martes, 30 de enero de 2024

DOCTRINA SOCIAL DISPONIBLE

 

    En medio de la crisis de ideas y propuestas sobre cómo organizar la sociedad en sus varios ámbitos económico, político y ético-cultural, se dispone de un conjunto orientador orgánico bajo la denominación de Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

    Ante todo, conviene precisar que aquí Doctrina no se identifica con una cerrada o dogmática formulación conceptual, ni “de la Iglesia” con algo para uso de solos católicos. En efecto, constituye un conjunto abierto, siempre en actualización, a disposición no exclusivamente de a católicos, sino de cristianos en general, así como de creyentes y no creyentes, sensibles todos sí a la edificación de una sociedad genuinamente humanista. La DSI una enseñanza propuesta formalmente por la Iglesia como guía para una praxis que responda al ideal cristiano de vida societaria, pero también a las exigencias humanas para la edificación de una sociedad al servicio integral del hombre. De allí que dicha Doctrina se formula en forma de secuencia propositiva, con una gradación de razones y objetivos que posibilitan su aceptación y ejecución por los miembros de la Iglesia, pero también y a manera de círculos que se expanden, por todos los demás, de cualquier denominación o afiliación, pero que coinciden en el denominador básico de constructores de una deseable convivencia humana. Así, por ejemplo, el respeto a la vida y el disfrute de una sociedad pacífica, libre y justa se los plantea como derechos humanos básicos, pero también como mandamientos del Decálogo y como actuación del “mandamiento nuevo” del Señor Jesucristo. Por eso la DSI está abierta al diálogo y al compromiso de personas y grupos en perspectiva pluralista y es, en consecuencia, un conjunto no monopolizable por un partido político, una organización social o un sector ciudadano determinados. Lo cual no excluye que se la pueda asumir como identificación programática explícita, pero sin pretensiones de exclusividad por corrientes, movimientos o partidos políticos.

     La DSI, como propuesta social histórica, está en aggiornamento permanente, lo que de modo fácil se aprecia comparando su primer gran documento, la Rerum Novarum de León XIII (1891), con las encíclicas de los últimos papas, y aquí, en nuestro país, con lo producido por el Concilio Plenario de Venezuela en sus documentos 3 y 13.

    La DSI provee de elementos válidos para la edificación, siempre progresiva, de una “nueva sociedad”.  Valgan como ejemplo a) la tríada de componentes, economía participativa, democracia plural y calidad espiritual, b) la tríada de integradores sociales, solidaridad, participación y subsidiaridad, c) los derechos humanos como eje central societario y d) la opción privilegiada por los más necesitados.

    Después de un cierto opacamiento de la DSI, principalmente por la crisis de organizaciones que la asumían como estandarte político-partidista, hoy en día -y sin duda, en Venezuela- está reapareciendo como instrumento efectivo de renovación societaria, como oferta válida y desafiante para su concreción en programas políticos renovadores e inspiración de iniciativas de la sociedad civil. Deber de la Iglesia es percibir acertadamente estos signos, retomar como obligante una formación correspondiente y el estimular, en diversos modos y formas, iniciativas de aplicación. 

 

Actualmente se plantea entre nosotros la urgencia de una refundación nacional, a raíz del vendaval ocasionado por la imposición de un modelo socialista de corte totalitario. Pues bien, la DSI se ofrece como un conjunto de principios, criterios y orientaciones para la acción, disponible con miras a la conformación de modelos, planes y proyectos sociales, que respondan de veras a las exigencias de una república democrática de auténtico sentido humanista. Ésta ha de ser, pluralista, solidaria y participativa, en la cual el respeto y la promoción de los derechos (con su otra cara de deberes) humanos sea el eje central del tejido social. Debe responder a nuestra Carta Magna y avanzar, entre otras cosas, en descentralización y educación ético-cívica.

 

 

 

 

viernes, 12 de enero de 2024

2024: SOBERANO RECUPERADO

 

    Esperanza activa de nosotros venezolanos ha de ser: que como pueblo soberano nos recuperemos de nuestra parálisis ciudadana y refundemos el país como república democrática.

    A propósito de parálisis es iluminador al respecto el primer milagro del apóstol Pedro luego de Pentecostés: la curación de un tullido que pedía limosna junto a una puerta del Templo de Jerusalén. “No tengo plata ni oro: pero lo que tengo, te doy: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar (…) y de un salto se puso en pie y empezó a caminar” (Hch 3, 2-8).

    No basta identificar al pueblo como soberano -lo hace nuestra Constitución artículo 5)-; debe pasar, como diría Aristóteles, de la potencia al acto. La soberanía de que se habla aquí no es la absoluta (tema filosófico y teológico), la cual es exclusiva de Dios omnipotente, sino la política, formulada por el empirista inglés John Locke (1632-1704), en su Segundo Tratado sobre el gobierno. Él fue el primer teórico del estado liberal, fundado sobre la soberanía popular, según la cual, los ciudadanos, por decisión tácitamente contractual, se constituyen en comunidad civil orientada a realizar racionalmente las exigencias de igualdad, libertad, recíproco respeto y benevolencia en correspondencia a la naturaleza humana; el Estado se concibe por tanto en un marco constitucional y de control ciudadano. La democracia tiene así su sentido, expresión y finalidad.

    En nuestra Constitución el referido artículo 5 se inscribe en el conjunto de los Principios Fundamentales, que especifican el ámbito, horizonte y exigencias del poder soberano del pueblo, lo cual irá detallando el ulterior articulado de la Carta Magna.

    De inmediato, sin embargo, surge un serio problema: ¿De qué sirve una bien elaborada constitución si la ciudadanía en general la desconoce y quienes ejercen el poder político sistemáticamente la violan? Al mencionarse los males del país, no se tienen ordinariamente en cuenta el analfabetismo ciudadano de la gente, así como la habitual ilegalidad e ilegitimidad del actuar de las autoridades en las distintas ramas del poder público. No es del caso entrar en detalles, pero bastaría una simple hojeada a los capítulos III y IV del título III de nuestra Carta Magna para comprobar lo dicho. Bastante diciente al respecto es lo que altos representantes del Régimen han reiterado sin escrúpulo alguno ante la ciudadanía: “por las buenas o por las malas” continuaremos y “vinimos para quedarnos”.

    Nil volitum nisi praecognitum es una de esas sabias sentencias que el latín sintetiza bien y significa: no se puede querer algo que se desconoce. Y querer aquí comprende tanto el desear como el actuar.  Aplíquese esto a la Constitución y extiéndase a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y otros textos básicos de praxis ética y política, incluyendo también algunos fundamentales de acento religioso y moral. La ignorancia pasiva o activo conduce a la inacción o a la acción perversa. 

    En estos tiempos electorales se exige de los dirigentes y de las organizaciones en ámbito político planes y proyectos concretos. Pues bien, algo que es menester priorizar al respecto es la educación ciudadana, con miras a formar gente protagonista de la construcción de una nueva sociedad, libre, solidaria, de desarrollo compartido, fraterna y pacífica, de calidad ética y espiritual de vida.  Aportes como Armagedón de José Ignacio Moreno León (Universidad Metropolitana 2009), ofrecen en este sentido valioso material para una nueva educación en perspectiva de un genuino humanismo en tiempos de globalización. La Doctrina Social de la Iglesia va en esa dirección ¡Atención:  ¡el ciudadano no nace, se hace!

    Este año 2024 el soberano venezolano, con la ayuda de líderes genuinos servidores, debe superar su parálisis y dar un salto en corresponsabilidad ciudadana hacia una efectiva refundación del país. Para ello ha de tomar viva conciencia de su deber ser ciudadano y poner por obra su potencial electoral con miras al obligante cambio histórico que introduzca de veras a la nación en el nuevo siglo y el nuevo milenio que el calendario señala.