fascismo). De modo semejante el término “capitalismo salvaje” expresa la subordinación de lo personal a las leyes del mercado y los indicadores financieros. La centralidad de la persona se contrapone también  a la deificación de las ideologías y la idolatría del poder político.    

Lo anterior explica por qué la Declaración Universal de  Derechos Humanos se aprobó en 1948, a raíz de la trágica experiencia de campos de concentración, de horrendos genocidios y de globales enfrentamientos fratricidas. Se percibió dramáticamente que la autodestrucción  del ser humano se evitaría solo a través del reconocimiento de su dignidad original y del respeto de derechos fundamentales derivados de ella. Por cierto que la tabla de derechos del ‘48 se ha enriquecido con el correr de los anos a medida que se ha venido ahondando en los requerimiento de un progreso integral de la humanidad. Tabla aquella a la que habría de acompañar de modo explícito otra, ciertamente no menos amplia, de deberes humanos.

 La referida Declaración no ha significado una humanización automática del relacionamiento humano, falla comprensible, por lo demás, en una historia de  seres que no son solo limitados  y frágiles, sino también pecadores, por cuanto abusan de la libertad convirtiéndola en instrumento del mal. Los creyentes, conscientes de esta distorsión,  han,  de apelar, por ende, tanto al auxilio divino que sane y fortalezca la propia libertad, como al ejercicio de una permanente ascesis  liberadora.

Regímenes como el vigente en Venezuela reclaman un urgente y robusto esfuerzo humanizador, que busque colocar a los ciudadanos y su desarrollo integral en el horizonte de una política y no utilizarlos como piezas de un juego de ideologías y poderes.

    

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LO ELECTORAL NO AGOTA LO CONSTITUCIONAL

Resulta necesario y urgente en el marco de la gravísima crisis nacional aclarar la distinción entre  solución electoral y  constitucional.

Sectores de la oposición ha venido insistiendo que es preciso lograr la superación de la  crisis nacional la por la vía electoral.  Algo obvio, por lo demás, en un sistema aun medianamente democrático. La Constitución al hablar de “los derechos políticos y del referendo popular” (CRBV capítulo IV) establece el sufragio como el camino ordinario para solucionar crisis y   cambios de gobierno.

 A propósito de la revolución del ´89, que desmontó el andamiaje del bloque comunista, Juan Pablo II afirmó: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” (Encíclica Centesimus Annus 46). Esto lo dice inmediatamente después de denunciar la concepción totalitaria marxista-leninista,  que niega la dignidad trascendente de la persona humana y propugna un Estado absorbente de todo: nación, sociedad,  familia, organizaciones e instituciones.

Un cambio político por vía electoral es lo ordinario y normal en un país democrático. Fue lo que se vivió en Venezuela  durante casi toda la segunda mitad del siglo pasado. Nuestra historia nacional no ha sido, por tanto, una simple sucesión de gobiernos despóticos o dictatoriales, de rupturas institucionales. Registra, en efecto, experiencias positivas de Estado de derecho, de ordenamiento constitucional, de convivencia pacífica, pluralista, beneficiosa no sólo para los venezolanos sino para gentes venidas de otros países latinoamericanos sometidos a regímenes de fuerza y violadores de derechos humanos. Esto es conveniente recordarlo hoy cuando  nuestro país  necesita fortalecer su esperanza.

Desgraciadamente este siglo ha sido para Venezuela un crescendo en el deterioro de vida y de convivencia democrática. El  Plan de la Patria es un programa destructivo; apunta  al control total económico, político y cultural de la población, en violación abierta de la Constitución y de fundaméntale s derechos humanos. Fundamento y guía del así llamado “Socialismo del Siglo XXI” es una ideología hegemónica y masificante, que contradice el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” definido por la Constitución (CRBV Art. 2).  

Este  régimen  ha cerrado las puertas a una genuina salida electoral de la crisis. El Ejecutivo ha convertido las otra ramas del Poder Público Nacional (pensemos en el Electoral y el Judicial) en instrumentos suyos.  Con respecto al Legislativo no sólo lo ha desconocido y agredido, sino que para desplazarlo monta un parapeto constituyente con pretensiones de supra constitucionalidad y aun de poder originario. Ha profundizado la represión y convertido a la Fuerza Armada de la República en el sostén principal de la dictadura.

El régimen cerró las puertas a una solución electoral de la crisis. Pero no las puede cerrar a toda solución constitucional. La Carta Magna, en efecto, prevé soluciones especiales para situaciones excepcionales; en este sentido,  además de referendos (Art. 70 y 71) cuenta con recursos extraordinarios para restablecer el orden democrático constitucional. Es el caso de los artículos 333 y 350. Aquí  la Constitución no sólo permite o aconseja, sino que ordena: todo ciudadano(a), investido(a)  o no de autoridad (ya civil, ya militar conviene explicitar) “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento” de la efectiva vigencia de la Constitución (CRBV 333).

Lo constitucional (género) tiene en lo electoral (especie) su camino ordinario, pero no se agota en él. Cuando las aguas sobrepasan el nivel soportable, es obligatorio utilizar otros medios. Es lo que el desastre-colapso plantea hoy a la ciudadanía venezolana.

Es tarea entonces de la imaginación y la sensatez, de la lucidez y el coraje, pero sobre todo del amor a este país, escoger y transitar el camino más conveniente para salvarlo y construirlo. 

PEDAGOGÍA DE LA SUMISIÓN

Característica de los regímenes dictatoriales y totalitarios es la pretensión de uniformar el pensamiento y la voluntad de los ciudadanos para lograr una obediencia forzada a los dictámenes de quien ejerce el poder (jefe, partido). Por eso asumen como tarea indispensable la pedagogía de la sumisión a través de los más diversos medios. Frente a ello imperativo ineludible para  los ciudadanos demócratas es cultivar una pedagogía de la libertad en todos los ámbitos del  relacionamiento humano, desde el familiar o inmediato hasta el vasto de la polis.

La pedagogía  de la sumisión en esos regímenes autoritarios busca  aplastar la libertad de quienes están bajo su gobierno. En este caso la autoridad pierde su sentido genuino para convertirse en poder opresivo; autoridad, en efecto, viene del verbo latino augere, que  significa aumentar, hacer crecer, de modo que su objetivo ha de ser el desarrollo auténtico de quienes están bajo ella, su crecimiento moral y espiritual, léase su personalización. Al déspota le interesa sólo que se le obedezca, que se cumplan sus  órdenes. No que la gente piense con la propia cabeza y libremente.

La pedagogía de la libertad tiende a que el interlocutor se convierta en protagonista y su entorno humano en  verdadera comunidad. La pedagogía de la sumisión, en cambio, se orienta a que los individuos se queden en pasivos ejecutores y su agrupación en simple “colectivo” o masa, es decir, en un  conglomerado homogéneo de seres sin rostro personal, no en una comunidad. Esta, en efecto, presupone existentes libres. Por eso una pedagogía de la libertad es liberadora y personalizante.

La democracia (poder del pueblo) es un sistema que promueve y ha de promover la participación libre de los ciudadanos en la estructuración y vida de la polis. Libertad que no es mera espontaneidad (hacer lo que viene en gana), sino decisión responsable (ante sí, los demás y Dios), que se ha de actuar en conjunción con otros valores fundamentales. Nuestra Constitución nacional dice: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (CRBV Art. 2). La democracia exige, por tanto, una educación para la libertad  responsable. Por eso la convivencia democrática no es algo que se establece y mecánicamente continúa, sino una realidad viva, que requiere alimentación continua en lo concerniente a moral ciudadana.

En una comunidad humana el poder-auctoritas ha de interpretarse y realizarse, por ende,  como servicio y no como primacía o dominación. Una patente enseñanza al respeto la dio Jesús a sus discípulos, cuando éstos discutían sobre a quién de entre ellos le correspondía ser el primero: “el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve” (Lucas 22, 24-27). En las dictaduras y totalitarismos el “gran jefe” y la nomenklatura se consideran dueños de la gente, como señores frente a vasallos. Para ello manejan múltiples instrumentos con el fin de lograr el sometimiento de los súbditos. De allí que mantienen sobre la fuerza, el amedrentamiento, la manipulación de las necesidades de la población para someter y  artificiosos halagos para inducir apoyos. No es pura casualidad la multiplicación en nuestro país de escaseces del más diverso género, de largas colas para lo más mínimo, de cajas Clap  y bonos para amarrar gente, de confusiones premeditadas, de gendarmes y uniformados para  reprimir y aterrorizar disidencias, de insoportable hegemonía comunicacional y pare de contar. En todo esto el Régimen es muy capaz y eficaz.

¿Respuesta a la pedagogía de la sumisión? Educarse y educar para el ejercicio de la libertad responsable, comenzando por la propia familia. Dios creó al ser humano libre. A la libertad creada se la puede  cercar y maniatar, pero no extinguir.

  

               

SALIR DE LA GRAN TRIBULACIÓN

Los Obispos venezolanos calificaron el actual desastre nacional en su  exhortación del 11 de julio con los términos apocalípticos de “gran tribulación” (ver Ap 12, 7-12). Enfrentamiento con las fuerzas mismas del mal, caracterizadas bíblicamente como Diablo, Satanás, Dragón y Serpiente Antigua.

¿Quién es  principal responsable de la gravísima crisis? La Conferencia Episcopal reitera de modo  claro y directo: “el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria.

En cuanto a medidas ante la crisis, los Obispos mencionan la consulta electoral  del  20 Mayo, denunciando que fue  ilegítimamente convocada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Expresan que la “altísima abstención” significa “un mensaje silencioso de rechazo, dirigido a quienes pretenden imponer una ideología de corte totalitario, contra el parecer de la mayoría de la población”.

“Vivimos un régimen de facto -dicen-, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo”. Detengámonos un poco sobre esto. El comportamiento del ser humano puede dividirse en: fáctico, legal y legítimo. Lo fáctico es lo que se da de hecho (de facto) en la realidad, sin más; lo legal se refiere a lo jurídico, justo, lo que se puede hacer o no  en el marco de las normas reguladoras de la comunidad política, entre las cuales sobresalen las constitucionales; lo legítimo, bueno, se sitúa en un nivel superior, trascendente, el ético-espiritual, que toca el ámbito de la conciencia moral. Esta distinción permite captar la ambigüedad del verbo “poder” (no todo lo que se puede físicamente, se puede legal y moralmente) y el límite de lo jurídico (no todo lo legal es bueno, moralmente justo). Los niveles jurídico y  legítimo son característicos del actuar humano propiamente tal y, por ende, libre, consciente, responsable ante sí, los demás y Dios. Por ello no tiene asidero verdaderamente humano el hacer simplemente “lo que viene en gana”, así como  no basta invocar una ley para justificar una conducta y es razonable u obligatorio oponerse a una ley injusta. Las leyes nazis racistas de Núremberg no legitimaban en modo alguno la exclusión de un pueblo, así como la legalización del aborto no justifica eliminación de una vida. La dignidad del ser humano y sus derechos humanos quedan intactos frente a todo hecho y toda norma.

Cuando los Obispos califican al Régimen del SSXXI como puramente de facto ponen en cuestión la legalidad y legitimidad del mismo. Ya habían denunciado  en enero pasado la usurpación de la soberanía popular por  parte del Régimen e instaban  a la recuperación de su ejercicio por parte de los ciudadanos. Ahora  vuelven sobre el tema: “animamos a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a los partidos políticos, a exigir la restitución del poder soberano al pueblo, utilizando todos los medios que contempla nuestra Constitución (referendo consultivo, manifestaciones y otros)”. Y en esa misma línea interpelan a la Fuerza Armada.

La inconstitucionalidad e ilegitimidad del Régimen  vienen de muy diversas fuentes. En estos mismo días se está divulgando la sentencia que el 2 de julio produjo el Tribunal Supremo de Justicia (en exilio forzado), que destituye al presidente Maduro, con el resultante vacío de poder y la apertura de caminos constitucionales  para la designación de un nuevo Presidente y la formación de un Gobierno de Transición. En este mismo orden de cosas vuelve a manejarse la fecha de le muerte del Presidente Chávez.

El Episcopado  nacional se identifica como un cuerpo de ciudadanos y pastores, que no puede abstraerse de su obligación moral y religiosa de contribuir a la supervivencia digna y al progreso integral del país. Pero también recalca la ingente tarea que corresponde a los laicos o seglares –extra grande mayoría de la Iglesia- y cuya misión propia es el contribuir a la construcción de una “nueva sociedad” libre, justa, solidaria y pacífica, según los valores humano-cristianos del Evangelio...

 “No temas, yo estoy contigo” (Is 41, 30) es la confiada y esperanzadora profecía, que ante “la  gran tribulación” sirve de título a esta última exhortación de los Obispos.

RÉGIMEN DESEABLE Y OBLIGANTE

Tres actos del drama nacional (que no es tragedia a la griega, pues tiene futuro positivo por construir): inventario, lamentación, solución.

Primero: inventario de los factores del drama. No es difícil hacerlo. Lo sufrimos en carne viva, particularmente  por tres notables hipercarencias: nutrición, salud, seguridad.  ¿Causa fundamental?  La Conferencia Episcopal Venezolana la  ha identificado de modo claro: “el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado Socialismo del Siglo XXI)”. No cualquier socialismo  sino el “real”, comunista.

Segundo: lamentación, sufrimiento, dolor, rabia, protesta. Tres hechos  sobresalen  como emblemáticos: manifestaciones de calle con su cortejo de asesinados, consulta del 16 de Julio y  abstención del 20 de mayo. El despoblamiento del país por el éxodo forzado es síntesis  de esta segunda parte.

Tercero: solución.  A todos los venezolanos nos toca escribirla y  escenificarla cuanto antes: cambio de Régimen (no sólo de Presidente). Los Obispos  en su Exhortación  de enero  pasado lo precisaron: recuperación por parte del soberano de su poder originario, usurpado por el Gobierno.  Protagonizar este “cambio de rumbo” del país es el ineludible e  imperativo y se nos plantea  con urgencia a todos los venezolanos. A todos,  con peculiar énfasis al  liderazgo de los  sectores e instituciones de la sociedad civil  y al  de las organizaciones  político-partidistas.  Es un deber religioso (respetar la dignidad de los hijos de Dios), moral (acatar   los derechos humanos fundamentales) y constitucional (obedecer a la Carta Magna, CRBV 2, 5, 333, 350…) ¿Medios y modos? Los más eficaces y menos onerosos para la ciudadanía.      

 ¿Cuál debe ser el horizonte de acción en este tercer acto del drama? A continuación retomo un “decálogo” de  líneas y orientaciones fundamentales a este propósito, que obviamente han de concretarse en planes y programas concretos. El nuevo Régimen debe:

1.       Priorizar la urgente atención humanitaria y garantizar la alimentación, la salud  y la seguridad básicas de la población (CRBV 43-55.83.86).

2. Restablecer el estado de derecho y para ello una verdadera independencia de poderes (CRBV 136).
3. Establecer políticas económicas que promuevan  la producción y el libre emprendimiento  con amplia participación, responsabilidad social y  solidaridad; y en esta misma línea, favorecer la libre asociación de los trabajadores (CRBV 112).
4. Actuar una política petrolera-minera  eficiente, orientada  a la superación del modelo rentista y  a la diversificación de la economía, cuidando con esmero del ambiente (CRBV 127).
5. Garantizar el pleno ejercicio del pluralismo democrático (CRBV 2.6).
6. Promover una educación de calidad humana y científico-técnica, ajustándose a las necesidades del país y al pluralismo cultural, contando con los diversos actores educativos y atendiendo debidamente a los docentes (CRBV 102-104).
7. Garantizar la libertad de información y comunicación en perspectiva de responsabilidad social , así como convertir los medios  del Estado en genuino servicio público, con administración especial y apertura pluralista (CRBV 6.57-58).
8. Actuar la descentralización, regionalización y municipalización del poder público, propiciando la mayor participación ciudadana y la subsidiaridad (CRBV 4.6).
9. Restablecer la Fuerza Armada como institución sin militancia política  al servicio de la nación según lo establecido por  la Constitución (CRBV 328.330).
10. Promover la elevación moral y espiritual de los venezolanos  retomando la educación moral y cívica, así como abriendo de nuevo espacio a la  educación religiosa escolar  (CRBV 59).

Al tocar lo correspondiente al Gobierno  y a los derechos de la gente  hay que insistir simultáneamente en los deberes ciudadanos. Exigir exigiéndose, pues no carece totalmente de fundamento la afirmación de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece.  El Régimen deseable y obligante ha de ser obra de todos. Y con urgencia.