POSICIÓN DEL EPISCOPADO VENEZOLANO

En vista de los acontecimientos políticos de estos iniciales días de 2019 me parece oportuno exponer sintéticamente la última toma de posición de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la realidad nacional. La formuló en su Exhortación de la asamblea plenaria de julio pasado. Por cierto, justo la próxima semana, del 7 al 12, se tendrá una nueva asamblea general ordinaria de los Obispos (la primera de las dos que estatutariamente, en enero y julio, se tienen cada año).

En este artículo me ceñiré estrictamente a lo expresado por los Obispos.

Con respecto a la crisis del país dicen: “sin temor a equivocarnos (la) calificamos como una gran tribulación (Cfr. Ap 12, 7-12) “. Añaden que es “cada vez más grave” y destacan lo siguiente: “Una de las situaciones que clama dramáticamente desde su silencio es el fenómeno de la emigración. Venezuela se ha ido convirtiendo en un país en diáspora”, con todo lo que eso significa de dramas personales y familiares y de pérdidas para el país.

Los Obispos afirman: “El principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria”. Agregan:” Ignorar al pueblo, hablar indebidamente en su nombre, reducir ese concepto a una parcialidad política o ideológica, son tentaciones propias de los regímenes totalitarios, que terminan siempre despreciando la dignidad del ser humano”.

Sobre la consulta electoral de mayo, cuya ilegitimidad, extemporaneidad y graves defectos de forma advirtieron, dicen que “sólo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante. La altísima abstención, inédita en un proceso electoral presidencial, es un mensaje silencioso de rechazo, dirigido a quienes quieren imponer una ideología de corte totalitario, contra el parecer de la mayoría de la nación”. Luego de señalar que desde el poder “se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la libertad de elegir a sus gobernantes”, hacen esta seria aseveración: “Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo”. De inmediato ponen de relieve “Las actitudes de prepotencia, autoritarismo y abuso de poder, así como la constante violación de los derechos humanos”.

Con respecto a qué hacer, los Obispos comienzan por recordar la invitación divina “a no tener miedo, conscientes por nuestra fe, de que no estamos solos, sino que el Señor nos acompaña y nos fortalece en nuestras vicisitudes (…) la oración, el ofrecimiento del sacrificio y de las horas adversas nunca serán inútiles”. Y luego advierten que, sin pretender sustituir en su papel y vocación a los políticos, “ni convertirse en factor de gobierno o de oposición”, estimulan al laicado a intervenir activamente en la palestra política y alientan a la sociedad civil a comprometerse con el país.

Los Obispos animan aquí “a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a los particos políticos, a exigir la restitución del poder soberano al pueblo, utilizando los medios que contempla nuestra Constitución”. A los líderes de la oposición les dice que “deben ofrecer al pueblo alternativas de cambio”. Y exhortan “a la Fuerza Armada a que se mantenga fiel a su juramento ante Dios y la Patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica”.

Finalmente, el Episcopado se compromete junto a las instituciones y organizaciones de la Iglesia a “continuar y reforzar” la acción solidaria, favoreciendo también “un cambio estructural en pro de la transformación de nuestra sociedad”. Agregan: “puesta la confianza en Dios, afiancemos las exigencias en favor de la justicia y la libertad”.

Concluyo con una observación mía. En la línea de su misión evangelizadora, la Conferencia Episcopal Venezolana asume, pues, una posición profética, activa, clara y corresponsable, ante la gravísima crisis nacional, promoviendo el cambio de rumbo que urge el país.