ÁRBOL Y BOSQUE POLÍTICOS

Importa el árbol, pero más el bosque. Aquél no debe impedir la visión del conjunto. Toda violación de una ley, especialmente si pertenece al ordenamiento constitucional, exige reprobación, denuncia, así como ser sometida al juicio de la correspondiente instancia judicial. Y si las faltas no se quedan en hechos aislados, sino que manifiestan una conducta sostenida, ésta debe ser rechazada por la ciudadanía con toda la claridad y el vigor posibles. Ahora bien, lo de conducta sostenida es lo que desgraciadamente viene sucediendo en Venezuela. El pasar por encima de la Constitución, hacerlo de manera persistente y, peor todavía, de modo abierto y arrogante, se ha convertido en actuación cotidiana. Lo que resulta en una permanente ausencia del estado de derecho. Aquí se hizo en 2007 un referendo sobre una propuesta de reforma constitucional, respecto de la cual, el Episcopado nacional declaró, por cierto, que iba “más allá de una Reforma” y que “la proposición de un Estado Socialista es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución y a una recta concepción de la persona y del Estado ( … ) excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con el Estado socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos (…) vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social”. Por todo lo anterior el Episcopado declaró que consideraba dicho proyecto “moralmente inaceptable”. Pues bien, el referendo se hizo y fue rechazado por la mayoría de los venezolanos. Pero ¿Qué sucedió? Se puso en práctica lo que había sido propuesto mediante atajos y “caminos verdes”. A mí me gusta reflexionar con frecuencia sobre el Preámbulo y los Principios Fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son de una gran positividad, profundidad y alcance. Pongamos ahora sobre el tapete la declaración de nuestra patria como democracia pluralista, participativa y descentralizada. Esta definición resulta extraña e interpelante en tiempos como los actuales, en que oficialmente se trata de imponer un sistema político claramente dictatorial, hegemónico y, más aún, totalitario (de signo castro-comunista). Lo anterior manifiesta una patente e intrínseca ilegitimidad del Poder, cuya calificación en ese sentido no depende simplemente, por tanto, de una formal, expresa y solemne jurídica declaración nacional o internacional. No se necesita ser un agudo constitucionalista para percibir esa triste contradicción entre la realidad nacional y nuestra Carta Magna. Y un agravante en este caso es que la violación del derecho no se hace de manera soterrada sino de modo clamoroso, como imperativo de una “Revolución”, que tendría con su carácter absoluto y su aura mesiánica, cuasi religiosa, indiscutible prioridad sobre cualquier precepto, también constitucional. Por todo ello, la protesta y el rechazo ante el abuso de cualquier órgano del Poder (represión de una legítima manifestación ciudadana, encarcelamiento injusto, expropiación o regulación indebidas, marginación o exclusión ciudadanas) no debe olvidar nunca el marco político en que ese abuso concreto se inscribe. Es decir, el bosque-sistema (Socialismo Siglo XX) en el cual esos árboles (ilegalidades aquí y ahora) se inscriben. Es preciso resguardar una visión del conjunto. Esta ayudará a no extraviarse; ni a dejarse extraviar por operaciones que distraigan la atención. Por escaramuzas fácilmente encendidas desde el poder para que la ciudadanía olvide la tenaza monopolizante que se va cerrando de modo implacable.