ELEGIR PARA SALIR

Elegir, sí, para salir del presente desastre nacional. Elegir, no simplemente votar. Y elegir primordialmente a quien se quiere sea el jefe del Estado, a fin de reorientar el país hacia su reconstrucción y ulterior desarrollo.

Nuestra Conferencia Episcopal denunció sin ambages: el actual Régimen de facto “usurpó al pueblo su poder originario” (Exhortación de 12.01.18), contraviniendo abiertamente así un principio de primer orden, universalmente aceptado en la constitucionalidad democrática y fundamental en nuestra Carta Magna (CRBV 5) ¿Deber urgente y prioritario entonces de parte de los ciudadanos? Recuperar el ejercicio de su soberanía. Esta obligación postula poner por obra los medios eficaces correspondientes. Nuestra Constitución prevé al efecto diversos mecanismos. Los Obispos se limitaron a citar, a título de ejemplo, el Art. 71, que señala el camino referendario consultivo.

En la oposición se ha configurado la siguiente tríada con miras a la recuperación de la soberanía por parte del pueblo venezolano: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Se identifica el fin (elecciones) y dos pasos para conseguirlo. Aquí aparece clara la obligante consulta al soberano, la cual se estima indispensable -conditio sine qua non- para que el país abra el camino hacia la solución orgánica de la gravísima crisis y un progreso integral consistente. Las elecciones libres presidenciales (que podrían eventualmente darse en sincronía con otra u otras) constituyen, por tanto, un fin, que, a su vez se convierte en medio para encaminar al país hacia una “nueva sociedad”, libre, justa, solidaria y pacífica. Sociedad que, como histórica, será siempre perfectible.

En estas últimas semanas se han registrado iniciativas bajo impulso y respaldo internacional, con miras a conversaciones o negociaciones que permitan superar el actual enfrentamiento institucional actual y posibilitar una re-unión de los venezolanos en el marco de una reinstitucionalización democrática. Lamentablemente “diálogo” se ha convertido entre nosotros en término viciado y malsonante por el abuso que el Régimen “socialista” totalitario ha hecho de él para distraer, engañar, ganar tiempo.

El planteamiento de elecciones libres se muestra necesario y urgente. Resulta primario e irremplazable consultar al soberano cuando se juega en profundidad y alcance la suerte del país ¿Qué se ha de hacer con Venezuela? ¡Pregúntesele a los venezolanos qué quieren! La respuesta no corresponde darla a un grupo de poder, a una secta de “iluminados o a una potencia externa, sino al pueblo en su conjunto. Y esa respuesta será verdadera y válida sólo si se manifiesta libremente, con conocimiento suficiente y sin coacción de ningún tipo. En las circunstancias actuales debería ser garantizada también por una efectiva supervisión internacional (tipo ONU, OEA, UE).

Las elecciones tienen que efectuarse en un plazo de meses, pues lo de “el tiempo es oro” en las actuales circunstancias significa “el tiempo son lágrimas y sangre. El proceso eleccionario han de ser un auténtico fair play (en criollo, juego “sin tramposerías”). Éste requiere, entre otras cosas, no sólo un nuevo Consejo Supremo Electoral (para asegurar limpieza), un Tribunal Supremo de Justicia distinto (para garantizar imparcialidad y respeto a los resultados), así como, por supuesto, un Ejecutivo Nacional reformulado (para lograr un escenario político sin persecuciones, presos políticos, hegemonía comunicacional, chantajes electoreros, imposición de un proyecto político-ideológico totalitario).

¿Y mientras…? La crisis humanitaria urge atención seria, inmediata y sin coloración partidista o clientelar. El deterioro de los servicios básicos tampoco puede esperar. Se trata de preparar un proceso electoral libre, pero también de escuchar operativamente desde ya el clamor de una multitud de hambrientos, enfermos abandonados, emigrantes forzados, venezolanos carentes de servicios básicos.

Es imperativo realizar elecciones realmente libres: culmen de una tríada de cambio político e inicio de una secuencia consistente de progreso integral del país. 

PERSONA: FIN O MEDIO

El actual régimen, así como ha desvalorizado el bolívar, ha hecho otro tanto con el venezolano. Ha sobrevaluado Estado, gobierno, partido oficial, “hermano mayor”, convirtiendo a las personas en útiles y herramientas del poder.

Común denominador de los sistemas autocráticos, dictatoriales o tiránicos, cuyo paroxismo se tiene en los totalitarios es la devaluación de la persona. Del respeto a ésta, con su dignidad y derechos inalienables, pasa a interpretarla como medio e instrumento de un plan (proyecto político, diseño ideológico). Como simple función.

Una concepción humanista auténtica, que en coordenadas cristianas encuentra fundamento firme y horizonte trascendente, reconoce a la persona la como el sentido y el fin del ser-quehacer social. Claro está, entendiendo la persona no como subjetividad aislada, autosuficiente o autorreferencial, sino como ser “en sí”- para la comunicación y la comunión.

La Doctrina Social de la Iglesia destaca la centralidad de la persona y su estructura bidimensional: es, de una parte, sujeto consciente y libre y, de la otra, relación, diálogo, alteridad.  Dos realidades indisolublemente unidas, en íntima conjunción, lo cual tiene repercusiones inmediatas y decisivas en la intelección y praxis del desarrollo integral de la persona y de la dinámica social. Ahora bien, el fundamento último del valor y la vocación de la persona se basa en la condición del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios (ver Génesis 1, 26-27), que es comunión, amor (1Jn 4, 8). Por eso nuestro primero y máximo defensor es Dios mismo. Y no deja de ser particularmente significativa la predilección de Jesús y del Padre celestial por los más débiles de la sociedad (hambrientos, enfermos, inmigrantes, presos…) como aparece en la descripción del Juicio Final, que ofrece el evangelio de Mateo (25 31-46).  Patente debilidad divina hacia los más necesitados.

La persona humana, por consiguiente, vale por sí misma, no sólo o principalmente por determinadas capacidades o cualidades, ni, mucho menos, por los bienes materiales que posee o el poder que ejerce. Las discriminaciones y exclusiones tienen su origen en una valoración simplemente funcional de la persona, según su adecuación a un determinado objetivo económico, político o cultural. Los criterios de estimación son entonces los de productividad económica, afiliación político-ideológica, identificación religiosa y otros factores de calificación.

El ser humano ha sido puesto en el mundo para crecer, desarrollarse en él y con él, en perspectiva ecológica integral. Y la flecha del ascenso en humanidad va en el sentido de una personalización en comunión. Esto se sitúa en las antípodas tanto del individualismo aislante como de la colectivización masificante. Los totalitarismos de cualquier especie disuelven la persona en entes a-personales como raza, nación, colectivo; los rostros singulares desaparecen y el hombre vale en definitiva apenas en cuanto medio e instrumento para un fin. Se torna así fácilmente en desechable. Y no extrañan entonces los genocidios, en los cuales se deben incluir los multitudinarios éxodos forzados, así como el hambre y la enfermedad de poblaciones enteras por la negación de asistencia humanitaria fácilmente asequible (tragedias que vive Venezuela).

El caso venezolano es doloroso. Para el régimen lo humano pasa un segundo plano. El primero lo ocupa el sometimiento al proyecto totalitario oficial (Socialismo del Siglo XXI, Plan de la Patria). Los disidentes son catalogados como apátridas, candidatos al desempleo y a la lista de sospechosos, perseguidos y encarcelables, los cuales no merecen justicia sino ajusticiamiento. El poder no es ya servicio, sino dominación. De allí lo inevitable de la militarización o uniformización de la sociedad, del pensamiento único y de la obediencia indiscutida. 

¿Cuál es el cambio que necesita y urge el país? El paso hacia una sociedad de personas, con rostros propios. Comunidad de seres humanos libres y responsables, convivencia de sujetos críticos y de recta conciencia moral. Por ahí va la construcción de una nueva sociedad.

RÉGIMEN GENOCIDA

Es fácil inventariar, no así el jerarquizar. Lo primero implica sencillamente recoger información, mientras que lo segunda entraña un discernimiento y juicios de valor.

Apliquemos esto a los males y causas de la situación venezolana. En cuanto a males nacionales, inventariarlos no es tarea laboriosa, pues los sufrimos; su listado es dolorosamente interminable. En este país estamos experimentando una globalización del mal. Pareciera que el reloj camina hacia atrás, retrotrayendo en los más diversos órdenes, desde cosas materiales  como el servicio de agua, hasta otras que entran en el campo del espíritu como son la comunicación y la educación. Esta regresión se concreta en los varios ámbitos de la convivencia, a saber, en lo económico, lo político y lo ético-cultural.  Caricaturizando las cosas puede decirse que al Siglo XXI del Socialismo oficial debería agregársele un “aC” (antes de Cristo).

En lo relativo a jerarquización de los males del país, múltiples en todos los órdenes, no hay duda de que entre los más graves se ha de señalar la expatriación (éxodo, exilio) de millones de venezolanos. En términos demográficos significa un dramático despoblamiento del territorio nacional ¿Qué familia nuestra puede decir que alguno de sus miembros o de sus amigos no ha tenido que irse de esta tierra, que lo ha visto nacer, que es suya y constituye su hogar y patria? Aquí no hemos tenido una guerra, ni una peste masiva, ni catástrofes naturales de alcance nacional. ¿La causa del despoblamiento? La que han señalado los Obispos para el desastre global: el Régimen y su proyecto inhumano, totalitario, que hacen invivible al país y obligan a una multitudinaria fuga para sobrevivir ¡Como si los castrocomunistas fueran los dueños también de Venezuela! ¿Quiénes podrán entonces permanecer aquí? La aspiración oficial es que sólo militantes rojos y esclavos o sometidos. La Nomenklatura, por supuesto, así como, por temporadas, familiares y “enchufados” de la “nueva clase”, que hacen paréntesis en sus estadías en el “Imperio” y en París, Madrid o Roma.

Respecto de las causas de los males -que pueden dividirse en primarias y secundarias, próximas y remotas, leves y graves- el Episcopado venezolano ha sido reiterativo y claro. Así en Exhortación del 13 de enero de 2017 afirmó: “Muchas son las razones que han conducido al país a la actual situación. La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza”. Del desastre general se puede señalar entonces una causa primera, generadora, central: el proyecto “socialista marxista” (léase comunista) oficial. Proyecto rechazado, por cierto, por el pueblo venezolano en 2007 y que los obispos calificaron como contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar,“a la naturaleza personal del ser humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio absoluto del Estado sobre la persona” ((Exhortación Sobre la propuesta de reforma constitucional, 19 de octubre de 2007). A pesar del rechazo ciudadano, ese proyecto siguió adelante por caminos verdes, porque sus promotores parten de la autosuficiencia ideológica de pensar que tienen las llaves de la historia. Por supuesto que el Régimen no se mueve por pura ideología; otras motivaciones están presentes como en nefasto cocktail: ambición de poder, avaricia, narcomanejos. La praxis del estalinismo no fue pura dialéctica histórica.

 “Genocidio” es un término de precisa definición jurídica para efectos penales internacionales. Pero en un sentido humano, moral, más comprensivo, no dudo en calificar a este Régimen de genocida, pues diezma sistemática y culpablemente la población de Venezuela, que fue liberada por Bolívar del coloniaje borbónico, pero está dominada ahora por  la dinastía castrista.   

CUADRILLAS DE PAZ

Venezuela bajo el SSXXI en vez de caminar hacia adelante, marcha hacia atrás. Es un progreso a la inversa: de la electricidad a las velas, del tractor al azadón, del pluralismo al paredón.

El volver las cosas al revés se expresa y potencia con la voltereta del lenguaje. Las palabras en vez de significar lo que dicen, expresan todo lo contrario. Como en ciertos lugares de Venezuela en que subir y bajar se usan en referencia a la salida o la caída del sol y así al subir una calle usted debe decir que está bajando.

El término neolengua está ya de uso corriente para expresar esta transmutación, puesta de moda en regímenes totalitarios como la actual dictadura militar comunista venezolana, los cuales comienzan su “revolución” revolucionando el lenguaje. Tendrá uno entonces que repetir aquello de que “cuando yo digo digo, digo digo y no digo diego”. Estas reflexiones tienen su inmediata razón de ser en la apología hecha por el de facto Maduro respecto de sus “cuadrillas de paz”.

En La neolengua del poder en Venezuela (Editorial Galipán 2015), escrita, entre otros, por Antonio Canova González, encontramos un muy serio y útil desarrollo de esta materia, la cual hemos todos de conocer para identificar bien la “dominación política y destrucción de la democracia” en nuestro país. En dicho libro tenemos una exposición bien situada de la ya clásica obra de George Orwell, 1984.

Cuadrillas de paz en cuanto nombre suena  parecido a la asociación humanitaria Médicos sin fronteras, al voluntariado católico de Caritas y al Ejército de Salvación” evangélico. Pero no, se trata de grupos como las Turbas divinas del sandinismo y el Sturmabteilung (SA) - tropas de asalto nazis-, encargados de “pacificar” con garrotes y armas de fuego a los disidentes del régimen. Esas Cuadrillas constituyen una nueva denominación de los así llamados “colectivos”, que son en realidad grupos de matones armados por el gobierno con el fin de disolver manifestaciones pacíficas de ciudadanos y amedrentar vecindarios para asegurar su fidelidad al SSXXI.

La imposición de la neolengua totalitaria en nuestro país busca primariamente 1) dividir a los venezolanos (patriotas/apátridas), 2) glorificar a los líderes oficiales con culto a la personalidad (vocablos como comandante eterno, gigante, y parodias del Padre Nuestro, 3)mentir y engañar (“devaluación” se convierte en “ajuste cambiario” y “protesta” en “terrorismo”), 4) confundir, entorpeciendo la comunicación (al ganar tiempo se le llama “diálogo”,  y la desidia e incapacidad administrativa oficial se convierte en “agresión imperial” saboteo” interno). El régimen lleva a la redacción de un nuevo diccionario en que términos usuales suelen significar lo opuesto (¿qué significa odio en la “Ley contra el odio” aprobada para aplastar toda disidencia?) y términos bellos enmascaran atrocidades (ministerios, viceministerios, departamentos, programas, para el servicio del amor y la felicidad, la paz y la verdad). Ese vocabulario acumula progresivamente expresiones sofisticadas y rimbombantes para inflar operativos como “sistema biométrico de distribución alimentaria”. En el terreno religioso -al cual se le quita programáticamente el piso- el Hermano Mayor pontifica definiendo lo que es el “cristianismo puro”, a saber, el revolucionario de masificación social, homogeneización ideológica, partido único y monolitismo cultural.

Aunque ideológicamente el socialismo marxista, “real”, enfatiza como nuclear el control de los medios de producción, busca la hegemonía comunicacional y el dominio educativo como elementos claves de dominación. Se trata de cambiar el modo de pensar, uniformando el pensamiento colectivo. Eso de pensar con la propia cabeza es algo incompatible con el “hombre nuevo”.

Desmontar la neolengua es tarea indispensable y urgente. Un buen ejercicio lingüístico y hasta diversión para jóvenes y adultos. En todo caso constituye una tarea obligante para quien quiera liberarse y liberar. Hay una frase del Señor Jesús, que es emblemática en tal sentido: “La verdad os hará libres” (Jn 8,32).

BELIGERANCIA CONTRA LA IGLESIA

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) viene haciendo de modo regular en sus documentos pastorales sobre la situación nacional serias denuncias sobre múltiples aspectos de la praxis del régimen con respecto a violación de derechos humanos, crisis humanitaria, corrupción administrativa, opresión política y otros. Esto lo hacen los obispos en coherencia con su función pastoral, que comprende también el compromiso por la edificación de la convivencia según las exigencias humano - cristianas del evangelio.

A casi veinte años de distancia reviste particular actualidad la Carta Abierta que, con fecha 26 de abril de 2002, la Presidencia del Episcopado dirigió al presidente Hugo Chávez, con motivo de declaraciones emitidas por éste en la en la capital cubana. En ella leemos: “Usted afirmó en la Habana, en noviembre pasado, que la Iglesia católica en Venezuela era cómplice de la corrupción, porque había callado durante los últimos cuarenta años. Hace unos días, desde el mismo lugar, y a su regreso, se expresó en términos semejantes”.

Lo primero que le hacen los obispos al presidente, ante tales declaraciones, es pedirle que consulte dos volúmenes, los cuales, bajo el título Compañeros de camino, contienen los documentos de la CEV de las últimas décadas. Éstos muestran las recurrentes tomas de posición del Episcopado en cuanto a denuncia, anuncio y compromiso sobre problemas socio – económicos, políticos y culturales de nuestro pueblo. Todo ello, como es de suponer, no había sido siempre pacíficamente recibido, pues quienes tienen el poder suelen padecer sordera para escuchar y corregir, cuando no es que reaccionan belicosamente.

Es oportuno tener presente el reconocimiento que había hecho Chávez de la intervención de la CEV en favor de él y sus compañeros de alzamiento con ocasión del 4F, “en la defensa de sus vidas, de su integridad física y de todos sus derechos ciudadanos”. Por cierto, guardo carta que me envió el mismo Chávez, firmada también por sus compañeros de prisión, agradeciendo todo lo que habíamos hecho al respecto y formulando votos por una Venezuela muy distinta de la que después “construyó”. Recordemos también lo que agregan los obispos: “La mediación de la Conferencia Episcopal, igualmente, a petición del Gobierno presidido por Usted, en el conflicto del año pasado entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional, fue aceptada por nosotros por razones superiores”.

Antes de cualquier otro comentario quisiera subrayar, a propósito de la mentira de Chávez, que una de las razones de la fricción entre los gobiernos del SSXXI y el Episcopado ha sido precisamente la crítica de la Iglesia a la corrupción oficial imperante.

Especial relieve tiene una consideración histórica e institucional, que subraya la Presidencia del Episcopado en la Carta: “Sus juicios sobre la Iglesia y la descalificación genérica de la misma, son los más negativos emitidos por un Jefe de Estado en toda la vida republicana. Qué lejos están esas expresiones del auténtico ideal bolivariano: protegeré la religión hasta que me muera (Carta a María Antonieta Bolívar, 27 de octubre de 1825)”.  Se agrega: “Ni siquiera los presidentes que expulsaron sacerdotes, religiosos y obispos se valieron de semejantes calificativos (…) Si esto se dice de la Iglesia, ¿qué se puede esperar para el resto de las instituciones del país y para los ciudadanos?”

Los Obispos rechazan también la pretensión de presentar al Episcopado como dividido y dominado por una pequeña fracción; la insistencia de Chávez en identificar “la verdadera Iglesia” con la posición de algunos exsacerdotes o sacerdotes afectos al proceso; y la utilización del lenguaje y citas bíblicas para abalar su proyecto, su programa e incluso sus medidas políticas.

Desde el inicio del régimen “socialista”, el gobierno, en razón de su proyecto totalitario, ha sido beligerante contra la Iglesia. Ésta se identifica con ningún modelo político, sino que está abierta a un pluralismo en la línea de la libertad, la justicia y la paz; busca siempre cooperar con Estado con miras al bien común.

UN PAÍS, UN PRESIDENTE

Venezuela no debe continuar con la actual dañina bicefalia, que mantiene al país en gran parálisis y empeora la ya grave crisis nacional caracterizada por hambre y muerte, violencia y destrucción. En estos mismos días estamos viviendo una realidad sumamente dramática, expresiva de dos décadas de progresivo deterioro global y afectando, por tanto, los distintos ámbitos sociales: económico, político y cultural.

Esa bicefalia consiste en la existencia de dos cabezas, que reflejan de modo patente una doble situación intolerable: la una , ejerce el poder de facto apoyándose principalmente en la Fuerza Armada y es ilegítima, no tanto por irregularidades en el campo jurídico, cuanto por la permanente violación de derechos humanos del pueblo venezolano, comenzando por las insoportables privaciones que golpean especialmente a los más desprotegidos,  los niños y ancianos de los sectores pobres de la población, junto a la obstrucción de la ayuda humanitaria para aliviarlas; la otra cabeza es la legítima, pues brota debidamente del único poder público electo por la gran mayoría de los ciudadanos, goza del espontáneo apoyo  de éstos y de un gran reconocimiento internacional.

El Episcopado en enero del año pasado denunció lo siguiente: “Con la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno usurpó al pueblo su poder originario. Los resultados los está padeciendo el mismo pueblo          que ve empeorar día tras día su situación” (Exhortación, 12 de enero de 2018). Meses más tarde el mismo Episcopado advirtió la ilegitimidad de la consulta electoral de mayo y de la resultante prolongación del “mandato del actual gobernante” (Exhortación del 11 de julio de 2018).

De lo anterior se puede inferir como algo implícito en las declaraciones del Episcopado, que la actual bicefalia debe resolverse así: quien detenta el poder de facto tiene que ceder el paso a la formación de un Gobierno de Transición, respondiendo de tal manera al angustioso clamor nacional y al obligante bien común de los venezolanos, quienes anhelan y urgen la recuperación de la paz y el restablecimiento de un clima de convivencia democrática de la nación. Al pueblo soberano le habrá de corresponder, mediante elecciones verdaderamente libres, convalidar este cambio y determinar el camino ulterior a seguir.

El Episcopado también ha hecho llamados a la Fuerza Armada “a que se mantenga fiel a su juramento ante Dios y la Patria de defender la Constitución y la democracia, y a que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica” (Ibid.). Lo que significa reconocer la cabeza legítima.  

Las tomas de posición de los Obispos brotan de una coherente preocupación pastoral, en la línea de su misión evangelizadora específica, que los obliga a contribuir junto con toda la Iglesia a la construcción de una “nueva sociedad” o “civilización del amor”; ésta busca conjugar la libertad y la justicia, el progreso y la solidaridad, el pluralismo y la paz. Una sociedad en que hay un estado de derecho, se respetan y promueven los derechos humanos, los deberes de las personas así como de los conjuntos sociales, la calidad moral y espiritual de vida y una ecología integral.

Estimo que en la presente circunstancia cobra particular actualidad lo que en la citada Exhortación  de enero del año pasado dijera el Episcopado: “La actitud de resignación es paralizante y en nada contribuye al mejoramiento de la situación. Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad ¡Despierta y reacciona, es el momento!, lema de la segunda visita de san Juan Pablo II a Venezuela (1996), resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder”.

Venezuela como una nación, un pueblo, un cuerpo político, necesita y soporta una sola cabeza presidencial, legítima, democrática, de rectitud republicana y moral. Esa cabeza existe y Venezuela urge el ejercicio pleno de su autoridad.

CONOCIMIENTO LIBERADOR

Nadie quiere lo que no conoce. Es una muy conocida sentencia, que expresa el enraizamiento de la voluntad y, por tanto, de la libertad, en el conocimiento. De allí la importancia de una recta formación con miras a decisiones y acciones convenientes.

Lo anterior no significa que el tener ideas implique necesariamente el desencadenamiento de opciones y actividades correspondientes, pero si se carece de aquellas nada se puede esperar en el ámbito de lo concreto operativo. De allí la importancia de una buena formación o, mejor, educación.

En una pequeña publicación escrita por mí a modo de curso introductorio sintético de Doctrina Social de la Iglesia -publicación del Consejo Nacional de Laicos- incluyo en anexos la Declaración universal de los derechos humanos, el Preámbulo y Principios fundamentales de nuestra Constitución (CRBV), así como algunos números del documento La contribución de la Iglesia a la gestación de una nueva sociedad, producido por el Concilio Plenario de Venezuela. Lo hice porque, especialmente a los dos primeros, se los menciona mucho, pero suelen ser ilustres desconocidos.

Todo el mundo habla de los derechos humanos, mas sería interesante saber cuántos son los que los conocen de verdad. Los dos últimos presidentes que hemos tenido en el país solían agitar en sus intervenciones públicas el librito de la Constitución, sin preocuparse, sin embargo, de que los ciudadanos lo leyesen, y, peor aún, procurando que no fuesen leídos por los peligros que implicaba una ilustración de la gente en la materia. Bolívar llegó a decir: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.

El desconocimiento de los derechos hace que se viva como a la intemperie en la polis y que se consideren como dádivas del gobernante las que son pura y simplemente obligaciones de éste. A título de ejemplo cito aquí dos artículos de la Constitución, abierta y sistemáticamente violados por el Régimen: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (Art. 26). “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Y de la Declaración universal baste citar un artículo de particular actualidad: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25, 1).

Ahora bien, a propósito de derechos es indispensable agregar que la otra cara de los mismos son los deberes. El Decálogo en el Antiguo Testamento y el Sermón de la Montaña en el Nuevo son tablas de obligaciones orientadas hacia el perfeccionamiento personal y social. El texto evangélico de Mateo 25, 31-46, que me gusta citar a menudo, habla del Juicio Final, en el cual la salvación se otorgará a los seres humanos por su iniciativa en el ejercicio activo de la solidaridad, mientras que la condenación se recibirá por la indiferencia e inacción en ese mismo campo de amor misericordioso.

La recuperación del país dependerá ciertamente de la acertada estructuración del tejido económico y político, pero, sobre todo de un sano funcionamiento de la dimensión ético-cultural. De allí lo indispensable de la correspondiente formación en materia de calidad moral y espiritual de la vida, de una educación que será realmente liberadora en la medida de su fidelidad a lo que entrañan la dignidad de la persona y sus derechos y deberes humanos fundamentales. Aquí se aplica lo que dice el Señor Jesús: “La verdad los hará libres” (Jn 8, 32).

El conocimiento de la verdad no sólo informa, sino que libera, eleva, dignifica. No así la falsedad, la mentira, el engaño, el neolenguaje encubridor.