Raíz traduce el
substantivo latino radix, del cual se deriva el adjetivo radical, que
significa entonces “lo que va a la raíz, al fondo, de algo”. Es lo implicado por el término afín de refundación,
evocador de “fundamento” y planteado por el Episcopado venezolano en
sus últimos documentos, como compromiso necesario y urgente que requiere el
país, sumergido en gravísima crisis.
En sectores importantes de la
sociedad civil se había venido considerando la necesidad de un proceso
constituyente, según lo previsto por los artículos 347- 349 de nuestra Constitución.
La refundación de nuestro país postulada actualmente por los Obispos asume
de algún modo ese proyecto y lo anima, aunque, como es de suponer, lo enriquece
y trasciende en cuanto a las exigencias éticas y espirituales, tanto personales
como sociales, que han de acompañar dicho proceso político tendiente a cambios
estructurales, máxime tras la experiencia del régimen actual que nació al
amparo constitucional de tal consigna.
Para noviembre se tienen previstas
elecciones (o, mejor, votaciones) para gobernadores y alcaldes, en condiciones
que, muy previsiblemente si no hay un “giro copernicano” en las mismas, ofrecen
flancos débiles en cuanto a legitimidad, libertad y transparencia. En todo
caso, en lo que toca a lo central de las presentes reflexiones sobre refundación
nacional, esas votaciones no van a lo nuclear de la crisis, a la substancia del
drama de Venezuela. Por cierto que la agudización en marcha de la represión y
la desinhibida exhibición del fantasma comunal, adelantan que el venidero proceso
de votación será sólo epidérmico, cosmético, cuyo interés primordial es un
disfraz democrático para el mercado exterior. No enfrenta lo medular doloroso del
desastre ni abre caminos efectivos para superarlo.
En efecto, la intención totalitaria
del Socialismo del Siglo XXI con su Plan de la Patria se mantiene. La
preocupación básica oficial confesa es conservar y acrecentar el poder. La
suerte de la gente poco o nada importa. De allí que el deterioro de las
condiciones de vida, el desastre de los servicios públicos, el despoblamiento
del país, la asistemática y “politizada” atención a la pandemia, la
militarización del tejido ciudadano junto a la inseguridad y maltrato del
pueblo, la hegemonía comunicacional y el desmantelamiento educativo …
continúan. El valor del bolívar va parejo a la devaluación de la calidad de
vida.
En cuanto a dimensiones y campos institucionales
de la necesaria refundación se debe tomar en serio lo que el Episcopado
subraya en cuanto a actitudes y comportamiento de nosotros los venezolanos. Es
ilusorio, en efecto, pensar en cambio estructural sin implicación personal,
como condición necesaria pero no suficiente. La corrupción exige control de los
corruptos; la corresponsabilidad y la solidaridad no se importan; la libertad y
la paz se fraguan en las conciencias; la convivencia se teje con buenos y
mejores “prójimos”. Sin familias sólidas y educación humanizante, una
reconstrucción se quedará en simples intenciones o flacas realizaciones.
La refundación exige, obviamente,
renovar y cambiar estructuras. El soberano (CRBV 5) puede y debe actuar
novedades indispensables para la reconstrucción de la República democrática y
una reorientación humanista del Estado, comenzando por designar los conductores
claves del poder público nacional, para salir de la presente esquizofrenia-maraña
institucional. Sin pretender jerarquizar o totalizar elementos, valgan algunos
ejemplos: desconcentración estatal, reforzando
lo no oficial (empresas, servicios…) y acrecentando lo federal; equilibrio de
poderes, superando el gigantismo ejecutivo y la instrumentación del poder
judicial; volver al bicameralismo, acentuar el parlamentarismo y acercar el
poder municipal a la gente a través de una racional multiplicación; control
parlamentario del sector militar; reformulación de lo minero y petrolero, en
línea de ecología integral y diversificación económica; asegurar a través de
medios oficiales y privados un efectivo servicio nacional de salud; en resumen,
una institucionalidad política, jurídica y administrativa coherente y eficaz. Priorizar la educación, subrayando la
formación en valores, el desarrollo de la inteligencia y la actualización
tecnológica. Como perspectiva general, justicia social y atención privilegiada
a los más necesitados en el marco de una sociedad libre, solidaria,
democrática, pacífica.
Objetivo radical frente a la gravísima
realidad global: que el soberano, con decisión constituyente, defina el destino
de este país. Refunde la nación.
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