IGNORANCIA DAÑINA

Hay ignorancias no dañinas. Los nombres de las esquinas de la vieja Caracas para un habitante del interior, que no tiene ningún interés por la capital. Hay ignorancias culpables. Los nombres de las esquinas de la Plaza Bolívar de Caracas para un bombero metropolitano. Dando la vuelta a la medalla, hay conocimientos que son beneficiosos, así como también otros que son ética y religiosamente obligantes. ¿Dónde ubicar el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia para un católico que se precie de ser tal? La Doctrina Social de la Iglesia constituye un cuerpo de enseñanzas acerca del bien-ser y del bien-estar de la convivencia social. Acerca del manejo de una persona, particularmente si cristiana, en lo tocante al relacionamiento en la ciudad. Y, utilizando la palabra griega de corriente uso: en la polis ¿Cómo construir el conglomerado social de manera que sea casa habitable, digna, a la altura de los seres humanos que la componen? La ciudad, propiamente hablando, no son los edificios ni las avenidas o servicios que la dibujan, sino la gente que la vive. Ya una tragedia griega planteaba ¿Qué son las naves o las torres si no hay gente en ellas? Ciudadano etimológicamente significa es el ser humano de la ciudad. Podría traducirse por político en su sentido más directo. Ahora bien, se puede ser ciudadano o político de diversos modos. Consciente, responsable y corresponsable, proactivo. O también lo contrario, como los que esperan que la ciudad (la cual comienza desde el vecindario) les solucione los problemas, sin tener ellos que mover un dedo. Estas y otras consideraciones muestran la necesidad de que la formación en la fe, la educación cristiana, integre entre sus constitutivos fundamentales, obligantes, indispensables, la enseñanza teórico-práctica de la Doctrina Social de la Iglesia. Ésta contiene principios, criterios y orientaciones para la el compromiso social, o sea, para la construcción de una nueva sociedad, civilización del amor). Junto a la explicación del Credo, del Decálogo y de los Sacramentos tiene que procurarse lo básico de dicha Doctrina. Movido por esta convicción y urgido por lo que estamos viviendo en el país (involución, división, desmantelamiento… ),acabo de publicar un manual de bolsillo sobre la Doctrina Social de la Iglesia, bajo el título animador De la Venezuela real a la posible (Ediciones Trípode, Caracas). Un cristiano no puede esperar a que le edifiquen su ciudad. Tiene que ser un decidido constructor de su polis, es decir, un actor político. Lo cual significa: un con-vivente responsable. Así no le impondrán, junto a sus hermanos todos de la ciudad, un proyecto dictatorial, totalitario (como el Socialismo Siglo XXI), un modelo insolidario, sálvese quien pueda (capitalismo salvaje), una cultura libertina, politeísta del tener-poder-placer, sin horizonte mayor trascendente (ideología relativista consumista). El cristiano es político o no es cristiano. El no saber esto es ignorancia dañina. Y el no practicarlo, pecado de omisión.

IGLESIA PRO DEMOCRACIA

¿Apoyó la Iglesia siempre la democracia? No. ¿Y actualmente? Sí, como deber y con decisión. Ahora bien, para ayudar a comprender lo anterior, conviene recordar un par de cosas. 1ª. Históricamente la democracia, aparte de algunas limitadas manifestaciones en la antigüedad, ha sido progresiva conquista de los tiempos modernos. 2ª. La Iglesia no sólo vive en la historia sino que es historia y corre la suerte de la historia; aprovecha también, por tanto, la maduración, el progreso del devenir humano. La Iglesia no sólo enseña, sino que también aprende. En los comienzos del despertar democrático la Iglesia oficialmente no vio con buenos ojos esta novedad. El pluralismo democrático (libertad de conciencia, de expresión, de cultos…) significaba a su entender una igualación de los derechos de la verdad y del error, del bien del mal. Igualmente estimaba que eso de la soberanía popular desatendía el origen divino de la autoridad. La Iglesia interpretaba todo ello en la perspectiva restringida de un sistema como el de cristiandad, que se había consolidado a lo largo de siglos en Europa, e implicaba una estrecha relación poder político- poder eclesiástico. Hay algo que tuvo un influjo muy grande en hacer variar la valoración de la democracia por parte de la Iglesia: la opresión de los grandes totalitarismos del siglo XX y la hecatombe de la II Guerra Mundial. En las filas de los campos de concentración se alineaban, para la matanza, prisioneros católicos, cristianos no católicos, creyentes de otras confesiones y también no creyentes; memoria especial se debe hacer de los judíos. Todas esas víctimas se tuvieron que reconocer allí como prójimos y hermanos en humanidad, y portadores, por tanto, de una dignidad que no era concesión del Estado ni dependía de afiliación política, raza, religión, nación. Se percibía igualmente que el poder político tenía que responder al bien común, a los anhelos y la voluntad libre de los ciudadanos y no simplemente a los intereses hegemónicos e impositivos de un “Líder” o de un partido o sector social determinado. Se facilitaba la comprensión de que la soberanía de Dios se movía en un plano distinto, trascendente, de la humana soberanía popular. Dios dejaba verdaderamente en manos de la libertad del hombre la estructuración de su convivencia, según principios y valores inscritos en la naturaleza humana, más allá de un puro legalismo societario. Los criminales juzgados en el Tribunal de Nurenberg lo fueron porque hicieron algo que, a pesar de ser aún “legal”, violaba elementales normas de humanidad (de derecho natural o como se lo quiera denominar). En el centenario de la Rerum Novarum de León XIII, a unos dos siglos de la Revolución Francesa y fresco todavía el derrumbe del Muro de Berlín-imperio comunista, Juan Pablo II –papa que sufrió en carne propia lo monstruoso del Nazismo y el Comunismo-, publicó (1. 5. 1991) otra iluminadora encíclica, Centesimus Annus, tratando de animar la búsqueda de nuevos caminos. De ésta quisiera recordar sólo un número, el 46, que invita, por lo demás, a un contacto directo con el Documento. Contiene una enseñanza particularmente útil en el hoy venezolano, cuando se trata de imponer un proyecto “socialista”, que falsea la democracia y pretende resucitar experiencias fracasadas: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. “Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad”. La Iglesia tiene hoy-hacia-el-futuro un sincero y patente compromiso democrático.

ÁRBOL Y BOSQUE POLÍTICOS

Importa el árbol, pero más el bosque. Aquél no debe impedir la visión del conjunto. Toda violación de una ley, especialmente si pertenece al ordenamiento constitucional, exige reprobación, denuncia, así como ser sometida al juicio de la correspondiente instancia judicial. Y si las faltas no se quedan en hechos aislados, sino que manifiestan una conducta sostenida, ésta debe ser rechazada por la ciudadanía con toda la claridad y el vigor posibles. Ahora bien, lo de conducta sostenida es lo que desgraciadamente viene sucediendo en Venezuela. El pasar por encima de la Constitución, hacerlo de manera persistente y, peor todavía, de modo abierto y arrogante, se ha convertido en actuación cotidiana. Lo que resulta en una permanente ausencia del estado de derecho. Aquí se hizo en 2007 un referendo sobre una propuesta de reforma constitucional, respecto de la cual, el Episcopado nacional declaró, por cierto, que iba “más allá de una Reforma” y que “la proposición de un Estado Socialista es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución y a una recta concepción de la persona y del Estado ( … ) excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con el Estado socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos (…) vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social”. Por todo lo anterior el Episcopado declaró que consideraba dicho proyecto “moralmente inaceptable”. Pues bien, el referendo se hizo y fue rechazado por la mayoría de los venezolanos. Pero ¿Qué sucedió? Se puso en práctica lo que había sido propuesto mediante atajos y “caminos verdes”. A mí me gusta reflexionar con frecuencia sobre el Preámbulo y los Principios Fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son de una gran positividad, profundidad y alcance. Pongamos ahora sobre el tapete la declaración de nuestra patria como democracia pluralista, participativa y descentralizada. Esta definición resulta extraña e interpelante en tiempos como los actuales, en que oficialmente se trata de imponer un sistema político claramente dictatorial, hegemónico y, más aún, totalitario (de signo castro-comunista). Lo anterior manifiesta una patente e intrínseca ilegitimidad del Poder, cuya calificación en ese sentido no depende simplemente, por tanto, de una formal, expresa y solemne jurídica declaración nacional o internacional. No se necesita ser un agudo constitucionalista para percibir esa triste contradicción entre la realidad nacional y nuestra Carta Magna. Y un agravante en este caso es que la violación del derecho no se hace de manera soterrada sino de modo clamoroso, como imperativo de una “Revolución”, que tendría con su carácter absoluto y su aura mesiánica, cuasi religiosa, indiscutible prioridad sobre cualquier precepto, también constitucional. Por todo ello, la protesta y el rechazo ante el abuso de cualquier órgano del Poder (represión de una legítima manifestación ciudadana, encarcelamiento injusto, expropiación o regulación indebidas, marginación o exclusión ciudadanas) no debe olvidar nunca el marco político en que ese abuso concreto se inscribe. Es decir, el bosque-sistema (Socialismo Siglo XX) en el cual esos árboles (ilegalidades aquí y ahora) se inscriben. Es preciso resguardar una visión del conjunto. Esta ayudará a no extraviarse; ni a dejarse extraviar por operaciones que distraigan la atención. Por escaramuzas fácilmente encendidas desde el poder para que la ciudadanía olvide la tenaza monopolizante que se va cerrando de modo implacable.