“El día 28 de julio debe ser un día de fiesta democrática” ¿Quién lo dice?
Los obispos de Venezuela reunidos en asamblea plenaria, mediante su mensaje titulado
Caminar juntos con esperanza (11. 7. 2024).
Al hacer esta invitación, ellos no ignoran que hay profetas del desaliento”
(para quienes “nada se puede hacer”, “nada cambiará”) y que el acontecimiento
de julio “es un proceso electoral atípico, en el que no hay igualdad de
oportunidades para todos”. Pero sobre todo manifiestan la confianza en Dios,
reafirmada con la cita del profeta Isaías: “No temas, porque yo estoy contigo;
no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré” (Is 41,10). Y al
final del mensaje invocan a Dios, Trinidad Santísima, y a la Patrona nacional,
María de Coromoto, para que inspiren mentes y corazones y así “tomar el camino
más certero en los próximos años de vida democrática en nuestra patria”.
Los obispos manifiestan estar bien conscientes de la situación del país al
recordar: la “grave crisis que golpea al
pueblo”, “deterioro constante en los sistemas educativo, alimentario, de salud,
de servicios públicos, de participación ciudadana, de justicia y de libertades
tipificadas en la Constitución Nacional” y una autorreferencialidad de
instituciones públicas que sirven “sólo a una parcialidad política”. A esto
añaden “la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios
para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones
diversas a la opción gubernamental”, de modo que “es desleal y falta de toda
ética política lo sucedido hasta ahora”. Pudieran haber agregado aquí el drama
de los presos políticos, que habían denunciado ya anteriormente.
A dos instituciones públicas claves en el proceso electoral hacen los
obispos exigencias muy concretas: a la electoral y a la militar. Al Consejo
Nacional Electoral lo emplazan: “Es hora de que ejerza su autonomía e independencia
(…) y vele por un acto electoral ajustado a la Constitución Nacional y normas
electorales. No pueden quedar dudas del proceso y de los resultados en bien de la
paz y serenidad del pueblo venezolano”. Y a la Fuerza Armada, cuyo papel “es
fundamental como garante de la institucionalidad democrática (… y) su misión consiste
en servir al pueblo soberano, respetando y haciendo respetar la voluntad
popular expresada en el voto, y garantizando el orden y la paz en todo el
territorio nacional”.
La especial importancia de estas elecciones presidenciales la pone de relieve el Episcopado cuando
afirma: “En el próximo período de gobierno hay retos de primer orden para quien
salga elegido: la reinstitucionalización del Estado y del País, promover la
separación de los poderes del Estado, la promoción y respeto a los derechos humanos,
el diseño de una nueva economía que genere puestos de trabajo y salario digno,
el mejoramiento de los servicio públicos, reconfigurar el sistema educativo (…)
fortalecer el sistema de salud para una atención digna y eficaz a los enfermos,
luchar contra la pobreza y la corrupción, promover el respeto a la libertades ciudadanas
y de expresión”. A esto podríamos añadir: repoblar el país procurando el
regreso de tantos y el cese de la masiva emigración.
Elogio de la democracia y valoración de la política. Son dos aspectos de
particular insistencia en el documento episcopal. Y fundamentales para la
refundación del país. En este sentido los obispos subrayan la necesidad de una
efectiva participación ciudadana y la obligación moral que esto implica; citan
oportunamente advertencias y recomendaciones del Papa Francisco. Se recalca el
reto de un serio compromiso para hacer de la política “una herramienta para el
progreso y la convivencia solidaria”.
Cuando los obispos venezolanos invitan a convertir el 28 Julio en “un día
de fiesta democrática” no lo hacen en un arranque de entusiasmo y deseo superficiales,
sino conscientes de la gravísima crisis nacional y de los muy desafiantes desafíos
que ésta plantea; pero también y sobre todo, confiados en el auxilio divino y
en las potencialidades de nuestro pueblo para retomar su vocación y obligación
de soberano democrático.