El Episcopado venezolano ha fijado su
posición frente a las recientes elecciones presidenciales. La leemos en la Declaración
publicada el pasado l7 de octubre, con ocasión de su XLV Asamblea
Extraordinaria, convocada “para orar y reflexionar sobre la realidad social,
política y eclesial del país”. Dicho mensaje es
lacónico (menos de una página) y la motivación que da es porque “Ha resonado
insistentemente en nuestra mente y corazón las palabras del Señor Jesucristo la
verdad los hará libres” (Jn 8,31). Una verdad que, por tanto,
incluye, pero no se reduce a sus dimensiones legal y política, sino que es fundamentalmente
moral, es decir, del orden de la convicción basada en la razón.
En tres puntos puede resumirse la
substancia de la Declaración:
1.
En el
“proceso comicial realizado el pasado 28 de julio (…) se evidenció la voluntad
de cambio del pueblo venezolano”.
2.
“(…)
queremos reiterar el llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que,
conforme a lo establecido en La Constitución y las leyes publique en forma
detallada los resultados del proceso”.
3.
“La
presentación de los resultados es un paso esencial para conservar la confianza
de los ciudadanos en el voto y recuperar el verdadero sentido de la política.
Sólo así podremos avanzar juntos hacia la construcción de una Venezuela
democrática y en paz”.
Estos puntos reclaman un par de
precisiones. La primera: el llamado al CNE, necesario, es con todo,
insuficiente, porque el poder se ha encargado de despojarlo de sus atribuciones
legales. La segunda: se requiere no tanto conservar la confianza, perdida, sino
recuperarla, y sobre el sentido de la política, más que presentar resultados,
es preciso restaurar la credibilidad y prestigio de la institución electoral.
Luego de esta firme toma de posición
respecto del proceso comicial, los Obispos manifestamos una denuncia formal: “Rechazamos de manera categórica la represión de
las manifestaciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los
derechos humanos ocurridas después de las elecciones. Exigimos la liberación de
los detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad”.
El Episcopado define así el sentido de toda
conducción legítima del país, en base a fundadas urgencias nacionales, a imperativos
morales, y también, de modo claro y manifiesto, a la decisión expresa del
pueblo venezolano, en el cual, según la Constitución (CRBV 5), “reside
intransferiblemente” la soberanía. En efecto, el 28 de Julio, la ciudadanía, con
mayoría multitudinaria y festiva, manifestó su “voluntad de cambio” respecto de
la conducción del Estado eligiendo al nuevo Presidente, que lo ha de liderar, a
partir del próximo Enero.
En efecto, quienes salimos a votar el 28 de
Julio pudimos advertir, con satisfacción y esperanza, cómo la gente, en nutridos
grupos, formaba colas en pacífica convivencia y con una actitud espontánea de
confianza y optimismo. Los resultados
que pronto comenzaron a circular, desde los más distintos sitios del país, marcaron
desde el inicio una fuerte tendencia, favorable al cambio, la que se transformó
muy pronto en impresionante mayoría a lo largo y ancho del país. Contra facta non valent argumenta
es un dicho latino que puede traducirse: contra los hechos no valen
malabarismos conceptuales ni maniobras fraudulentas. Es lo que también a nivel
internacional se ha venido convirtiendo en interpretación compartida.
Expresa también la Declaración: “Manifestamos
la disposición de la Iglesia a promover iniciativas que contribuyan a la
solución pacífica de las diferencias”. Aquí los Obispos reflejamos el anhelo
general nacional de un reencuentro pacífico de nuestro pueblo. En lo que va de
siglo (y de milenio) el país ha sufrido un encrespamiento general; desde los
órganos del poder, se ha alimentado una división tipo maniqueo entre
“buenos” y “malos”. Se ha tratado de imponer un fundamentalismo
político-ideológico mediante un proyecto que el Episcopado ha calificado de
totalitario. Dicho proyecto excluye el pluralismo democrático y la alternancia
en el poder, meridianamente afirmados en la Constitución y expresivos de
una genuina visión humanista y una concepción cristiana del relacionamiento
social.
Con esta Declaración el Episcopado ratificó
que el 28 J se inició una nueva era de esperanza para nuestra Patria.
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