IGLESIA Y MUNDO

El fin de semana pasado se cumplió el sexagésimo aniversario del Concilio Vaticano II. En efecto, el 25 de enero de 1959 el Papa Juan XXIII comunicó en la Basílica San Pablo Extramuros de Roma su propósito de convocar dicho sínodo ecuménico, el cual habría de recoger, madurar y relanzar ulteriormente la renovación de la Iglesia, que venía abriéndose paso en las últimas décadas.

Uno de aspectos más salientes del Vaticano II fue la reformulación del ser y de la misión de la Iglesia en el mundo, en términos de servicio, diálogo y compartir. Sumamente expresiva en tal sentido resulta la introducción del segundo de sus dos principales documentos, La Constitución  Gaudium et Spes: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo (…) La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de sus historia” (GS 1). Se definió a la Iglesia como signo e instrumento del plan de comunión de Dios para la humanidad, el cual consiste en la unidad humano-divina e interhumana.

A diferencia de la auto interpretación corriente y de vieja data, el mundo no aparece ya ante la Iglesia como algo separado, extraño, contrapuesto, con una historia paralela y un fin distinto, sino como un devenir, en cuya entraña la Iglesia existe con una misión liberadora y unificante. El mundo “es la entera familia humana (…, con sus afanes, fracasos y victorias (…) fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo”, para que llegue a su perfección según el plan divino (GS 2); es tiempo, pues, de claroscuro, pero con un horizonte luminoso. Se percibe en este cambio un giro copernicano: el mundo no gira ya alrededor de la Iglesia, sino que ésta existe para que el mundo se perfecciones interiormente y llegue a su plenitud en el amor. Por eso la justicia y la solidaridad, la libertad el progreso, la fraternidad y la paz son tareas que los cristianos hemos de entender como imperativos ineludibles, como voluntad de Dios. No son lo mismo entonces para la Iglesia la tiranía que la democracia, la opresión que el respeto de los derechos humanos, la injusticia que la solidaridad, el apartheid que la convivencia fraterna y pluralista. El cielo se comienza a vivir y construir desde aquí, en nuestro espacio y tiempo concretos. Fe y religión no son estupefacientes.

Ahora bien, es en este contexto renovador en el que el Vaticano II redefine positiva y dinámicamente al laico o seglar en el conjunto de la Iglesia. No lo interpreta ya como un ente pasivo, oyente y segundón, sino como verdadero protagonista en la Iglesia y en el mundo. Laico es, en este sentido, el fiel cristiano, creyente y bautizado (lo genérico), que tiene como propio y peculiar (lo específico) su ser y actuar en las realidades temporales (familia y sociedad; economía, política y cultura) como testimonio de Cristo y fermento de novedad según el Evangelio. El laico cristiano participa en la vida de la comunidad eclesial (ad intra), pero su misión propia está “afuera” (ad extra) en el ancho y largo mundo, construyendo una “nueva sociedad” correspondiente a la dignidad y vocación del ser humano.

La Iglesia está integrada en su casi totalidad por laicos; esto manifiesta, de modo patente, lo importante y decisivo del protagonismo laical para el presente y futuro del ser-quehacer de la Iglesia en el mundo. No en balde el Papa Francisco insiste en la necesidad de superar el tradicional “clericalismo”, lo cual no significa minimizar la importancia y necesidad de los pastores y religioso(a)s, pero sí redimensionar y relativizar su lugar y papel. 

Aplicando estas reflexiones a la realidad concreta de nuestra Venezuela, mayoritariamente cristiana católica ¡Quién no advierte el tremendo desafío que la actual grave crisis nacional plantea a la Iglesia, y en particular al laicado católico, en cuanto a compromiso por el necesario y urgente cambio del país hacia su reconstrucción y ulterior desarrollo, en la línea del estado de derecho, el pluralismo democrático, la justicia, la fraternidad y la paz?  

MORALMENTE INACEPTABLE

El Episcopado venezolano ha utilizado la categoría moralmente inaceptable para calificar al presente Régimen. Hay dos referencias claves al respecto. La primera, con ocasión de la propuesta de reforma constitucional en 2007; la segunda, a propósito de este 10 de enero.

La Conferencia Episcopal Venezolana rechazó la propuesta de reforma para instaurar un estado socialista (marxista-leninista, estatista), por ser ésta “contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado (…) excluye a sectores políticos y sociales del país que no están de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos”. Agregó: “por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la considera moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia” (Exhortación Llamados a vivir en libertad, 19 octubre 2007). La propuesta, rechazada entonces por el pueblo soberano, el Régimen la ha venido imponiendo al margen de toda legalidad y legitimidad.

El mismo Episcopado, en asamblea plenaria de la semana pasada, ante la ilegítima pretensión del ciudadano Nicolás Maduro de continuar ejerciendo la gestión presidencial, afirmó: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable!” (Exhortación Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron (Mt 25,40), 9 enero 2019).

A propósito de estos calificativos resulta oportuno recordar aquí tres niveles de identificación del comportamiento humano: fáctico, legal y ético. El primero se refiere a lo que simplemente se da, de facto, y que puede, ser medido en encuestas e investigaciones sociales.  El segundo (jurídico) apunta al actuar humano según se conforma o no a la Constitución y las leyes (de iure); el calificativo aquí es legal o ilegal, sin más, El tercero (ético) juzga la concordancia del actuar con la condición y la dignidad del ser humano, así como con los derechos (“derecho natural”) y deberes que de ellas se derivan; el calificativo correspondiente es moral o inmoral. Estos tres planos están llamados a conjugarse y armonizarse en una convivencia de calidad humana y social. Sin embargo, la realidad histórica abunda en divorcios y contradicciones. No todo actuar de hecho se ajusta a la ley, ni toda ley (también de rango constitucional) puede automáticamente conceptuarse como moral. El adjetivo legítimo-ilegítimo, si bien suele utilizarse también en el ámbito jurídico, se aplica más propiamente en el campo ético.

Lo “moralmente inaceptable”, por tanto, es una falla que va más en profundidad que lo ilegal e inconstitucional. Lo moral, en efecto, tiene que ver con el ser y el actuar humanos en su mayor hondura y dignidad; guardando, por consiguiente, una ligazón estrecha con lo religioso. Para el creyente lo ético expresa operativamente el relacionamiento (religatío) con Dios. Gandhi, M.L. King, Mandela y Mons. Romero en su denuncia, anuncio y compromiso, ponían el acento fundamental en lo que estimaban más trascendente del ser humano.

La política entra en todo, pero no lo es todo. La Iglesia y, consiguientemente, sus pastores, han de entrar necesariamente en lo político, lo concerniente al bien-ser/bien-estar de la polis (ciudad, convivencia); y ello en la perspectiva moral y religiosa que les corresponde, la cual tiene que ver con lo más profundo y definitoriamente humano. El criterio del Juicio Final según san Mateo 25 40, es claramente indicativo al respecto: el amor a Dios pasa ineludiblemente por el amor al prójimo. Bastante repetido en la enseñanza de la Iglesia es que: “todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es imagen”. ¡La gloria de Dios es que el hombre viva!, se dijo desde antiguo.

POSICIÓN DEL EPISCOPADO VENEZOLANO

En vista de los acontecimientos políticos de estos iniciales días de 2019 me parece oportuno exponer sintéticamente la última toma de posición de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la realidad nacional. La formuló en su Exhortación de la asamblea plenaria de julio pasado. Por cierto, justo la próxima semana, del 7 al 12, se tendrá una nueva asamblea general ordinaria de los Obispos (la primera de las dos que estatutariamente, en enero y julio, se tienen cada año).

En este artículo me ceñiré estrictamente a lo expresado por los Obispos.

Con respecto a la crisis del país dicen: “sin temor a equivocarnos (la) calificamos como una gran tribulación (Cfr. Ap 12, 7-12) “. Añaden que es “cada vez más grave” y destacan lo siguiente: “Una de las situaciones que clama dramáticamente desde su silencio es el fenómeno de la emigración. Venezuela se ha ido convirtiendo en un país en diáspora”, con todo lo que eso significa de dramas personales y familiares y de pérdidas para el país.

Los Obispos afirman: “El principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria”. Agregan:” Ignorar al pueblo, hablar indebidamente en su nombre, reducir ese concepto a una parcialidad política o ideológica, son tentaciones propias de los regímenes totalitarios, que terminan siempre despreciando la dignidad del ser humano”.

Sobre la consulta electoral de mayo, cuya ilegitimidad, extemporaneidad y graves defectos de forma advirtieron, dicen que “sólo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante. La altísima abstención, inédita en un proceso electoral presidencial, es un mensaje silencioso de rechazo, dirigido a quienes quieren imponer una ideología de corte totalitario, contra el parecer de la mayoría de la nación”. Luego de señalar que desde el poder “se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano: la libertad de elegir a sus gobernantes”, hacen esta seria aseveración: “Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de dignidad del pueblo”. De inmediato ponen de relieve “Las actitudes de prepotencia, autoritarismo y abuso de poder, así como la constante violación de los derechos humanos”.

Con respecto a qué hacer, los Obispos comienzan por recordar la invitación divina “a no tener miedo, conscientes por nuestra fe, de que no estamos solos, sino que el Señor nos acompaña y nos fortalece en nuestras vicisitudes (…) la oración, el ofrecimiento del sacrificio y de las horas adversas nunca serán inútiles”. Y luego advierten que, sin pretender sustituir en su papel y vocación a los políticos, “ni convertirse en factor de gobierno o de oposición”, estimulan al laicado a intervenir activamente en la palestra política y alientan a la sociedad civil a comprometerse con el país.

Los Obispos animan aquí “a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a los particos políticos, a exigir la restitución del poder soberano al pueblo, utilizando los medios que contempla nuestra Constitución”. A los líderes de la oposición les dice que “deben ofrecer al pueblo alternativas de cambio”. Y exhortan “a la Fuerza Armada a que se mantenga fiel a su juramento ante Dios y la Patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica”.

Finalmente, el Episcopado se compromete junto a las instituciones y organizaciones de la Iglesia a “continuar y reforzar” la acción solidaria, favoreciendo también “un cambio estructural en pro de la transformación de nuestra sociedad”. Agregan: “puesta la confianza en Dios, afiancemos las exigencias en favor de la justicia y la libertad”.

Concluyo con una observación mía. En la línea de su misión evangelizadora, la Conferencia Episcopal Venezolana asume, pues, una posición profética, activa, clara y corresponsable, ante la gravísima crisis nacional, promoviendo el cambio de rumbo que urge el país.

El IMPERATIVO 10 ENERO

Veremos qué pasa. Es una expresión muy frecuente ante un futuro incierto, cuyo desenlace se espera para tomar una decisión o ejecutar una acción. En este caso, en buena medida lo futuro aparece como quehacer ajeno y lo histórico como algo que acaece al margen de una intervención propia.

Ahora bien, el esperar que algo acontezca para determinarse a obrar es algo conveniente o inevitable en muchas ocasiones.  Al fin y al cabo, la historia es confluencia de múltiples libertades y se encuadra en un escenario también de necesidades. Estamos aquí ante el yo y la circunstancia de que hablaba Ortega.

El depender de que algo suceda no se justifica, sin embargo, cuando lo que está en la mira exige desde ya una definición y un ineludible compromiso. Aquí la historia interpela como imperativo a la propia libertad. En estos casos postula pasar de la expectativa a la acción y convertir el acontecimiento en propósito y meta.

Lo anterior se aplica de modo claro al próximo 10 enero como fecha de cambio político nacional, en el cual debe empeñarse -en criollo significaría “restearse”- el conjunto de personas y sectores democráticos del país.

En ciertos ambientes partidistas y de la sociedad civil se espera que la Iglesia institucionalmente tome la batuta para la realización del cambio que urge la nación. Con relación a esto conviene recordar dos cosas. La primera es que el Episcopado (Jerarquía, Conferencia Episcopal) en cuanto representación institucional de la Iglesia, no es un “operador político”, como lo es un partido o puede serlo una organización o institución de la sociedad civil; representa, en efecto un conglomerado creyente, multiformemente plural en su interior y con una misión religiosa, que asume lo histórico, pero no se agota en éste. Es así como la Iglesia nunca podría optar por cerrar sus puertas e irse a la clandestinidad.

Lo segundo que conviene recordar y podría colocarse mejor como primero es lo siguiente: la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido muy explícita en identificar y calificar al actual Régimen, así como en subrayar una y otra vez la urgencia de un cambio. Y ello, desde hace tiempo. Baste un par de ejemplos. El Episcopado en 2007 calificó la propuesta de un “Estado socialista” como “moralmente inaceptable”, “contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y el Estado” (Exhortación sobre la propuesta de reforma constitucional, 19 octubre 2007). Diez años después (en documento del 13 de enero) precisó como “la causa fundamental” de la extremadamente grave crisis nacional: “el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado Socialismo del Siglo XXI)”; sistema al que identificó también en Comunicado del 5 de mayo siguiente como “militarista, policial, violento y represor”. A comienzos del presente año los obispos afirmaron algo muy serio: “Con la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente -inconstitucional e ilegítima en su origen y desempeño- el Gobierno usurpó al pueblo su poder originario”; agregaron que éste debía asumir “su vocación de ser sujeto social”, indicando algunas iniciativas posibles al respecto, como el artículo 71 de la Constitución. En Julio pasado la Conferencia episcopal declaró: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de la dignidad del pueblo” (Exhortación, 9 de Julio 2018); allí mismo, con respecto a la consulta electoral presidencial de mayo, denunció “su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma”, agregando que la “altísima abstención” había constituido “un mensaje silencioso de rechazo”.

El Episcopado se reunirá del 7 al 12 del próximo enero en asamblea plenaria. Me atrevo a decir que estimula y espera una propuesta de cambio de Régimen, legítima, consistente, factible y de previsible apoyo nacional e internacional, para darle el respaldo de la Iglesia. Y esto como respuesta a su misión propia y a un clamor del pueblo soberano (ver Mensaje del 19 de marzo 2018).

¿Esperar a ver qué sucede el 10 enero? ¡No! ¡Es preciso “restearse” para que el cambio suceda! Cambio que es humana, moral y religiosamente obligante.

NAVIDAD VENEZOLANA 2018

Hay dos realidades (no fantasías) cuya articulación el cristiano no la percibe racionalmente de modo claro; la formula como verdad que lo trasciende. Al fin y al cabo, Dios y su creatura se mueven a niveles radicalmente distintos. Así:  Cristo es Señor de la historia y, sin embargo, ésta constituye tarea de nuestra libertad, por cuanto Dios creó al ser humano libre, protagonista, responsable.

Suena entonces paradójico, pero verdadero: hay que pedir a Dios la paz y al mismo tiempo empeñarnos en establecerla. Un milenario lema benedictino acertadamente dice: ora et labora (reza y trabaja). En este sentido el rezar por la salud no dispensa de acudir al médico. De igual manera, en el hoy venezolano debemos pedir mucho al Altísimo nos conceda un cambio de dirección política y al mismo tiempo conjugar nuestros esfuerzos para lograr un Gobierno de Transición.

La Navidad venezolano de este 2018 es un tiempo particularmente oportuno para reflexionar y actuar respecto de la configuración y orientación que hemos de dar a la convivencia nacional, dado el desastre en que nos encontramos y la fractura y divisiones que experimenta el cuerpo de la nación, como efecto, fundamentalmente, de un proyecto político-ideológico inhumano, comunista, totalitario.

Hay dos textos bíblicos sumamente iluminadores sobre el plan definitivo divino sobre la historia, el cual traza por consiguiente el horizonte hacia el que la humanidad ha de dirigir sus pasos. Se trata de dos mensajes mesiánicos del profeta Isaías, personaje clave para el pueblo de Israel y que los cristianos recordamos de modo especial en este tiempo preparatorio de la Navidad. Son los contenidos en el libro de dicho profeta en los capítulos 2 (versículo 4) y 11 (versículos 6-9).

El primero dice así: “Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas”. Y el segundo: “Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, por            que la tierra está llena del conocimiento de Yahveh”.

Así dibuja el profeta Isaías los tiempos últimos, mesiánicos, en que la humanidad estará penetrada del conocimiento de Dios. En lenguaje bíblico “conocimiento” no es sólo algo cognoscitivo, gnoseológico, sino que entraña reconocimiento, adhesión, unión. Por cierto,  el Papa Francisco en su encíclica ecológica, Laudato Si´, en la perspectiva de San Francisco de Asís, habla de una comunión universal como gran plan de Dios, que entraña una profunda unión del ser humano con la naturaleza. Ser humano, cuya más honda y definitiva vocación es la comunión con la Trinidad Divina.

Esta Navidad, celebración del nacimiento del “Príncipe de la Paz” (Isaías 9, 6) que viene a traer paz a los hombres amados de Dios (ver Lc 2, 14), encuentra a nuestra Venezuela envuelta en grave conflicto. Al país se lo quiere dividir en “revolucionarios” y “traidores a la patria”; también se lo está despoblando por carencias culpables y abundante represión. El Régimen destruye, divide, discrimina y encarcela para poder dominar más fácilmente a un pueblo, cuyo ejercicio de soberanía ha usurpado. Navidad 2018 se plantea así, de manera urgente y obligante, como compromiso ciudadano por el restablecimiento de la paz en libertad-progreso-solidaridad-democracia-fraternidad. Algo que debemos pedir con fervor a Dios y trabajar de modo persistente.

Hemos de hacer de nuestra Venezuela, mediante una positiva transición política, un verdadero ámbito de paz, compartir, encuentro nacional; la profecía de Isaías ha de inspirar nuestra acción, para reconstruir el país como casa común de todos los venezolanos. Casa multicolor y polifónica en que todos podamos tener y expresar nuestras convicciones y contribuir corresponsablemente al bien común.   

TRANSICIÓN HACIA LA NORMALIDAD

La situación nacional plantea como indeclinable imperativo el lograr con urgencia un cambio en la conducción oficial del país ¿Hacia qué? La gente común está dando una respuesta, que, si bien no reviste arreos técnicos, sí expresa la substancia de lo que se quiere: volver a ser un país normal. Esto implica que estamos en una situación anormal en el sentido negativo del término: deforme, monstruosa.

¿Qué entiende   el ciudadano corriente por un país normal?  No algo propiamente maravilloso, sobreabundante, ideal, sino una convivencia nacional que responda a exigencias básicas de la población, en base a la experiencia habida (pensemos en la Venezuela de la etapa democrática), al común denominador con otras naciones semejantes (comenzando por las latinoamericanas) y a las ordinarias aspiraciones de la mayoría de la población. Se podría describir entonces la anormalidad con algunos ejemplos: se tiene dinero suficiente para comprar  comida o  medicinas, pero no se las encuentra; el dinero se evapora al calor de la hiperinflación; se sufre continuamente por interrupciones de electricidad, gas y agua; se está obligado a dedicar exagerada parte del tiempo en colas de supermercados o en paradas de autobús; no se puede salir tranquilo a la calle desde el anochecer y  el día transcurre bajo el continuo temor de ser asaltado por delincuentes; se teme el encarcelamiento y torturas por manifestar disconformidad con la política oficial. En una palabra: no se disfruta de una vida “vivible”, no se goza de un ambiente “respirable”.

Un país normal consiste en una convivencia pacífica, de pluralismo democrático y con estado de derecho. Sin estar a merced de la arbitrariedad de los gobernantes, los abusos de la policía y la represión de cuerpos militares o “servicios de inteligencia”, frente a los cuales no hay instancias de apelación.

En el concierto americano y mundial Venezuela no es un país normal. Por eso millones de personas abandonan el país e infinidad de otras que permanecen en él están sometidas a insoportables penurias y angustias.

En la exhortación hecha a comienzos de este año por la Conferencia Episcopal Venezolana leemos que ante la dramática situación nacional se perfilan dos actitudes: a) “la conformista y resignada de quienes quieren vivir de las dádivas, regalos y asistencialismo populista del gobierno” (…) y b) “la de quienes   buscan instaurar unas condiciones de verdad, justicia e inclusión, aún a riesgo del rechazo y la persecución”. La de resignación paraliza y no contribuye a mejorar la realidad. Los obispos agregan: “Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad”, en la línea del lema de la visita de Juan Pablo II en 1996: “¡Despierta y reacciona, es el momento!”. Para el Episcopado no hay más vueltas que dar: “Venezuela necesita un cambio de rumbo. El Ejecutivo ha fracasado en su tarea de garantizar el bienestar de la población”.

A un año de ese mensaje episcopal la situación se ha agravado, y con ello la urgencia de un cambio del régimen, cuya ilegitimidad es hoy más patente.

Del 7 al 12 de enero próximo (días particularmente desafiantes para el futuro del país) se reunirá la Conferencia Episcopal en asamblea plenaria, la cual fijará posición respecto de la realidad nacional. Ahora bien, como el Episcopado no es un “operador político”, no se puede esperar de él que tome la batuta y proponga un proyecto concreto para la transición.  Me atrevo a decir, sin embargo, que los obispos están a la espera de que organizaciones e instituciones de la sociedad civil y partidos políticos, conjugados en un acuerdo de la mayor convergencia, planteen una propuesta operativa, consistente, positiva y factible hacia un cambio de conducción oficial del país, a fin de darle todo el respaldo posible.

La agonía de Venezuela ha sido demasiado larga como para prolongarla más. Es preciso reponer cuanto antes a la nación en la normalidad.  Dios nos ilumine y fortalezca en el cumplimiento de este deber.

 

LESA HUMANIDAD

Los derechos humanos son como la manga o el sombrero de un mago. Pañuelos o conejos van saliendo en ininterrumpida secuencia.

La historia muestra la progresión en este campo. Se habla de varias generaciones de tales derechos y siempre nuevos horizontes se abren, a medida que se va profundizando en la dignidad y exigencias del ser humano e intensificando el compartir entre los pueblos. Por desgracia han sido conflictos (revoluciones, guerras), nacionales o internacionales, los que más han catalizado el ahondamiento teórico y práctico en la materia. Como grandes hitos se consideran las Declaraciones, norteamericana de Virginia (1776), francesa de la Revolución (1789) y universal de la ONU (1948). Sobre los delitos de lesa humanidad resaltan el Acuerdo de 1945 -estableció el Tribunal de Nuremberg para castigar los crímenes del nazi fascismo- y la constitución de la Corte Penal Internacional (1998) para perseguir y condenar delitos contra la humanidad. 

Hace poco (30 agosto) escribí en este diario respecto del derecho a la comunicación, como íntima e inmediatamente ligado al de la vida, por cuanto vivir es comunicarse. La hegemonía del Estado, que sofoque la comunicación de todo un pueblo, debe catalogarse como delito de lesa humanidad, pues encarcela a la ciudadanía en la mazmorra del pensamiento único. La tipificación ya hecha de este tipo de crímenes conforma un inventario inacabado, que la reflexión y la experiencia irán ampliando; inicialmente la mirada se fijaba en los asesinatos, exterminios y deportaciones estilo Auschwitz y trenes de la muerte; hoy en día es preciso incluir casos como la negación de ayuda humanitaria a poblaciones enteras, al igual que la creación de condiciones que obligan a millones de seres humanos a abandonar su patria en la búsqueda de comida, trabajo y seguridad.

El multitudinario éxodo patrio, al igual que las gravísimas y masivas penurias que recogen las encuestas de entes como Cáritas de Venezuela, obligan a hablar de delitos de lesa humanidad.  El Episcopado nacional en exhortación publicada en enero pasado expresó: “El éxodo de millones de venezolanos que buscan nuevos horizontes nos duele profundamente, así como las fórmulas desesperadas para huir del país” y “La emergencia económica y social hace indispensable que el Gobierno permita un Canal Humanitario”. 

 Manifiesto agravante del drama venezolano es que los sufrimientos de la población son no simple consecuencia de políticas erradas, sino, en gran medida, fruto de estrategias enderezadas al fortalecimiento y continuidad del Régimen y su proyecto socialista comunista. Mientras la gente sea menos en cantidad y más débil en calidad, mejor para el poder.

La extragrande mayoría de los venezolanos disienten del proyecto socialista oficial, rechazado y condenado expresamente en 2007 por la Conferencia Episcopal Venezolana: “Un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es contrario al pensamiento de Libertador Simón Bolívar (…) y también contrario a la naturaleza personal del ser humano y a la visión cristiana del hombre” (Sobre la propuesta de reforma constitucional, 19 octubre 2007).

El Episcopado identificó bien lo que se tenía enfrente. Cosa que no hizo o no quiso hacer gran parte de la dirigencia política. Si el análisis está mal, el diagnóstico será errado y la curación quedará imposibilitada. Pregunta obligante en este momento es a) si la dirigencia de la gran mayoría ciudadana dispone de un análisis y un diagnóstico adecuados y compartidos y b) sobre todo, si está dispuesta a integrarse ya, de modo racional y responsable, para rescatar al país y encaminarlo a un progreso, sólido, equitativo y solidario.

Ante un gobierno en comisión de delitos de lesa humanidad, todos y en especial los dirigentes de la sociedad civil y de las organizaciones políticas, estamos obligados moralmente a una adecuada identificación del Régimen y al logro urgente del Gobierno de Transición que el país reclama.