TIERNA LEY CONTRA EL ODIO

Ley Constitucional contra el Odio. Proyecto aprobado por la así llamada Asamblea Nacional Constituyente. Dicha ley está pensada  como instrumento eficaz para construir la República del Amor. Platón se queda pequeño ante tan paradisíaco ideal.

Alguna vez me referí al lenguaje de los totalitarismos y sistemas afines. Mencionaba al efecto el término “neolengua” encontrado en algún libro. Alguien me escribió que era más apropiado utilizar la expresión “semántica invertida”, lo cual me pareció acertado. Lo cierto es que en aquellos sistemas se suele cambiar el significado de palabras como “paz”, “felicidad”, “amor”, “pueblo”, patriotismo”, solidaridad”, “terrorismo”. El vocablo reinterpreta entonces la realidad, pretendiendo  ocupar su lugar. Así en la Venezuela de hoy el lenguaje de las cadenas presidenciales y de la propaganda oficial exhibe una semántica especial, que cristaliza también en burocracia, como un viceministerio para la felicidad, y ahora en legislación, como la tierna Ley contra el Odio.

Confieso que no me sorprenden (ello no significa que no me indigne o moleste) estos cambios, como tampoco las arbitrariedades, comedias o zarpazos del actual Régimen de tipo totalitario-comunista, ya que éste procede lógicamente. Sistemas de tal género (nazi, soviético, cubano norcoreano…) teórica y prácticamente han seguido o siguen su lógica. Afirman determinados postulados de los cuales se desprenden conclusiones, que no por crueles o monstruosas, dejan de ser coherentes. Así, los campos de exterminio del nazismo y los gulags de la URSS no debían extrañar en sistemas que sub humanizaban a  judíos y disidentes. La muerte moral venía antes de la física. A la des-personalización sucede la instrumentalización, la cosificación, de los seres humanos.

Según la inversión semántica del Régimen, “odio” viene a ser todo pensamiento, sentimiento o actuación que disienta de la orientación  oficial. Y, por el contrario, “amor” es todo lo que se adecúe a ésta, en pensamiento, palabra y obra. La “ballena”, las bombas lacrimógenas, las balas utilizadas contra los manifestantes “terroristas”, “apátridas”, “imperialistas” (es decir,  opositores), son instrumentos amorosos, delicadamente bolivarianos para la construcción de la paz. La Guardia y la Policía (¿Nacionales y Bolivarianas?), así como  el SEBIM  y otros cuerpos armados, son tejedores de serena fraternidad, son todo corazón. De modo parecido,  el Helicoide, “La Tumba” y Ramo Verde conforman oasis de plácida convivencia.

La comunicación social debe ajustarse al pensamiento oficial. La burocracia del Régimen, CONATEL al frente,  tiene que eliminar todo obstáculo a una veraz información y una sana educación.  La salud pública exige preservar al pueblo de todo contagio nocivo que altere la paz y la felicidad de la colectividad, mediante un control total (MCS impresos, radiotelevisivos, redes). Por eso normativas como la Ley Constitucional contra el Odio deben encarcelar (¡25 años todavía es poco!) a los que osen  dividir, también en lo comunicacional, la unidad de la patria de Bolívar, discrepando malsanamente del ideario de la “Revolución”.

Según el maniqueísmo materialista dialéctico del SSXXI –amorochado, por cierto, con narcorrupción- el bien, que se identifica con el Régimen, no admite ninguna coexistencia con el mal (pluralismo, subjetividad, propiedad privada, espiritualidad…). Por eso se ha de tener el control total de la economía, la política y la cultura. No se pueden exhibir en contra, ni derechos humanos, ni estado de derecho, ni convenios internacionales. La “Revolución” es lo primero; todo lo demás y, por supuesto, la persona individual, la familia y lo asociativo grupal, deben someterse a la causa común. Y, a la cabeza del partido oficial, el comandante,  gran jefe, ha de tenerse como el intérprete supremo de la verdad, del bien, de la patria. 

La Ley Constitucional contra el Odio es, pues, un instrumento eficaz y lleno de ternura para clonar al “hombre nuevo” del sistema monolítico totalitario comunista. 

EL SOBERANO DECIDA QUÉ QUIERE

¿Qué hacer con este  país? ¡Que lo decida el soberano!

Nuestra Carta Magna es clara: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el  Poder Público” (CRBV 5).

En el soberano se encuentra el poder originario, que viene  a ser la fuente primera e instancia máxima de legitimidad en una comunidad política, en un determinado Estado. Es una soberanía última aunque no absoluta, por  cuanto se la entiende en el marco de un derecho internacional y de  exigencias fundamentales de la condición humana misma.

Por ello en circunstancias de una grave crisis de la polis, que amenace en su raíz y estructura básica la convivencia humana de la nación, y no sean ya suficientes los  mecanismos ordinarios de solución, se hace necesario apelar a la palabra y decisión  del soberano. En la antigüedad   esto se apreció dentro de las limitaciones conceptuales y prácticas del tiempo, y en la modernidad se lo ha perfilado y perfeccionado con mayor hondura.

Ahora bien, el problema reside en la noción que se tenga del soberano y del genuino ejercicio de su potestad. Aquí es donde se ponen en juego filosofías, ideologías y prácticas, algunas de las cuales llegan a distorsionar tanto la definición del soberano como el ejercicio de su protagonismo. El pueblo se convierte a veces en un concepto gelatinoso, legitimador de praxis que alcanzan cotas de evidente deshumanización. Es el caso de las vanguardias luminosas y comités partidistas que se autoerigen como forzada representación del pueblo en los sistemas comunistas, de los reduccionismos raciales tales como el nazismo o nacionales como el fascismo, de las logias militares que encarnarían la defensa de la patria en los regímenes de seguridad nacional.

Es cierto que no hay prácticamente realización humana que no sea perfectible, pero sí se tiene que tender a formas de organización y consulta política en las cuales se abra cauce a la expresión más auténtica del pensar y querer del soberano. En este orden de cosas reviste carácter prioritario el lograr a través de consensos los medios que aseguren la verdad y transparencia de los procedimientos a través de los cuales el soberano se exprese y sea respetado en sus decisiones. En tal línea son de suma importancia instituciones y organizaciones de la sociedad civil que aseguren el pluralismo y la verdad en los procesos.

Concretando a nuestra situación venezolana, de crisis extrema y de interrogantes muy serios acerca de una solución consistente, democrática  y pacífica, creo que se hace imprescindible apelar al soberano acerca de lo que quiere para nuestro país. No bastan  los representantes. Es imprescindible oír y obedecer al representado, al que tiene el poder originario.

El pasado mes de julio se tenido dos apelaciones al soberano, una meramente consultiva el 16 y otra autodenominada decisoria, pero que resultó una mascarada, el 30. Ambas fueron desconocidas desde la acera opuesta. Y en el país se agudiza la crisis. Que no  es principalmente de interpretaciones en Derecho Constitucional, sino de estómago y vida, pues lo que está de por medio es hambre y muerte de muchos venezolanos  por falta de comida, medicamentos y atención a necesidades primarias. El problema inmediato no es de artículos de la Carta Magna y de formulaciones legales, sino de medidas humanitarias. En los altos círculos del poder no se padecen estas necesidades y por eso se puede maniobrar con medidas distractivas y juegos de carnaval.

Si el soberano es soberano, que se le pregunte qué quiere para el país. Que decida su presente hacia el futuro. Sin mediaciones y representantes a medias. Sin intérpretes que lo traicionen. No veo por el momento otra solución a la gravísima crisis. No  es fácil, obviamente, organizar esta consulta decisoria al soberano. Pero sí se la puede llevar a cabo desde adentro con entidades confiables y con el apoyo de organismos internacionales respetables.