Bastante conocida es la respuesta dada por Jesús a la maliciosa pregunta
formulada por algunos fariseos y herodianos -partidarios de la dinastía
reinante y de la autoridad del emperador romano- acerca de la licitud o no del
pago del tributo al régimen. Éste se concretaba en una moneda con la imagen e
inscripción correspondientes al emperador. Así respondió: “lo del César
devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios” (Mateo 22, 21).
Esta respuesta se ha tornado paradigmática con respecto al reconocimiento
de la autoridad civil y religiosa por parte de los creyentes. Distinción que no
implica oposición, sino especificidad delimitante
de competencias. “Cada loro en su
estaca” sería el refrán ilustrativo de una relación bien seria, generadora no
raras veces de graves confusiones y conflictos.
Todo esto sea dicho a propósito de lo que de modo oficial se acaba de poner
sobre el tapete nacional, a saber, una reforma constitucional semejante a la denunciada
públicamente por el Episcopado el 19 de octubre de 2007 (en la Exhortación Llamados
a vivir en libertad) y rechazada ulteriormente por decisión ciudadana. No
todo lo que hace o pretende el César es de por sí lícito, pues tiene sus condiciones.
Entre los considerandos que entonces plantearon los obispos contra la propuesta
de implantar un “Estado socialista” de tipo marxista-leninista estaba el que
una tal proposición era contraria a 1) principios fundamentales de la actual
Constitución, 2) “al pensamiento del Libertador Simón Bolívar (cf. Discurso
ante el Congreso de Angostura)”, 3) y también “a la naturaleza personal del ser
humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio absoluto
del Estado sobre la persona”.
El positivismo jurídico carece de ética justificación. La pura forma no
totaliza la substancia. Recordemos, a título de ejemplo, las leyes antisemitas,
inhumanas, de Nuremberg en la Alemania nazi. Muy oportunamente el Episcopado
venezolano planteó entonces: “Dios nos ha creado como personas libres con
capacidad de organizar la vida personal y la vida social. Vida y libertad son
inseparables. Dios libera, porque es el Dios de la vida; se revela en la
historia liberando a su pueblo, no quiere que ninguna nación esté esclavizada o
dominada por otras, ni por sus propias autoridades (…) La libertad es un derecho
fundamental innato en cada ser humano, que no tienen otros límites que la
libertad y los derechos de los demás”. La cuestión es bien clara: “El Estado
existe para la persona y para el pueblo, y no al revés”.
Desde lo alto del poder se ha venido tratando de acostumbrar los oídos del
soberano venezolano (CRBV 5) a la conseja de “por las buenas o por las malas”.
Se la exhibe como principio operativo oficial, para imponer diktats tiránicos
y totalitarios. Refleja una concepción de la autoridad como poder absoluto,
omnímodo, sin otra limitación que ella misma. Absoluto -y por cierto, bueno y
misericordioso- es sólo Dios, creador del ser humano, libre, social, político
(ciudadano). El totalitarismo, diabólico, tiene una fundamentación, explícita o
implícita, atea.
La actual Constitución no es, obviamente, perfecta. Es, por tanto, mejorable.
Pero –“un pero tan importante como todos los peros” enfatizaba mi profesor de
Derecho en la Universidad Central (UCV), Luis Villalba Villalba- en una línea de genuina legitimidad, en forma
y fondo. Oportunamente el Episcopado venezolano señaló en su documento de 2007:
“el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún
el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores,
corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos
políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una
modificación de la Carta Magna debe apoyarse en el mayor consenso
posible”.
El Concilio Vaticano II estampó esta declaración: “El principio, el sujeto
y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana”
(GS 25).
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