EL SOBERANO RESUELVA LA CRISIS

El artículo 5 de nuestra Constitución (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”) recoge un primer principio político de las sociedades democráticas y es pilar fundamental del estado de derecho.

La ciudadanía, la gente, la comunidad política en su sentido más englobante, constituye  el poder originario supremo, que se mantiene tal  en medio  de las delegaciones y también de las formas  de ejercicio que quiera establecer. Es, por tanto, referencia última e  inapelable en la estructuración y  manejo de la polis; se identifica así como así poder generador, constituyente y supra constitucional. Por ello,  al hablar de soberano y de expresiones de  soberanía se lo tiene que hacer con extrema  ponderación, estricto sentido de verdad y  respeto a una auténtica libertad, pues son frecuentes las apelaciones falsas a la soberanía y las interpretaciones fraudulentas del soberano. 

No sobra señalar que el utilizar   aquí términos como supremo, primero y último en relación al poder del soberano, se circunscribe al campo de la praxis y de la reflexión políticas; no se asumen dichos adjetivos en sentido absoluto,  en  perspectiva filosófica (metafísica) o teológica, pues a) en un recto humanismo hay valores a los cuales el soberano debe atender (pensemos en los derechos humanos fundamentales) y b) para el creyente, Absoluto es solamente  Dios.  

Actualmente en Venezuela nos encontramos en una crisis gravísima y global. La manifestación más inmediata y perceptible de ésta es la humanitaria, que se concreta en escasez y carestía de alimentos y medicinas, hampa desbordada y  abierta  represión policial-paramilitar-militar. Es global porque se diversifica de modo multiforme en lo socio económico-político-cultural. Estamos en una tormenta que conmueve y trastorna la comunidad nacional en los más varios sectores y aspectos. Ahora bien, porque   afecta a todo el país en su integralidad, no bastan  remedios parciales. Se tiene que ir a la raíz del problema y a su causa principal, la cual consiste - la Conferencia Episcopal Venezolana lo ha dicho en repetidas ocasiones- en el proyecto de tipo dictatorial totalitario comunista que el Régimen trata de imponer.

En materia de soberanía y constitucionalidad el país se encuentra en gran confusión. Hay una Asamblea Nacional elegida por el soberano con todas las reglas de la ley, pero amarrada arbitrariamente por el Ejecutivo y otros poderes públicos nacionales que éste instrumentaliza. En las últimas semanas merodea una así llamada Asamblea Nacional Constituyente, de manifiesta ilegalidad y exhibicionista arbitrariedad, con pretensiones de  plenipotenciaridad absoluta (de tipo cuasi metafísico). La Constitución “mejor del mundo”, múltiplemente violada vive -¿?- en refugios.

En un panorama así, de caos y destrucción ¿A quién apelar para que corte la raíz de la crisis y  abra el camino hacia una verdadera solución?  Me parece que no hay otro sino quien tiene el poder originario constituyente y supra constitucional. Que el soberano  emerja y decida mediante una consulta fidedigna, claramente universal, auténticamente libre y actuada con seria veeduría internacional de organismos como ONU y OEA. Que el soberano mismo - no meros  representantes- diga ya qué conducción y camino quiere para el país. Si este Régimen hegemónico colectivizante  o uno democrático pluralista como el dibujado por la Constitución.

Por último pero no lo último. Es un reclamo a la Fuerza Armada, que debe recuperar lo de Nacional (sobra lo de Bolivariana), obedecer a la Constitución y sentir con el pueblo.  Hoy por hoy la Fuerza Armada bajo su actual conducción viene a ser el soporte principal, fundamental, del actual Régimen carente de  legitimidad y apoyo popular. Podría decirse que dicha Fuerza es actualmente el real Poder de facto, hasta el punto de que cuando se habla de conversaciones entre oficialismo y disidencia, éstas tendrían que tejerse primordialmente entre el  Alto Mando y el liderazgo disidente ¿Quitado el sostén militar que queda  del sector oficial? 

¿Gravísima  y global la crisis? Urge la decisión  del soberano.

Cruz Trinitaria

TIERNA LEY CONTRA EL ODIO

Ley Constitucional contra el Odio. Proyecto aprobado por la así llamada Asamblea Nacional Constituyente. Dicha ley está pensada  como instrumento eficaz para construir la República del Amor. Platón se queda pequeño ante tan paradisíaco ideal.

Alguna vez me referí al lenguaje de los totalitarismos y sistemas afines. Mencionaba al efecto el término “neolengua” encontrado en algún libro. Alguien me escribió que era más apropiado utilizar la expresión “semántica invertida”, lo cual me pareció acertado. Lo cierto es que en aquellos sistemas se suele cambiar el significado de palabras como “paz”, “felicidad”, “amor”, “pueblo”, patriotismo”, solidaridad”, “terrorismo”. El vocablo reinterpreta entonces la realidad, pretendiendo  ocupar su lugar. Así en la Venezuela de hoy el lenguaje de las cadenas presidenciales y de la propaganda oficial exhibe una semántica especial, que cristaliza también en burocracia, como un viceministerio para la felicidad, y ahora en legislación, como la tierna Ley contra el Odio.

Confieso que no me sorprenden (ello no significa que no me indigne o moleste) estos cambios, como tampoco las arbitrariedades, comedias o zarpazos del actual Régimen de tipo totalitario-comunista, ya que éste procede lógicamente. Sistemas de tal género (nazi, soviético, cubano norcoreano…) teórica y prácticamente han seguido o siguen su lógica. Afirman determinados postulados de los cuales se desprenden conclusiones, que no por crueles o monstruosas, dejan de ser coherentes. Así, los campos de exterminio del nazismo y los gulags de la URSS no debían extrañar en sistemas que sub humanizaban a  judíos y disidentes. La muerte moral venía antes de la física. A la des-personalización sucede la instrumentalización, la cosificación, de los seres humanos.

Según la inversión semántica del Régimen, “odio” viene a ser todo pensamiento, sentimiento o actuación que disienta de la orientación  oficial. Y, por el contrario, “amor” es todo lo que se adecúe a ésta, en pensamiento, palabra y obra. La “ballena”, las bombas lacrimógenas, las balas utilizadas contra los manifestantes “terroristas”, “apátridas”, “imperialistas” (es decir,  opositores), son instrumentos amorosos, delicadamente bolivarianos para la construcción de la paz. La Guardia y la Policía (¿Nacionales y Bolivarianas?), así como  el SEBIM  y otros cuerpos armados, son tejedores de serena fraternidad, son todo corazón. De modo parecido,  el Helicoide, “La Tumba” y Ramo Verde conforman oasis de plácida convivencia.

La comunicación social debe ajustarse al pensamiento oficial. La burocracia del Régimen, CONATEL al frente,  tiene que eliminar todo obstáculo a una veraz información y una sana educación.  La salud pública exige preservar al pueblo de todo contagio nocivo que altere la paz y la felicidad de la colectividad, mediante un control total (MCS impresos, radiotelevisivos, redes). Por eso normativas como la Ley Constitucional contra el Odio deben encarcelar (¡25 años todavía es poco!) a los que osen  dividir, también en lo comunicacional, la unidad de la patria de Bolívar, discrepando malsanamente del ideario de la “Revolución”.

Según el maniqueísmo materialista dialéctico del SSXXI –amorochado, por cierto, con narcorrupción- el bien, que se identifica con el Régimen, no admite ninguna coexistencia con el mal (pluralismo, subjetividad, propiedad privada, espiritualidad…). Por eso se ha de tener el control total de la economía, la política y la cultura. No se pueden exhibir en contra, ni derechos humanos, ni estado de derecho, ni convenios internacionales. La “Revolución” es lo primero; todo lo demás y, por supuesto, la persona individual, la familia y lo asociativo grupal, deben someterse a la causa común. Y, a la cabeza del partido oficial, el comandante,  gran jefe, ha de tenerse como el intérprete supremo de la verdad, del bien, de la patria. 

La Ley Constitucional contra el Odio es, pues, un instrumento eficaz y lleno de ternura para clonar al “hombre nuevo” del sistema monolítico totalitario comunista. 

EL SOBERANO DECIDA QUÉ QUIERE

¿Qué hacer con este  país? ¡Que lo decida el soberano!

Nuestra Carta Magna es clara: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el  Poder Público” (CRBV 5).

En el soberano se encuentra el poder originario, que viene  a ser la fuente primera e instancia máxima de legitimidad en una comunidad política, en un determinado Estado. Es una soberanía última aunque no absoluta, por  cuanto se la entiende en el marco de un derecho internacional y de  exigencias fundamentales de la condición humana misma.

Por ello en circunstancias de una grave crisis de la polis, que amenace en su raíz y estructura básica la convivencia humana de la nación, y no sean ya suficientes los  mecanismos ordinarios de solución, se hace necesario apelar a la palabra y decisión  del soberano. En la antigüedad   esto se apreció dentro de las limitaciones conceptuales y prácticas del tiempo, y en la modernidad se lo ha perfilado y perfeccionado con mayor hondura.

Ahora bien, el problema reside en la noción que se tenga del soberano y del genuino ejercicio de su potestad. Aquí es donde se ponen en juego filosofías, ideologías y prácticas, algunas de las cuales llegan a distorsionar tanto la definición del soberano como el ejercicio de su protagonismo. El pueblo se convierte a veces en un concepto gelatinoso, legitimador de praxis que alcanzan cotas de evidente deshumanización. Es el caso de las vanguardias luminosas y comités partidistas que se autoerigen como forzada representación del pueblo en los sistemas comunistas, de los reduccionismos raciales tales como el nazismo o nacionales como el fascismo, de las logias militares que encarnarían la defensa de la patria en los regímenes de seguridad nacional.

Es cierto que no hay prácticamente realización humana que no sea perfectible, pero sí se tiene que tender a formas de organización y consulta política en las cuales se abra cauce a la expresión más auténtica del pensar y querer del soberano. En este orden de cosas reviste carácter prioritario el lograr a través de consensos los medios que aseguren la verdad y transparencia de los procedimientos a través de los cuales el soberano se exprese y sea respetado en sus decisiones. En tal línea son de suma importancia instituciones y organizaciones de la sociedad civil que aseguren el pluralismo y la verdad en los procesos.

Concretando a nuestra situación venezolana, de crisis extrema y de interrogantes muy serios acerca de una solución consistente, democrática  y pacífica, creo que se hace imprescindible apelar al soberano acerca de lo que quiere para nuestro país. No bastan  los representantes. Es imprescindible oír y obedecer al representado, al que tiene el poder originario.

El pasado mes de julio se tenido dos apelaciones al soberano, una meramente consultiva el 16 y otra autodenominada decisoria, pero que resultó una mascarada, el 30. Ambas fueron desconocidas desde la acera opuesta. Y en el país se agudiza la crisis. Que no  es principalmente de interpretaciones en Derecho Constitucional, sino de estómago y vida, pues lo que está de por medio es hambre y muerte de muchos venezolanos  por falta de comida, medicamentos y atención a necesidades primarias. El problema inmediato no es de artículos de la Carta Magna y de formulaciones legales, sino de medidas humanitarias. En los altos círculos del poder no se padecen estas necesidades y por eso se puede maniobrar con medidas distractivas y juegos de carnaval.

Si el soberano es soberano, que se le pregunte qué quiere para el país. Que decida su presente hacia el futuro. Sin mediaciones y representantes a medias. Sin intérpretes que lo traicionen. No veo por el momento otra solución a la gravísima crisis. No  es fácil, obviamente, organizar esta consulta decisoria al soberano. Pero sí se la puede llevar a cabo desde adentro con entidades confiables y con el apoyo de organismos internacionales respetables.   

LIBERACIÓN DEL LIBERTADOR

Suena paradójico lo de liberar a quien entregó su existencia a la causa de la libertad. Pero se justifica esa tarea por la persistencia del intento de convertir la figura de Bolívar y el adjetivo bolivariano en identificación y maquillaje de proyectos, instituciones  y procedimientos que contradicen la obra y el pensamiento del Libertador.

En ejercicio de un craso nominalismo se cree que meros vocablos pueden transformar la realidad. Aquí se ha devaluado y pervertido el término bolivariano. Hasta cuerpos represivos, violadores de elementales derechos humanos, exhiben dicho adjetivo como lema e insignia. Ciertamente algo que debe hacerse en una futura convivencia democrática es la de respetar y hacer respetar la memoria del Libertador, entre otras cosas reservando el epíteto bolivariano a realidades coherentes con la dignidad de la persona y el mensaje del  Padre de la Patria. La expresión latina assueta vilescunt significa que lo que  demasiado a repetido desmerece en valoración, importancia o atención. Se llega uno a preguntar ante la proliferación de lo bolivariano, qué no lo es.

Una cosa que amerita tomarse muy en serio es lo que nuestra Constitución dice en su artículo primero: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. De éste quisiera a continuación recordar algo en relación al primer valor que  menciona el citado texto constitucional, la libertad.

 En el Discurso al Congreso Constituyente  de Bolivia dijo en Lima el 25 de mayo de 1826: “no me persuado  que hay un solo Boliviano tan depravado que pretenda Legitimar la más insigne violación de la dignidad humana ¡Un hombre poseído por otro! ¡Un hombre propiedad! ¡Una imagen de Dios puesta al yugo como el bruto (…) Dios ha destinado al hombre a la libertad, él lo protege para que ejerza la celeste función del albedrío”. Dos cosas subraya Bolívar en este texto: en primer lugar el excelso valor de la libertad, del libre albedrío, característica primordial de la dignidad humana; y en segundo lugar el fundamento divino de esa libertad, en cuanto Dios ha creado al hombre como existente libre y lo protege en el ejercicio de ese don tan grande. No es por azar o por simple emergencia creatural como el hombre ha sido constituido en su libertad, sino por gratuidad de la Libertad misma (así, con mayúscula). Esta concepción antropológica responde de modo coherente al pensamiento creyente, cristiano, de Simón Bolívar.

Es preciso conocer, apreciar, difundir, poner en práctica este patrimonio, que es tan rico y actual. Labor  necesaria en todo momento del país, pero especialmente ahora, cuando se pretende imponernos a los venezolanos un proyecto político-ideológico dictatorial, totalitario, que se sitúa en las antípodas de la gesta y el pensamiento de Bolívar, a quien si algo apasionó, fue la construcción de una sociedad de hombres libres. 

REVALUACIÓN DE BOLÍVAR

Revaluación es revalorizar algo que ha sido depreciado. Esperamos suceda eso con nuestra moneda nacional, que está descendiendo velozmente a niveles inimaginables desde hace poco tiempo. Pero no es esta recuperación el objeto de la presente reflexión, sino otra de gran hondura y trascendencia: la del Libertador.

El momento es propicio para el tema por la circunstancia nacional, particularmente marcada por la consulta popular del 16 de Julio. El soberano (CRBV 5) se ha manifestado de modo multitudinario y patente en favor del tránsito de un régimen dictatorial y un proyecto totalitario de signo comunista, al sistema exigido por nuestra Constitución: un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (CRBV Art. 2).

Esta semana es clave. No sólo se debe desmontar el intento de la fraudulenta Constituyente, sino -lo más importante- echar los fundamentos de un nuevo Gobierno, que puede calificarse de transición, unión, integración, encuentro, salvación nacional. Es de esperar que la racionalidad  y actitudes positivas se impongan en el sector oficial y con peculiar acento en la Fuerza Armada, para facilitar el paso inevitable a lo que el soberano quiere, evitando más sufrimientos, lágrimas y muertos. Los representantes de la alternativa democrática, por su parte, han de exhibir, junto a lucidez, justicia y firmeza, gran realismo, visión y magnanimidad. Y priorización del bien común.

Es aquí donde se hace imprescindible introducir el tema bolivariano. Nada mejor para esto que abrirlo con el Artículo 1 de la Constitución: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. Subrayemos para la siguiente reflexión tres términos: patrimonio moral, valores y doctrina.

Mucho se ha abusado de Bolívar -ya desde el siglo antepasado- convirtiéndolo en lugar común de exhibiciones retóricas y respaldos políticos, cuando no de mascaradas irreverentes. En estos mismos años lo bolivariano ha servido para todo. También para identificar cuerpos policiales y militares, culpables de asesinatos y violadores de múltiples derechos humanos; revoluciones que son involuciones; políticas gubernamentales hegemónicas, represivas y corruptas. No sólo en incoherencia, sino en contradicción con el pensamiento y la obra del Padre de la Patria.    

Se impone en este tiempo nuevo venezolano el rescate del genuino Bolívar. Para aprovechar debidamente su patrimonio moral, sus valores, su doctrina. Fue un, cristiano católico patriota, que mantuvo constante su fe y religiosidad, así como su entrega ciudadana, en medio de las vicisitudes de la guerra, de corrientes filosóficas e ideológicas adversas, de los vaivenes amorosos, de sus experiencias de triunfos y frustraciones. Sin deificarlo, se ha de poner de relieve su amor a la libertad, su propósito de fundamentar moral y cívicamente las nuevas repúblicas, su sensibilidad humanista, el sentido trascendente de su ética y su sinceridad religiosa.

Debemos acudir a Bolívar con gran respeto, sin tijeras para modificar su vida y recortar su pensamiento. Dejarse interpelar por las grandes líneas de su mensaje. No convertirlo en título y lema vacíos, sino familiarizarse con lo fundamental de su doctrina. Entre los escritos pedagógicos, que pueden ayudarnos en un tal trabajo, recordaría aquí el Mensaje del Episcopado venezolano con ocasión del Bicentenario del Nacimiento del Libertador (12. 1. 1983).

Tarea obligante, animadora  y saludable hoy y para el tiempo que estamos inaugurando, es la de revaluar a quien fue  bautizado el 30 de julio de 1783  como  Simón José Antonio de la Santísima Trinidad.

OBISPOS Y CONSTITUYENTE

Carta de Ovidio Pérez Morales

La reciente carta de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana al Presidente de la República (8 de julio) es bien clara: le plantea con carácter de urgencia “Retirar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

No sólo eso,  sino también: “Reconocer la autonomía de todos los poderes públicos y trabajar conjuntamente con ellos, particularmente con la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República”, así como “Asumir e implementar los acuerdos que se alcanzaron en la primera ronda de diálogo con la oposición”.

Vale la pena subrayar dos elementos de la circunstancia en que los Obispos envían esta misiva al Primer Magistrado: a) la visita que  la Presidencia del Episcopado acaba de hacer al Papa Francisco, quien ha dicho que “en la voz de los obispos venezolanos también resuena mi voz” y b) se envía esta carta en el marco de la Asamblea Plenaria del Episcopado (7-12 de julio), al final de la cual hará público un mensaje a los católicos y a todos los venezolanos.

La carta expresa que la respuesta positiva a sus planteamientos sería prueba de una voluntad efectiva del Presidente de resolver la grave crisis nacional (se cita la escasez alimentaria y de medicinas al igual que la inseguridad) “y devolverle a Venezuela su plena institucionalidad democrática, contemplada en la actual Constitución nacional”.

Es particularmente significativo el espacio que la misiva concede a las palabras y gestos que el Papa Francisco ha tenido en estos días respecto de la situación venezolana. Se explica por la importancia de aquellos en sí mismos, pero también por el interés gubernamental de contraponer las posiciones de la Santa Sede y del Episcopado en relación al drama nacional. Se puede hablar ya sin lugar a dudas de una completa sintonía o armonía al respecto entre el Vaticano y la Iglesia en Venezuela. El Papa ha expresado su cercanía a la dramática situación del país,  su dolor y oración ante las víctimas (muertos, heridos, detenidos) de la violencia y sus familiares; ha pedido respeto de los derechos humanos y cese de  toda violencia; ha exhortado a la búsqueda de “soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población”, al establecimiento de puentes, al diálogo serio y al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Dijo el Papa el 2 de julio: “Hago un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis”.

Este fin de semana  circulará la exhortación de la Asamblea Plenaria del  Episcopado, actualmente reunida. Por cierto antes de dos acontecimientos inminentes programados de especial trascendencia: la consulta popular del 16 y la decisión sobre la Constituyente a fines de mes.  Sobre ambos dicha exhortación se manifestará de modo claro.

Con el Episcopado y la mayoría de los venezolanos espero se suspenda la fraudulenta Constituyente. E igualmente el simulacro de votación para la misma. Lo que quiere el soberano es que se lo oiga de verdad y se reformule la marcha del país según los cauces de la Constitución y de una moral cívica elemental. No se debe jugar con un pueblo ni con el destino de una nación.