ANTE UN REGIMEN DESPERSONALIZANTE

El gravísimo deterioro nacional tiene como causa principal –lo han repetido los obispos- la pretensión del régimen de imponer un proyecto totalitario comunista (Plan de la Patria, Socialismo del Siglo XXI), acompañado de una buena dosis de narcorrupcion y soberbia despótica. Expresiones patentes de ello son  el éxodo masivo, el empobrecimiento general y la represión desaforada. Todo está calculado para aplastar material y espiritualmente a los venezolanos y convertirlos así en una masa humana domesticada y medicante. Todo ello urge un cambio de régimen y una pedagogía de responsabilidad personal-comunitaria, que posibiliten un nuevo rostro de país.

Algo que caracteriza un recto humanismo y  juega un papel decisivo en la Doctrina Social de la Iglesia es la centralidad de la persona humana. Aparece como un primer principio o premisa fundamental en lo  concerniente a la constitución y al genuino desarrollo de la sociedad en sus varios aspectos, económico, político y ético-cultural.

Dimensiones básicas de la persona humana son su subjetividad y relacionalidad, su conciencia y  libertad, de modo que se la puede definir como un sujeto consciente, libre y social. Es esencialmente también  existencia in-corporada, que incluye la materialidad como componente básico, manifestándose como una especie de microcosmos, de gran riqueza y potencialidad. Estas características personales guardan intima interrelación, de modo que un autentico desarrollo personal ha de integrar lo espiritual y lo corporal, lo  individual y lo social como un conjunto orgánico.

Esta peculiaridad de la persona humana confiere a ésta una dignidad inalienable, originaria, que es fuente de múltiples derechos, comenzando por el de la vida. La persona reviste de tal modo la condición de fin y no de medio, de manera que moralmente no puede ser instrumentalizada para el logro de objetivos como no sea el propio perfeccionamiento. Se entiende entonces como  la persona humana es una creatura que Dios ha querido por sí misma y no en función de ninguna otra. No es, por tanto, peldaño o herramienta para el logro de cualquier cosa. Los totalitarismos y sistemas salvajes disuelven esta unicidad y originalidad de la persona, valorándola solo en función de una raza (nazismo), una estructura social (comunismo)  o una supremacía nacional (fascismo). De modo semejante el término “capitalismo salvaje” expresa la subordinación de lo personal a las leyes del mercado y los indicadores financieros. La centralidad de la persona se contrapone también  a la deificación de las ideologías y la idolatría del poder político.    

Lo anterior explica por qué la Declaración Universal de  Derechos Humanos se aprobó en 1948, a raíz de la trágica experiencia de campos de concentración, de horrendos genocidios y de globales enfrentamientos fratricidas. Se percibió dramáticamente que la autodestrucción  del ser humano se evitaría solo a través del reconocimiento de su dignidad original y del respeto de derechos fundamentales derivados de ella. Por cierto que la tabla de derechos del ‘48 se ha enriquecido con el correr de los anos a medida que se ha venido ahondando en los requerimiento de un progreso integral de la humanidad. Tabla aquella a la que habría de acompañar de modo explícito otra, ciertamente no menos amplia, de deberes humanos.

 La referida Declaración no ha significado una humanización automática del relacionamiento humano, falla comprensible, por lo demás, en una historia de  seres que no son solo limitados  y frágiles, sino también pecadores, por cuanto abusan de la libertad convirtiéndola en instrumento del mal. Los creyentes, conscientes de esta distorsión,  han,  de apelar, por ende, tanto al auxilio divino que sane y fortalezca la propia libertad, como al ejercicio de una permanente ascesis  liberadora.

Regímenes como el vigente en Venezuela reclaman un urgente y robusto esfuerzo humanizador, que busque colocar a los ciudadanos y su desarrollo integral en el horizonte de una política y no utilizarlos como piezas de un juego de ideologías y poderes.

    

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LO ELECTORAL NO AGOTA LO CONSTITUCIONAL

Resulta necesario y urgente en el marco de la gravísima crisis nacional aclarar la distinción entre  solución electoral y  constitucional.

Sectores de la oposición ha venido insistiendo que es preciso lograr la superación de la  crisis nacional la por la vía electoral.  Algo obvio, por lo demás, en un sistema aun medianamente democrático. La Constitución al hablar de “los derechos políticos y del referendo popular” (CRBV capítulo IV) establece el sufragio como el camino ordinario para solucionar crisis y   cambios de gobierno.

 A propósito de la revolución del ´89, que desmontó el andamiaje del bloque comunista, Juan Pablo II afirmó: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” (Encíclica Centesimus Annus 46). Esto lo dice inmediatamente después de denunciar la concepción totalitaria marxista-leninista,  que niega la dignidad trascendente de la persona humana y propugna un Estado absorbente de todo: nación, sociedad,  familia, organizaciones e instituciones.

Un cambio político por vía electoral es lo ordinario y normal en un país democrático. Fue lo que se vivió en Venezuela  durante casi toda la segunda mitad del siglo pasado. Nuestra historia nacional no ha sido, por tanto, una simple sucesión de gobiernos despóticos o dictatoriales, de rupturas institucionales. Registra, en efecto, experiencias positivas de Estado de derecho, de ordenamiento constitucional, de convivencia pacífica, pluralista, beneficiosa no sólo para los venezolanos sino para gentes venidas de otros países latinoamericanos sometidos a regímenes de fuerza y violadores de derechos humanos. Esto es conveniente recordarlo hoy cuando  nuestro país  necesita fortalecer su esperanza.

Desgraciadamente este siglo ha sido para Venezuela un crescendo en el deterioro de vida y de convivencia democrática. El  Plan de la Patria es un programa destructivo; apunta  al control total económico, político y cultural de la población, en violación abierta de la Constitución y de fundaméntale s derechos humanos. Fundamento y guía del así llamado “Socialismo del Siglo XXI” es una ideología hegemónica y masificante, que contradice el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” definido por la Constitución (CRBV Art. 2).  

Este  régimen  ha cerrado las puertas a una genuina salida electoral de la crisis. El Ejecutivo ha convertido las otra ramas del Poder Público Nacional (pensemos en el Electoral y el Judicial) en instrumentos suyos.  Con respecto al Legislativo no sólo lo ha desconocido y agredido, sino que para desplazarlo monta un parapeto constituyente con pretensiones de supra constitucionalidad y aun de poder originario. Ha profundizado la represión y convertido a la Fuerza Armada de la República en el sostén principal de la dictadura.

El régimen cerró las puertas a una solución electoral de la crisis. Pero no las puede cerrar a toda solución constitucional. La Carta Magna, en efecto, prevé soluciones especiales para situaciones excepcionales; en este sentido,  además de referendos (Art. 70 y 71) cuenta con recursos extraordinarios para restablecer el orden democrático constitucional. Es el caso de los artículos 333 y 350. Aquí  la Constitución no sólo permite o aconseja, sino que ordena: todo ciudadano(a), investido(a)  o no de autoridad (ya civil, ya militar conviene explicitar) “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento” de la efectiva vigencia de la Constitución (CRBV 333).

Lo constitucional (género) tiene en lo electoral (especie) su camino ordinario, pero no se agota en él. Cuando las aguas sobrepasan el nivel soportable, es obligatorio utilizar otros medios. Es lo que el desastre-colapso plantea hoy a la ciudadanía venezolana.

Es tarea entonces de la imaginación y la sensatez, de la lucidez y el coraje, pero sobre todo del amor a este país, escoger y transitar el camino más conveniente para salvarlo y construirlo. 

PEDAGOGÍA DE LA SUMISIÓN

Característica de los regímenes dictatoriales y totalitarios es la pretensión de uniformar el pensamiento y la voluntad de los ciudadanos para lograr una obediencia forzada a los dictámenes de quien ejerce el poder (jefe, partido). Por eso asumen como tarea indispensable la pedagogía de la sumisión a través de los más diversos medios. Frente a ello imperativo ineludible para  los ciudadanos demócratas es cultivar una pedagogía de la libertad en todos los ámbitos del  relacionamiento humano, desde el familiar o inmediato hasta el vasto de la polis.

La pedagogía  de la sumisión en esos regímenes autoritarios busca  aplastar la libertad de quienes están bajo su gobierno. En este caso la autoridad pierde su sentido genuino para convertirse en poder opresivo; autoridad, en efecto, viene del verbo latino augere, que  significa aumentar, hacer crecer, de modo que su objetivo ha de ser el desarrollo auténtico de quienes están bajo ella, su crecimiento moral y espiritual, léase su personalización. Al déspota le interesa sólo que se le obedezca, que se cumplan sus  órdenes. No que la gente piense con la propia cabeza y libremente.

La pedagogía de la libertad tiende a que el interlocutor se convierta en protagonista y su entorno humano en  verdadera comunidad. La pedagogía de la sumisión, en cambio, se orienta a que los individuos se queden en pasivos ejecutores y su agrupación en simple “colectivo” o masa, es decir, en un  conglomerado homogéneo de seres sin rostro personal, no en una comunidad. Esta, en efecto, presupone existentes libres. Por eso una pedagogía de la libertad es liberadora y personalizante.

La democracia (poder del pueblo) es un sistema que promueve y ha de promover la participación libre de los ciudadanos en la estructuración y vida de la polis. Libertad que no es mera espontaneidad (hacer lo que viene en gana), sino decisión responsable (ante sí, los demás y Dios), que se ha de actuar en conjunción con otros valores fundamentales. Nuestra Constitución nacional dice: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (CRBV Art. 2). La democracia exige, por tanto, una educación para la libertad  responsable. Por eso la convivencia democrática no es algo que se establece y mecánicamente continúa, sino una realidad viva, que requiere alimentación continua en lo concerniente a moral ciudadana.

En una comunidad humana el poder-auctoritas ha de interpretarse y realizarse, por ende,  como servicio y no como primacía o dominación. Una patente enseñanza al respeto la dio Jesús a sus discípulos, cuando éstos discutían sobre a quién de entre ellos le correspondía ser el primero: “el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve” (Lucas 22, 24-27). En las dictaduras y totalitarismos el “gran jefe” y la nomenklatura se consideran dueños de la gente, como señores frente a vasallos. Para ello manejan múltiples instrumentos con el fin de lograr el sometimiento de los súbditos. De allí que mantienen sobre la fuerza, el amedrentamiento, la manipulación de las necesidades de la población para someter y  artificiosos halagos para inducir apoyos. No es pura casualidad la multiplicación en nuestro país de escaseces del más diverso género, de largas colas para lo más mínimo, de cajas Clap  y bonos para amarrar gente, de confusiones premeditadas, de gendarmes y uniformados para  reprimir y aterrorizar disidencias, de insoportable hegemonía comunicacional y pare de contar. En todo esto el Régimen es muy capaz y eficaz.

¿Respuesta a la pedagogía de la sumisión? Educarse y educar para el ejercicio de la libertad responsable, comenzando por la propia familia. Dios creó al ser humano libre. A la libertad creada se la puede  cercar y maniatar, pero no extinguir.