El Episcopado nacional acaba de
hacer pública (11 de julio) una declaración bajo el título sugerente Dios
quiere para Venezuela un futuro de esperanza y siguiendo la
acostumbrada metodología del ver-juzgar-actuar.
En cuanto a balance de la
situación, los Obispos asumen datos muy graves planteados pocos días antes (4
de julio) por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. Agregan otras manifestaciones que completan un cuadro
bastante triste e interpelante en materia de respeto a la dignidad de los
venezolanos y sus derechos fundamentales.
La Declaración justifica la
intervención del Episcopado en esta materia socio política recordando que “una
de las grandes tareas de la Iglesia en nuestro país consiste en la construcción
de una sociedad más justa, más digna, más humana, más cristiana y solidaria”,
lo cual “postula un decidido compromiso de todos por la defensa de la dignidad
de la persona humana y el bien común”. La misión de la Iglesia, que es la
evangelización, no se limita a lo cultual y a lo explícitamente religioso, sino
que entraña también una presencia transformadora de la convivencia humana en la
perspectiva de los valores del Evangelio y su e, je o núcleo que es el amor.
En cuanto al actuar, junto a
urgir una efectiva respuesta a la “emergencia humanitaria” y reiterar la
contribución de la Iglesia en tal sentido, los Obispos reafirman: “ante la
realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos, una
vuelta a la Constitución”. Esto, dicho hace seis meses, lo han repetido, en una
u otra forma, en estos últimos años. Exigencia fundamental de dicho cambio es
“la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la
República”. A continuación, exponen “algunas condiciones indispensables” para
asegurar que esa elección “sea realmente libre y responda a la voluntad del
pueblo soberano”. Entre esas condiciones mencionan: renovar el Consejo Nacional
Electoral asegurando su imparcialidad, actualizar el registro electoral,
posibilitar el voto de los compatriotas en éxodo, contar con una efectiva
supervisión internacional. Y, last but not least, acabar con la Asamblea
Nacional Constituyente. Antes de hablar de elección, el Episcopado pone
como exigencia del cambio “la salida de quien ejerce el poder de forma
ilegítima”.
Me parece que el ritmo de los
acontecimientos está llevando, sin dar más vueltas, a poner sobre la mesa de la
praxis, de modo urgente, efectivo y transparente, la aplicación del artículo 5
de la Constitución. En tiempos de gravísima crisis que se manifiesta en un
insoportable sufrimiento del pueblo, en parálisis productiva y despoblamiento
del país, es ineludible preguntar a los venezolanos qué presente y futuro
quieren para su país; si seguir con estancamiento político, miseria,
inseguridad y desesperanza o enderezarse hacia la nación deseable, libre, justa,
fraterna, edificada por todos y acogedora como casa común.
La caída del Muro de Berlín ha
sido para mí en estos últimos tiempos y en varias formas, generadora de
esperanza. Significó superación no violenta de enfrentamientos, encuentro
inimaginable de contrarios, síntesis sorpresiva de opuestos; y todo ello sin
pólvora ni sangre. Viví de cerca ese Muro en diversos momentos (antes, en y
después) y nunca imaginé su sorprendente fin. Pienso que la humanidad ha
sobrevivido en milenios porque ha sido capaz de lograr imposibles.
Hay muchas cosas en nuestra
Constitución. Pero entre las que leo y releo hay pasajes que resumen la
Venezuela deseable y obligante, que hoy nos reclama un esfuerzo decidido,
sacrificado, generoso, esperanzado. Esos pasajes son el Preámbulo y los Principios
Fundamentales de la Carta Magna, que comienzan así: “El pueblo de Venezuela, en
ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el
ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar…”.
Así como Pérez Bonalde escribió
su Vuelta a la Patria nosotros ahora hemos de realizar nuestra Vuelta
a la Constitución.
