Tenemos una Constitución, que se queda en puro nombre, y un soberano
-definido en el artículo 5 de la misma-, que se encuentra actualmente encadenado.
Lo “puro nombre” es porque si bien la Constitución (CRBV) recibió inicialmente
mucha difusión y alabanza, su articulado base quedó en simples palabras. Esto
nos recuerda una filosofía de fines del Medioevo llamada nominalismo, para
la cual los conceptos eran puros nombres (flatus vocis, emisiones de voz),
sin responder a realidad alguna. Lo de “encadenado” como calificativo del
soberano, es porque los ciudadanos no gozan actualmente de garantías políticas,
que les permitan expresarse libremente sobre la cosa pública, especialmente en lo
electoral; la dirigencia del Régimen proclama que continuará en el poder “por
las buenas o por las malas” y que “vinimos para quedarnos”. Expresiones confesa
y públicamente soberbias y subversivas.
La Constitución de 1999 -excesivamente centralista, necesitada de reforma y
hasta de reformulación- constituye por ahora, con todas sus limitaciones y
vacíos, un instrumento aceptable para el manejo democrático del país. El
problema máximo es que su articulado fundamental se queda en enunciados
formales, junto a una praxis cotidiana violatoria manifiestamente
anticonstitucional. Hoy no existe en Venezuela un estado de derecho y, lo que
es peor, el Régimen alardea de un socialismo contrabandeado, no sólo hegemónico
sino también totalitario.
Con respecto al soberano, no obstante que la Constitución
afirma solemnemente el poder intransferible (CRBV 5), originario (CRBV 347) del
pueblo, se da, de facto, una usurpadora concentración e inflación de
poderes en el Ejecutivo nacional, el cual los ejerce dictatorialmente, no sólo
con la notable participación, sino, sobre todo, por el apoyo decisivo
político-ideológico del Alto Mando de la Fuerza Armada. El soberano parece un
pordiosero a la espera de migajas de libertad concedidas por el poder. Manifestaciones patentes de una tal anomalía son
los centenares de presos-torturados políticos, la hegemonía comunicacional, la discrecionalidad
de los organismos represores, el saqueo del país y la expatriación forzada de
una cuarta parte de los venezolanos.
La Conferencia Episcopal, ante la grave y global crisis, viene planteando
la urgencia de una refundación nacional. Con respecto a ésta, resulta
cuando menos curioso leer en el Preámbulo de la Constitución que
“El pueblo de Venezuela (…) en ejercicio de su poder originario” la decretó “con el fin supremo de refundar la República”. Y explicita el para
qué de la refundación: “establecer
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad,
el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley
para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo,
a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin
discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre
las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo
con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la
garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de
la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los
bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la
humanidad”.
Estos fines
positivos fueron declarados así en 1999, en una Venezuela con una democracia y
un progreso innegables aunque imperfectos y con vivos anhelos de cambio
efectivo. Los detentores del poder emergente tenían, sin embargo, otro proyecto
subrepticio de tipo socialista marxista para imponerlo progresivamente. Hoy, a
más de veinte años de distancia y en una Venezuela arruinada y oprimida,
aquellos fines se replantean con máxima urgencia y obligatoriedad. Las
Primarias de la oposición y las próximas elecciones nacionales han de ser pasos
consistentes en dirección refundacional. La realidad debe ajustarse a la
Constitución y el soberano debe romper cadenas y ejercer su poder originario.
Para refundar el país. Nuestro país.