Venezuela no debe continuar con la
actual dañina bicefalia, que mantiene al país en gran parálisis y empeora la ya
grave crisis nacional caracterizada por hambre y muerte, violencia y
destrucción. En estos mismos días estamos viviendo una realidad sumamente
dramática, expresiva de dos décadas de progresivo deterioro global y afectando,
por tanto, los distintos ámbitos sociales: económico, político y cultural.
Esa bicefalia consiste en la
existencia de dos cabezas, que reflejan de modo patente una doble situación
intolerable: la una , ejerce el poder de facto apoyándose principalmente en la
Fuerza Armada y es ilegítima, no tanto por irregularidades en el campo
jurídico, cuanto por la permanente violación de derechos humanos del pueblo
venezolano, comenzando por las insoportables privaciones que golpean
especialmente a los más desprotegidos,
los niños y ancianos de los sectores pobres de la población, junto a la
obstrucción de la ayuda humanitaria para aliviarlas; la otra cabeza es la
legítima, pues brota debidamente del único poder público electo por la gran
mayoría de los ciudadanos, goza del espontáneo apoyo de éstos y de un gran reconocimiento
internacional.
El Episcopado en enero del año pasado
denunció lo siguiente: “Con la suspensión del referéndum revocatorio y la
creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno usurpó al pueblo su
poder originario. Los resultados los está padeciendo el mismo pueblo que ve empeorar día tras día su situación”
(Exhortación, 12 de enero de 2018).
Meses más tarde el mismo Episcopado advirtió la ilegitimidad de la consulta
electoral de mayo y de la resultante prolongación del “mandato del actual
gobernante” (Exhortación del 11 de
julio de 2018).
De lo anterior se puede inferir como
algo implícito en las declaraciones del Episcopado, que la actual bicefalia
debe resolverse así: quien detenta el poder de facto tiene que ceder el paso a
la formación de un Gobierno de Transición, respondiendo de tal manera al angustioso
clamor nacional y al obligante bien común de los venezolanos, quienes anhelan y
urgen la recuperación de la paz y el restablecimiento de un clima de
convivencia democrática de la nación. Al pueblo soberano le habrá de corresponder,
mediante elecciones verdaderamente libres, convalidar este cambio y determinar
el camino ulterior a seguir.
El Episcopado también ha hecho
llamados a la Fuerza Armada “a que se mantenga fiel a su juramento ante Dios y
la Patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje
llevar por una parcialidad política e ideológica” (Ibid.). Lo que significa
reconocer la cabeza legítima.
Las tomas de posición de los Obispos
brotan de una coherente preocupación pastoral, en la línea de su misión evangelizadora
específica, que los obliga a contribuir junto con toda la Iglesia a la
construcción de una “nueva sociedad” o “civilización del amor”; ésta busca
conjugar la libertad y la justicia, el progreso y la solidaridad, el pluralismo
y la paz. Una sociedad en que hay un estado de derecho, se respetan y promueven
los derechos humanos, los deberes de las personas así como de los conjuntos
sociales, la calidad moral y espiritual de vida y una ecología integral.
Estimo que en la presente
circunstancia cobra particular actualidad lo que en la citada Exhortación de enero del año pasado dijera el Episcopado:
“La actitud de resignación es paralizante y en nada contribuye al mejoramiento
de la situación. Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la
solidaridad ¡Despierta y reacciona, es el momento!, lema de la segunda visita
de san Juan Pablo II a Venezuela (1996), resuena en esta hora aciaga de la vida
nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo
supera cualquier otro poder”.
Venezuela como una nación, un pueblo,
un cuerpo político, necesita y soporta una sola cabeza presidencial, legítima,
democrática, de rectitud republicana y moral. Esa cabeza existe y Venezuela
urge el ejercicio pleno de su autoridad.
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