Las cadenas radiotelevisivas del Presidente y de entes
públicos en el actual régimen son una abierta y desfachatada manera de querer
imponer a los venezolanos un “pensamiento único”, lo cual, aparte de inmoral,
constituye una flagrante violación de la Constitución. Ésta desde su articulado
básico identifica al Estado con notas como democracia, preminencia de los
derechos humanos y pluralismo político (CRBV 2).
Hay algo que, lamentablemente, ha preparado en algún modo el terreno en nuestro país a esta situación y es la idea, en general
aceptada, de que los medios de comunicación social (MCS) de propiedad del Estado son para uso
discrecional del Gobierno y, peor del partido de Gobierno. Tal idea, que se
ponía en práctica con alguna mesura en el pasado, se traduce hoy en patente manejo monopólico.
Se los usa como propiedad privada del
Presidente y de su Partido.
Y hay más. Esta
concepción y praxis hegemónicas
en Venezuela se inscriben actualmente en el marco de un proyecto
político-ideológico comunista, que por lo totalitario, busca controlar y
apropiarse de todo medio de comunicación,
siguiendo así un patrón de comportamiento fundamentalista.
Cuando uno lee los artículos 57 y 58 de la Constitución
percibe de inmediato el abismo existente entre las normas de la Carta Magna y
la realidad concreta del país. De un
lado tenemos la afirmación del derecho a la expresión libre de pensamientos,
ideas y opiniones, a la comunicación libre y plural, a la información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura; del otro, un acaparamiento comunicacional por parte del Gobierno,
que incluye cierre de medios, control
total del papel periódico, atosigantes cadenas
presidenciales y muchas otras formas de lavar la mente de la población.
Urge que de parte de la oposición democrática y de la
sociedad civil organizada se ponga por obra la debida concientización, la
necesaria resistencia, así como variadas presiones e iniciativas que provoquen
un cambio en este campo, comenzando por el que se tiene que actuar en el campo
legislativo. Importa oponerse a la expropiación ilegal de propiedades y a la
absorción del mercado por parte del Gobierno, pero más todavía a la apropiación
y al control político-ideológico de los MCS y de los organismos que tienen que
ver con la comunicación en su conjunto.
Es preciso recordar lo clave de la comunicación en la vida y
funcionamiento de la convivencia humana. La cultura es fundamentalmente
comunicación y en esta etapa histórica lo es doblemente por el salto
científico-tecnológico que se está dando en este ámbito. El pienso, luego existo cartesiano pudiera traducirse hoy por me comunico, luego existo. Eso lo
aprovechan muy bien quienes buscan apoderarse de las mentes y corazones de los seres humanos, convirtiendo los
MCS en MM(Manipulación)S. Se debe subrayar
que el derecho a la comunicación, como
expresa Antonio Pasquali, “pertenece al grupo de derechos humanos primigenios y
orgánicos” (18 ensayos sobre
comunicaciones, p.45). Está de
por medio la realización misma del animal
político, la libre con-vivencia y la calidad de la reciprocidad.
Los MCS del Estado son de éste, de la nación, de la
ciudadanía. No del Gobierno ni de un partido. Requieren, por tanto, una
administración y manejo especiales, interinstitucional, plural, en concordancia
con la naturaleza y fines del Estado democrático. Han de ser un genuino
servicio público y con una finalidad también modélica respecto de los medios no
estatales, que tienen que interpretarse y utilizarse también en perspectiva
servicial en la medida en que se lanzan al público.
Una indeclinable tarea en esta línea se pone en primer
término a la Asamblea Nacional en cuanto a reformulación y reestructuración de
los MCS del Estado. Pero la sociedad civil en su conjunto debe conquistar y
ejercer el protagonismo que le corresponde. La comunicación no es algo
sectorial en la convivencia, en la polis.
Construye su entraña y la cubre en su totalidad.