COMUNICACIÓN PRIVATIZADA

Utilizo el término “comunicación privatizada” para designar la utilización de los Medios de Comunicación del Estado como monopolio, hegemonía, del Gobierno y del oficialismo en general. El punto de partida de estas reflexiones es un principio básico, a saber, que los Medios de Comunicacional Social (MCS) del Estado son de éste, es decir, de la República, del pueblo venezolano en su conjunto y no de una parcialidad determinada, sea el Gobierno o no. Tradicionalmente la interpretación en este punto ha sido distinta. Se han entendido esos MCS como propiedad gubernamental, para su uso discrecional. En el “período democrático”, con todo, el uso de los mismos tuvo cierta flexibilidad, pero no llegó al “deber ser”, de acuerdo a los valores obligantes para el Estado según establecía la Constitución.Actualmente la práctica en este campo es palmariamente contraria a los Principios Fundamentalesde la Carta Magna vigente, la cual destaca, entre otros, “los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”(Art.2). Ya en los tiempos de la primera presidencia de Carlos André Pérez se quiso abrir una brecha positiva con un proyecto que buscaba hacer realidad la condición de los MCS como “servicio público”. En él jugó un papel de primer plano Antonio Pasquali –quien no necesita presentación- y yo pude participar. El proyecto se quedó en buenos deseos. Demasiados intereses trabajaron en contra. Las prioridades nacionales iban en otra dirección. A buen número de años y en medio de una realidad que hace todavía más urgente la necesidad de un cambio en lo comunicacional, el tema de la naturaleza y sentido de los MCS del Estado –no entro en el drama de los no oficiales, tan perseguidos-tiene que resurgir con particular intensidad. El control (manejo y utilización) de los MCS del Estado debe pasar de las actuales manos que los han privatizado (Gobierno y oficialismo en general) a una autoridad más comprehensiva, en la línea de la identidad pluralista del Estado venezolano según nuestraConstitución. A no pocos les resultará extraña, chocante, ilusoria, cuando no “oposicionista”, esta exigencia.Se trata, sin embargo, de algo connatural en el marco de un Estado democrático y de una Constitucióncomo la nuestra, que no por ser cotidianamente violada, debe ser menos obligante. Quisiera ver esta cuestión sobre el tapete del “Diálogo” en curso y como tema vivo en el intercambio y la discusión no sólo de los partidos políticos, sino de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Este tema no se puede considerar como “uno entre otros”. Es en efecto clave para el presente y el futuro de nuestra República democrática. Esto en una etapa histórico-cultural, que se define como “sociedad de la información” o cosas por el estilo, cobra relieve y urgencia especiales. Se trata de una verdadera prioridad. Se da una grave incoherencia entre la afirmación del Estado venezolano como “democrático y social de Derecho y de Justicia” y el manejo de los MCS de ese mismo Estado en una línea hegemónica, parcializada, uniformizante, más aún, excluyente y represiva. Sería bueno manejar como “lema” en reuniones y manifestaciones, así como en encuentros, conversaciones y diálogos públicos, el siguiente: “Los MCS del Estado son de todos los venezolanos”. (Esto, de verdad, y no como el lema de “PDVSA es de todos los venezolanos”, cuando al mismo tiempo se la proclama que es roja-rojita). Terminemos con la “privatización” de la comunicación social estatal.