El
Episcopado venezolano ha utilizado la categoría moralmente inaceptable para
calificar al presente Régimen. Hay dos referencias claves al respecto. La
primera, con ocasión de la propuesta de reforma constitucional en 2007; la
segunda, a propósito de este 10 de enero.
La
Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la propuesta de reforma para instaurar
un estado socialista (marxista-leninista, estatista), por ser ésta “contraria a
principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de
la persona y del Estado (…) excluye a sectores políticos y sociales del país
que no están de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y
representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos”. Agregó: “por
cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema
democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia
social, la considera moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia” (Exhortación Llamados a vivir
en libertad, 19 octubre 2007). La propuesta, rechazada entonces por el
pueblo soberano, el Régimen la ha venido imponiendo al margen de toda legalidad
y legitimidad.
El mismo Episcopado, en asamblea plenaria de
la semana pasada, ante la ilegítima pretensión del ciudadano Nicolás Maduro de
continuar ejerciendo la gestión presidencial, afirmó: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y
pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es
moralmente inaceptable!” (Exhortación Lo
que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron
(Mt 25,40), 9 enero 2019).
A propósito de estos calificativos resulta oportuno recordar
aquí tres niveles de identificación del comportamiento humano: fáctico, legal y
ético. El primero se refiere a lo que simplemente se da, de facto, y que puede,
ser medido en encuestas e investigaciones sociales. El segundo (jurídico) apunta al actuar humano
según se conforma o no a la Constitución y las leyes (de iure); el calificativo aquí es legal o ilegal, sin más, El
tercero (ético) juzga la concordancia del actuar con la condición y la dignidad
del ser humano, así como con los derechos (“derecho natural”) y deberes que de ellas
se derivan; el calificativo correspondiente es moral o inmoral. Estos tres
planos están llamados a conjugarse y armonizarse en una convivencia de calidad
humana y social. Sin embargo, la realidad histórica abunda en divorcios y
contradicciones. No todo actuar de hecho se ajusta a la ley, ni toda ley
(también de rango constitucional) puede automáticamente conceptuarse como moral.
El adjetivo legítimo-ilegítimo, si bien suele utilizarse también en el ámbito
jurídico, se aplica más propiamente en el campo ético.
Lo “moralmente inaceptable”, por tanto, es una falla que
va más en profundidad que lo ilegal e inconstitucional. Lo moral, en efecto, tiene
que ver con el ser y el actuar humanos en su mayor hondura y dignidad; guardando,
por consiguiente, una ligazón estrecha con lo religioso. Para el creyente lo ético
expresa operativamente el relacionamiento (religatío)
con Dios. Gandhi, M.L. King, Mandela y Mons. Romero en su denuncia, anuncio y
compromiso, ponían el acento fundamental en lo que estimaban más trascendente
del ser humano.
La política entra en todo, pero no lo es todo. La Iglesia
y, consiguientemente, sus pastores, han de entrar necesariamente en lo político, lo concerniente al
bien-ser/bien-estar de la polis (ciudad,
convivencia); y ello en la perspectiva moral y religiosa que les corresponde,
la cual tiene que ver con lo más profundo y definitoriamente humano. El
criterio del Juicio Final según san Mateo 25 40, es claramente indicativo al
respecto: el amor a Dios pasa ineludiblemente por el amor al prójimo. Bastante repetido
en la enseñanza de la Iglesia es que: “todo atropello a la dignidad del hombre
es atropello al mismo Dios, de quien es imagen”. ¡La gloria de Dios es que el
hombre viva!, se dijo desde antiguo.
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