Momento saliente de la posición
de la Conferencia Episcopal Venezolana en esta materia fue su Exhortación del
19 de octubre 2007 sobre la propuesta de reforma constitucional para establecer
un “Estado Socialista” (Art.6 de la propuesta). En dicho documento leemos: 1)
“por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del
sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la
convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia”; y 2) “la proposición de un Estado Socialista es contraria a principios fundamentales de la
actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado”.
En artículos anteriores he citado los documentos en que los obispos
han reafirmado esta posición, afianzada por hechos probatorios de la
negatividad del proyecto oficial socialista en nuestro país. Nada extraño, por
lo demás, pues la historia contemporánea muestra de modo patente el fracaso general
del modelo socialista marxista.
La mayoría de los venezolanos
rechazó en su momento la propuesta de reforma socialista (la cual, sin embargo,
se ha venido imponiendo progresivamente de manera abusiva y descarada). Y ha ratificado
su rechazo, de modo contundente e inequívoco, el 6D. En consecuencia, la
política oficial “socialista” (castro-marxista) del régimen ubica a éste,
automáticamente, en el campo de la
ilegitimidad e inconstitucionalidad. Por lo demás, bastaría para
comprobarlo, en cuanto a lo jurídico, echar un vistazo a nuestra Carta Magna (aunque fuese sólo al Preámbulo);
y en cuanto a legitimidad y moralidad, dar una hojeada a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
El Art. 21,3
de la Declaración y el 5 de nuestra Constitución hablan del soberano como base del poder público.
Pues bien, en Venezuela la voluntad de la base popular se manifestó con claridad hace unos dos meses.
¿Pero qué está sucediendo?
El Gobierno, que
hasta el pasado 5 de enero tenía en su mano todos los poderes y presumía del apoyo
del soberano, se resiste ahora a reconocer la voluntad del pueblo, como si éste
fuese respetable sólo en la medida en
que se ajuste al patrón político-ideológico de la Nomenclatura. ¿Resultado? Si el pueblo mayoritariamente disiente del
Partido-Gobierno-Comandante, ya no cuenta y la representación popular es entonces
descalificada y hostigada.
Sin entrar en el historial
pre-6D, decisiones recientes del TSJ lo muestran como Poder subordinado a la
voluntad del PSUV-Ejecutivo-Presidente, lo cual no favorece en modo alguno el
ambiente de confianza, convivencia y encuentro, fundamental para que este país
pueda salir adelante. El TSJ se exhibe como soporte de un régimen ilegítimo e
inconstitucional, con lo cual cae él mismo en
ilegitimidad e inconstitucionalidad. No basta tener poder, y mucho, sólo de facto.
El Art. 2 de la nuestra
Constitución explicita como valores superiores del ordenamiento jurídico y de la
actuación del Estado venezolano: “la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político”.
La nación urge un cambio de rumbo
hacia la recuperación de la legitimidad y constitucionalidad del Poder Público,
apoyándose en la Asamblea Nacional, que acaba de ser elegida por el soberano.
El cambio debe apuntar a un nuevo Gobierno. Y a la reestructuración del TSJ.
Éste debe recuperar su autonomía, distinguirse por su talante de dignidad, moderación
y equilibrio, así como por una perceptible transparencia y eticidad. Tiene
que pasar de tsjustificador de lo inaceptable a genuino Tribunal Supremo de
Justicia.
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