TOTALITARISMO: DEIFICACIÓN DEL PODER

 

    Totalitarismo es un término relativamente reciente, distintivo de dictaduras contemporáneas como fascismo, nazismo y comunismo.

    Según la doctrina totalitaria ninguna actividad social (económica, política, cultural) es autónoma, con garantías específicas, frente al Estado. Éste se erige como absoluto y exige subordinación total de individuos, grupos, clases, instituciones. Un fenómeno de los nuevos tiempos, pues en el pasado no se dio una tal concentración y penetración capilar del poder. Maquiavelo se quedó corto, pues el dominio político, la “razón de estado” no tenía tantas pretensiones de totalización. Los avances tecnológicos contemporáneos comunicacionales con su potencialidad de control total, ha posibilitado una agudización e interiorización de la manipulación estatal.

    El totalitarismo es así, por naturaleza y pretensión, ateo o ateizante. Es auto deificante, se erige como dios al exigir adhesión total de cuerpo y espíritu, individuo y comunidad.  Expresiones como “por las buenas o por las malas”, refiriéndose a obligantes comportamientos sociales, son bien indicativas al respecto. El Estado (con su Fuhrer, Duce, jefe) determina lo que el súbdito debe pensar, decidir y actuar.

    Un régimen totalitario, aunque puede tocar fondo también en lo que Hannah Arendt llamó “banalización del mal”, no tiene futuro por su condición antinatural. La historia es devenir de seres inteligentes y libres, llamados connaturalmente a con-vivir y compartir, aunque en cuanto frágiles y pecadores, están siempre expuestos al mal.

    En lo tocante a la Iglesia, el Papa Pío XI fue claro en su denuncia y actitud frente a los totalitarismos en el emerger mismo de éstos, de lo cual testimonian sus documentos Non abbiamo bisogno (1931) frente al fascismo, Mit brennender Sorge” (1937) respecto del nazismo y Divini Redemptoris sobre el comunismo. 

En Venezuela el Episcopado, explícitamente, -precisando lo que muchos no han hecho o no se han atrevido a hacer- ha identificado y condenado el carácter totalitario del actual Régimen, desde su propuesta de reforma constitucional en 2007:

1.        “Un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar (cf. Discurso ante el Congreso de Angostura) y también contrario a la naturaleza del ser humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio absoluto del Estado sobre la persona” (Exhortación sobre la propuesta de reforma constitucional, 19.10.2007)

2.      “La raíz de los problemas (del país) está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizado que el gobierno se empeña en mantener” (Exhortación del 12. 7. 2016, citado en la del 12. 1. 2018)

3.      De la actual situación “La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado Socialismo del Siglo XXI)” (CEV. Exhortación del 13. 1. 2017).

4.      “(…) la nación se ha venido a menos, debido a la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto, ineficiente, manipulador” (Presidencia CEV, Mensaje del 19.3.2018).

5.      “La consulta electoral realizada a fines del mes de mayo, a pesar de todas las voces -entre ellas la nuestra- que advertían de su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma, sólo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante. La altísima abstención (…), es un mensaje silencioso de rechazo, dirigido a quienes quieren imponer una ideología de corte totalitario, en contra de la mayoría de la población” (CEV, Exhortación “No temas, yo estoy contigo” 11.7.2018).

6.      “Vivimos en un régimen totalitario e inhumano en el que se persigue a la disidencia política con tortura, represión violenta y asesinatos (…)” (Carta fraterna del 10.10.2020

7.      “(…) el régimen se consolida como un gobierno totalitario, justificando que no se puede entregar el poder a alguien que piense distinto” (Exhortación 10 julio 2020).

 

El totalitarismo en el siglo XXI no es, por tanto, una monstruosidad sólo del pasado o de otras tierras. Es amenaza-realidad en un espacio que se proclama “liberado” por Bolívar.

 

 

ENERO 2025: REENCUENTRO NACIONAL

 

    Se dijo repetidamente antes del 28 de julio y en circunstancias similares anteriores que “por las buena o por las malas” el Régimen habría de continuar. Porque había “venido para quedarse”. Un principio generador, obviamente, de una lógica impositiva, predeterminante.

    Frente a un tal razonamiento suena contradictorio uno de los Principios Fundamentales -el artículo 5- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

    Una premisa de fuerza como la referida desencadena, por tanto, una lógica dictatorial en violación flagrante y cínica de nuestra Carta Magna. Esta lógica se manifiesta de modo inmediato y patente también en contradicción con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, a tres años de haber concluido una tragedia que costó decenas de millones de vidas y estampó páginas vergonzosas de historia humana.

    Nuestra Constitución, si bien no es “la mejor del mundo”, ofrece un contenido positivo en la línea de los derechos humanos y en dirección democrática. El problema es que su uso se ha quedado en gran medida en simple exhibición del “librito”, sin aplicación efectiva en muchos puntos substanciales. Peor todavía, los elogios oficiales a dicho texto han sido acompañados por una permanente y desfachatada violación de los preceptos constitucionales. Resulta lamentable también la ausencia de una educación básica de la ciudadanía en materia tan fundamental. En esta materia las instituciones religiosas han tenido también gran parte de culpa, al no integrar debidamente en la formación de los creyentes lo relativo a derechos humanos y orientación social en general. 

    El escenario nacional en estos días terminales de 2024 plantea un gravísimo desafío histórico. El dilema es claro: o se obedece a la decisión del soberano, expresada de modo patente en la jornada electoral del 28 de julio, o se impone una decisión de fuerza violatoria de nuestra Constitución y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A 200 años de proclamada la Independencia de Venezuela se cierne sobre la República una imposición de fuerza, que estima vanas la sangre derramada y las bellas ilusiones generadas por la libertad, al tiempo que contradice principios básicos de un auténtico humanismo y de una cristiana convivencia.

    El círculo maligno, sin embargo, no se ha cerrado. El espacio para una salida democrática, un acuerdo razonable, un encuentro sensato, si bien se estrecha, brinda todavía una oportunidad. El sector oficial debe pensar que aceptar el cambio querido por el soberano no se identifica con una pérdida total definitiva.  No se está ante el “todo o nada”. Está en juego, sin duda, algo muy importante como es la Presidencia de la República; pero no el ejercicio de todos los poderes del Estado. El Título IV de la Constitución se abre con el artículo 136 que dice así: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.  Por lo demás, otras elecciones figuran en el horizonte. No estamos, por tanto, en el fin de la historia.

    Como miembro del cuerpo episcopal de la Iglesia en Venezuela, que ha reconocido el cambio querido por el soberano el 28 Julio, lanzo en este momento crucial del país un grito, un urgente llamado de amor patriótico, de sensatez republicana, para que Gobierno y Oposición tejan una transición presidencial que pacifique al país, tan golpeado y angustiado en estos últimos años y tan urgido de un reencuentro nacional democrático, fraterno. ¡Dios lo quiere! 

      

 

 

OBISPOS Y NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

El Episcopado venezolano ha fijado su posición frente a las recientes elecciones presidenciales. La leemos en la Declaración publicada el pasado l7 de octubre, con ocasión de su XLV Asamblea Extraordinaria, convocada “para orar y reflexionar sobre la realidad social, política y eclesial del país”. Dicho mensaje es lacónico (menos de una página) y la motivación que da es porque “Ha resonado insistentemente en nuestra mente y corazón las palabras del Señor Jesucristo la verdad los hará libres” (Jn 8,31). Una verdad que, por tanto, incluye, pero no se reduce a sus dimensiones legal y política, sino que es fundamentalmente moral, es decir, del orden de la convicción basada en la razón.

En tres puntos puede resumirse la substancia de la Declaración:

1.      En el “proceso comicial realizado el pasado 28 de julio (…) se evidenció la voluntad de cambio del pueblo venezolano”.

2.      “(…) queremos reiterar el llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que, conforme a lo establecido en La Constitución y las leyes publique en forma detallada los resultados del proceso”.

3.      “La presentación de los resultados es un paso esencial para conservar la confianza de los ciudadanos en el voto y recuperar el verdadero sentido de la política. Sólo así podremos avanzar juntos hacia la construcción de una Venezuela democrática y en paz”.

Estos puntos reclaman un par de precisiones. La primera: el llamado al CNE, necesario, es con todo, insuficiente, porque el poder se ha encargado de despojarlo de sus atribuciones legales. La segunda: se requiere no tanto conservar la confianza, perdida, sino recuperarla, y sobre el sentido de la política, más que presentar resultados, es preciso restaurar la credibilidad y prestigio de la institución electoral.   

Luego de esta firme toma de posición respecto del proceso comicial, los Obispos manifestamos una denuncia formal: “Rechazamos de manera categórica la represión de las manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos humanos ocurridas después de las elecciones. Exigimos la liberación de los detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad”.

El Episcopado define así el sentido de toda conducción legítima del país, en base a fundadas urgencias nacionales, a imperativos morales, y también, de modo claro y manifiesto, a la decisión expresa del pueblo venezolano, en el cual, según la Constitución (CRBV 5), “reside intransferiblemente” la soberanía. En efecto, el 28 de Julio, la ciudadanía, con mayoría multitudinaria y festiva, manifestó su “voluntad de cambio” respecto de la conducción del Estado eligiendo al nuevo Presidente, que lo ha de liderar, a partir del próximo Enero.

En efecto, quienes salimos a votar el 28 de Julio pudimos advertir, con satisfacción y esperanza, cómo la gente, en nutridos grupos, formaba colas en pacífica convivencia y con una actitud espontánea de confianza y optimismo.  Los resultados que pronto comenzaron a circular, desde los más distintos sitios del país, marcaron desde el inicio una fuerte tendencia, favorable al cambio, la que se transformó muy pronto en impresionante mayoría a lo largo y ancho del   país. Contra facta non valent argumenta es un dicho latino que puede traducirse: contra los hechos no valen malabarismos conceptuales ni maniobras fraudulentas. Es lo que también a nivel internacional se ha venido convirtiendo en interpretación compartida.

Expresa también la Declaración: “Manifestamos la disposición de la Iglesia a promover iniciativas que contribuyan a la solución pacífica de las diferencias”. Aquí los Obispos reflejamos el anhelo general nacional de un reencuentro pacífico de nuestro pueblo. En lo que va de siglo (y de milenio) el país ha sufrido un encrespamiento general; desde los órganos del poder, se ha alimentado una división tipo maniqueo entre “buenos” y “malos”. Se ha tratado de imponer un fundamentalismo político-ideológico mediante un proyecto que el Episcopado ha calificado de totalitario. Dicho proyecto excluye el pluralismo democrático y la alternancia en el poder, meridianamente afirmados en la Constitución y expresivos de una genuina visión humanista y una concepción cristiana del relacionamiento social.

Con esta Declaración el Episcopado ratificó que el 28 J se inició una nueva era de esperanza para nuestra Patria.