DICTADURA NO, TOTALITARISMO

     El Episcopado nacional ha sido claro y directo al identificar el régimen imperante en Venezuela. Analizando la gravísima crisis nacional afirmó: “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizado que el gobierno se empeña en mantener” (Exhortación del 12.7.2016, citado en la del 12. 1. 2018). Ulteriormente ratificó la calificación, subrayando el aspecto opresivo: “Vivimos en un régimen totalitario e inhumano en el que se persigue a la disidencia política con tortura, represión violenta y asesinatos (…)” (Carta fraterna del 10.10.2020).

    Esta naturaleza del Socialismo del Siglo XXI ha sido denunciada de modo repetitivo por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). Su Presidencia afirmó: “la nación se ha venido a menos, debido a la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto, ineficiente, manipulador, donde el juego de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo, es la consigna” (Mensaje del 19.3.2018). Posteriormente en plenaria puntualizó: “el régimen se consolida como un gobierno totalitario, justificando que no se puede entregar el poder a alguien que piense distinto” (Exhortación 10 julio 2020). Este ha sido el mismo tono al juzgar el Plan de la Patria e iniciativas como la frustrada Asamblea Nacional Constituyente, enderezadas en la línea del “sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece el país” (CEV, Comunicado del 5. 5. 2017).

    El Episcopado, pronto, explícitamente y sin ambages identificó el proyecto del Régimen; cosa no hecha por el liderazgo político, con efectos nefastos previsibles en lo táctico y estratégico y, obviamente, en cuanto a resultados (pensemos en los de “diálogos” y protestas públicas). Politólogos han propuesto caracterizaciones del régimen, que han diluido la substancia del mismo y no han favorecido soluciones efectivas.

Estamos frente no a una dictadura y sistemas semejantes, sino a un proyecto totalitario, que, como su nombre mismo subraya, apunta a la totalidad societaria y, por tanto, no se reduce a lo político y económico, sino que incluye lo cultural en su sentido más propio. Esto, lo cultural, es lo más hondo y definitorio humano, pues toca el ser y no sólo el tener y el poder, afectando lo ético y espiritual de un pueblo, su identidad más profunda. Por ello el totalitarismo enfila sus baterías privilegiadamente al control de la educación y de la comunicación, para modelar conciencias y valoraciones (no por nada el marxismo cultural está reformulando la relación estructura-superestructura para insistir en lo ideológico).                  

    Totalitarismo implica unificación centralizadora del poder (Montesquieu queda desempleado). La reciente recomposición del Tribunal Supremo de Justicia se ubica en esa línea, así como la partidización de la Fuerza Armada y la neutralización de las organizaciones de la sociedad civil. Cambian los códigos, también los estéticos: lo feo, inapropiado y repugnante recibe carta de ciudadanía revolucionaria. Se reescribe la historia y se cortan sus raíces para que el árbol sea otro. Escudos y nombres tradicionales van al paredón. Se poda el árbol genealógico. El “hombre nuevo” deberá surgir de cenizas.

    El ejemplo de Cuba -modelo seguido y a seguir- es patente: homogeneización del pensamiento, masificación societaria, feroz estatización, amedrentamiento colectivo, militarización ambiental, emigración inducida, nomenklatura privilegiada y culto de la personalidad individual o grupal.

    Identificar bien al que se tiene en frente es conditio sine qua non para un actuar apropiado. Análisis inadecuados, valoraciones incompletas y decisiones erradas conducen a frustraciones y desesperanzas. Base seria tiene el Episcopado al urgir la refundación del país.

    La raíz de la voluntad está en el entendimiento. Previo a una buena praxis está un buen juicio. No identificar totalitarismo con simple dictadura es un buen comienzo.

 

MENSAJE CRISTIANO ARTICULADO

     Cuando el ser humano comenzó a filosofar de modo sistemático -porque la razón implica ya un filosofar espontáneo o connatural- por allá en el Asia Menor, unos seis siglos ante de Cristo, una de las primerísimas preguntas planteadas fue sobre la unidad de las cosas, ante su perceptible multiplicidad.

    Las respuestas se fueron a extremos: afirmación de lo real como pura anarquía y fugacidad o como un todo homogéneo y permanente. Parménides y Heráclito fueron se radicalizaron en uno y otro lado. Luego gente como Aristóteles, al afirmar una unidad análoga (convergente “en cierto modo”) lograron identificar lo uno en lo múltiple.

    Lo cierto es que el ser humano no se conforma con la sola aceptación de lo plural o diverso; se esfuerza en descubrir o señalar nexos, relaciones, coincidencias, conjuntos, en esa variedad. El problema está en encontrar puntos de encuentro razonables y objetivos y no apenas unificar elementos de manera arbitraria o subjetiva.

    Todo lo anterior sirva de introducción a la propuesta de una noción o categoría unificante del entero mensaje cristiano, que contiene elementos doctrinales, como los que se expresan en el credo, y también orientaciones y normas para la praxis, como las del Decálogo y el Sermón de la Montaña. La planteó la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla, México, 1979) y la asumieron los obispos de nuestro país con vista al Concilio Plenario de Venezuela (2000-2006). Un verdadero descubrimiento de consecuencias invalorables no sólo para dichos encuentros y los documentos que produjeron, sino para la Iglesia universal y su misión evangelizadora. Y más allá de esto, para la interpretación de la realidad en perspectiva cristiana.

    El hallazgo consistió, por cierto, en algo muy simple: identificar una categoría y, en concreto, comunión, como noción enucleante, eje articulador del entero mensaje cristiano: se la denominó línea teológico-pastoral (LTP). Un modo fácil de entender la función de ésta es ponerla como respuesta a la pregunta “qué es”, con respecto a los elementos fundamentales doctrinales y prácticos de dicho mensaje, comenzando por interrogantes primordiales como son los relativos a la divinidad misma - ¿Qué es Dios? - y a la voluntad divina sobre la actuación libre de sus creaturas - ¿Qué prescribe el mandamiento máximo? - La respuesta en ambos casos es comunión. Porque Dios lo es, en cuanto Trinidad, unión interpersonal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; y su voluntad sobre sus creaturas es amarlo a él y al prójimo, es decir, comunión humano-divina e interhumana (comunión y amor son equivalentes, si bien éste acentúa un matiz operativo y por ello decimos que el amor teje la comunión). Otros ejemplos son la definición de la Iglesia como signo e instrumento de comunión humano-divina e interhumana, dada por el Concilio Vaticano II (ver LG 1), y la calificación de “civilización del amor” que el Papa Pablo VI asignó a la sociedad que el cristiano ha de contribuir a edificar. Puebla y el episcopado venezolano al plantear su LTP acompañaron comunión de las nociones participación y solidaridad, respectivamente, para recalcar frutos o requisitos de la comunión.

    El conjunto de verdades y lineamientos operativos que se proponen al creyente no se quedan, por tanto, en un agregado o inventario de elementos, sino que forman un conjunto armónico estructurado en torno a una categoría que los integra e interrelaciona, articulando también lo negativo (el pecado es anti-comunión y la exclusión de la Iglesia, excomunión).

    Comunión como eje articulador teórico-práctico no se circunscribe a lo “religioso”; está abierta a lo amplio secular y a una aplicación sin fronteras, desbordando aún lo interpersonal, como cuando el Papa Francisco utiliza analógicamente el término “comunión universal” (Laudato Si´220) hablando de ecología.

    El mensaje cristiano no es, pues, un listado de doctrinas y normas. Conforma un corpus articulado en torno a la categoría comunión, que responde a la pregunta ¿qué es? respecto de los elementos doctrinales y prácticos que organiza.

SUBSIDIARIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y FEDERALISMO

    Nuestra Carta Magna afirma en su Preámbulo: “El pueblo de Venezuela (…) con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática (…) en un Estado de justicia, federal y descentralizado (…) en ejercicio de su poder originario (…) decreta la siguiente Constitución”. Y entre los Principios Fundamentales, que siguen de inmediato, encontramos los siguientes: “Artículo 4. La República de Venezuela es un Estado federal descentralizado” y “Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre (…) descentralizado”.

    El lema oficial tradicional “Dios y Federación” era bien significativo del carácter cuasi dogmático que el federalismo adquirió desde los inicios de la segunda mitad del siglo XIX.  Pero la bandera federalista se quedó prácticamente en pura formalidad, porque la descentralización no llegó a cuajar de veras en la realidad política. Varios 20 de febrero durante mi servicio episcopal en Coro presencié los festejos del grito libertario federal lanzado allí en 1859 por Tirso Salaverría. La federación habría de costar mucha sangre, pero ésta no llegó a vitalizar el cuerpo de la nación.

    La necesaria reforma del estado emprendida a finales del siglo pasado se quedó a medio camino y fue eclipsada por el monopolizante Socialismo Siglo XXI de tipo totalitario, que ha llevado al clímax la concentración del poder. Miraflores redacta sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, dirige la Asamblea Nacional, cocina los datos del Consejo Nacional Electoral, controla los partidos, amaestra las universidades, cuela los presupuestos municipales, expatria a su antojo, fija sueldos y salarios, encarcela y suelta presos políticos, detalla precios de la canasta básica, maneja los MCS hegemonizados… ¿Qué es lo que no resuelve?

     El ocaso del sueño, intento y lema de federación-descentralización, es la razón por qué ahora cuando se maneja el tema de la refundación del país- llamado del Episcopado nacional el año pasado-, uno de los puntos de agenda para la reconstrucción de Venezuela es precisamente el de una efectiva descentralización, la cual necesita expresarse, entre otras cosas, en la de impuestos y presupuestos y en una audaz municipalización, que empodere de verdad  a las comunidades (lo cual no se identifica en modo alguno con un falso “poder comunal”, que maneja los cuerpos intermedios como simples anillos transmisores de una cadena de dominación central).

    Esta descentralización y el reclamo federalista son aplicaciones o consecuencias de un principio fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia: la subsidiaridad. Ésta tiene íntima conexión con otro principio que es el de la participación, los cuales junto con la solidaridad constituyen una triada fundamental para una nueva sociedad.

    El soberano no ha de exhibirse sólo en eventos constituyentes. Ha de actuar cotidianamente su protagonismo mediante su participación desde las comunidades menores donde el pueblo conoce directamente sus necesidades concretas y puede actuar soluciones acertadas y factibles ¿Por qué se ha de esperar que Caracas repare un aire acondicionado en un ambulatorio provinciano? ¿Por qué los impuestos del interior tienen que ser engullidos por la administración central? ¿Por qué los municipios son escasos y lejanos a los problemas de las comunidades (el caso de Libertador es paradigmático). “Pueblo al poder” debe traducirse “poder al municipio”.

    El Concilio Plenario de Venezuela en su documento 3 sobre nueva sociedad expresa: “la Iglesia postula el ejercicio de la subsidiaridad en la vida social y en la comunidad política. Este principio exige que las personas, las familias y las comunidades pequeñas o menores, conserven su capacidad de acción ordenándola al bien común, y que el Estado y las diversas ramas de éste, realicen sólo lo que aquellas no estén en capacidad de ejecutar” (CIGNS  106).

    Cuando se habla de la necesidad de refundar el país a través de una intervención constituyente del soberano, ciertamente lo de subsidiaridad-descentralización y, en concreto, la municipalización, ha de ser un punto sobresaliente.  Va de por medio algo básico de una genuina democracia.  

REFUNDACIÓN PACIFICANTE NACIONAL

     Pacificar el país: gran reto nacional hoy. Porque Venezuela no está en paz.

    No nos encontramos en medio de un conflicto armado, como es lamentablemente el caso de Ucrania (aunque regiones de nuestro país sufren la presencia activa de grupos guerrilleros particularmente foráneos, así como de bandas armadas de extorsión). Pero no se puede definir la paz como “la mera ausencia de la guerra” según lo expresó el Concilio Vaticano II, el cual identifica la paz como “obra de la justicia” y no simplemente como los meros equilibrios de fuerzas, hegemonías despóticas y cosas por el estilo (ver GS 78).

    La paz es convivencia en un estado de derecho y en una interrelación social serena, multicolor y polifónica, que integra diversidad de culturas, de alineamientos políticos, de corrientes de pensamiento y adhesiones religiosas, en un clima de tolerancia y respeto. Es lo que exige una sociedad democrática genuina. Ésta no se reduce a una masa humana exenta de tensiones, pues una sana convivencia implica variedad en una unidad, que si no perfecta, es deseable y vivible. No se trata de mera utopía. Venezuela felizmente experimentó el siglo pasado décadas con una convivencia pacífica, que la convirtió en lugar de refugio y referencia para gentes de otras naciones sumidas en dictaduras y graves conflictos. Por desgracia a nuestra democracia se la interpretó como algo ya asegurado, que no exigía cuido y renovación, con la cual se podía jugar, y así se la entregó alegremente a la dictadura de tipo totalitario que aún persiste.

    La paz es legítima aspiración humana y también ineludible ilusión. Tanto que los profetas en el antiguo Israel la propusieron como don de los tiempos mesiánicos: “Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra”. (Is 2, 4). Con la venida del “Príncipe de Paz” se tendría una reconciliación envolvente de lo humano en una comunión universal: “Serán vecinos el lobo y el cordero (…) Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, porque la tierra estará llena de cocimiento de Yahveh” (Is 11, 6.8-9).

    Cristo ha venido y ha proclamado como mandamiento máximo, lo que echa la base y constituye el instrumento y sentido de la paz: el amor. Al cual no lo concibe el Señor como puro sentimiento o idealidad vacía, sino que lo identifica como actuación solidaria y servicial precisa, según lo expone bien claro en su descripción del Juicio Final (Mateo 25, 31-46). Este texto evangélico viene a ser una especie de compendio básico de doctrina social.

    Cuando el Episcopado en estos dos últimos años ha venido insistiendo en la urgencia de “refundar la nación” entiende ésta, fundamentalmente, como “construir la Venezuela que la inmensa mayoría anhela y siente como tarea: donde predomine la justicia, la equidad, la fraternidad, la solidaridad, la unidad y la paz” (Mensaje de la Presidencia del Episcopado, 22.6.2021).  Refundación como pacificación.

    Porque en Venezuela no hay paz. Los Obispos repetitivamente ponen de relieve hechos dramáticos al respeto: emigración masiva forzada, grave empobrecimiento de las grandes mayorías, clima de amedrentamiento de la población, política represiva de toda oposición (persecución, encarcelamiento y tortura de disidentes), violación sistemática de los derechos humanos,  hegemonía comunicacional, manejo arbitrario de la economía y la geopolítica, instrumentación ideológico-partidista de lo militar, marginación del soberano (CRBV) en la orientación básica del país.

    La refundación como pacificación es objetivo que exige un compromiso global: toca los varios ámbitos societarios -económico, político y ético cultural- y requiere genuina participación de la entera comunidad nacional. Plantea, sin embargo, algunas tareas primarias y prioritarias que es preciso acometer.

    Dentro de lo primario y prioritario para refundar-pacificar el país emerge la función constituyente y originaria, que le corresponde al soberano y que urge la ejerza. Todo retardo significa más dolor y lágrimas para el pueblo venezolano, especialmente para el más necesitado y desvalido. ¡El soberano asuma ya su obligación!.

NUDO GORDIANO INSTITUCIONAL

     Bastante conocida es la anécdota de Alejandro Magno, quien en su marcha victoriosa a través de Anatolia (333 aC) se encontró en Gordio (capital de Frigia) con un enigmático problema: quien pudiese desatar allí el extraño nudo que amarraba una carreta depositada en el templo, habría de ser conquistador de Asia. Alejandro se dejó de complicaciones y simplemente con su espada cortó el nudo. Solución drástica para un problema aparentemente insoluble.

    La compleja situación institucional del país semeja el nudo gordiano. Constituye, en efecto, un enredo de organismos y fundamentaciones conceptuados como constitucionales e inconstitucionales, legítimos e ilegítimos,  de iure y sólo de facto. ¿Consecuencias?  Bicefalia al nivel más alto de autoridad y  manejo esquizofrénico del país. En el concierto internacional ello se refleja en un reconocimiento contradictorio. Todo lo cual incide en la imagen negativa de un Estado, que antes era apreciado por su consistencia económica y seriedad democrática. Por décadas, Venezuela constituyó un refugio digno y seguro de gente de distinta identidad ideológica y, en general, de prójimos que encontraban aquí un lugar respetuoso y amigable en donde establecerse provisoria o definitivamente. Hoy millones de compatriotas buscan en tierras extrañas lo que aquí debieran conseguir, pero que no encuentran o se les niega.

    No es fácil desenredar el nudo institucional venezolano. Sobre todo cuando una de las partes se niega a un diálogo serio, genuino, patriótico. La situación es de grave y progresiva crisis; el Episcopado Venezolano la ha calificado de “caos generalizado”, llegando a subrayar la urgencia de una refundación nacional. Muchos compatriotas sufren extrema confusión y  desesperanza, cuando no es que los ha devorado ya el síndrome de Estocolmo. La falta de un liderazgo opositor claro, firme, aglutinante, con lúcida estrategia, ha retardado la superación de la crisis.

    El doloroso conflicto ucraniano, sin bien, por una parte, ha disminuido la atención a nuestra problemática, por la otra, ha resaltado lo destructivo del régimen SSXXI, así como lo ineludible de  reconstruir el país.

    El nudo no tiene solución sino mediante un corte a lo alejandrino ¿A quién le toca la tarea? Al único a quien le corresponde: el señalado por el Artículo 5 de nuestra Constitución, el cual, partiendo de ésta, puede actuar de modo constituyente en correspondencia al poder originario del pueblo soberano. Éste no se enredaría en embrollos legales pues estaría capacitado para disponer todo lo que considerase conveniente para la recuperación del país. Facultado para redactar un nuevo texto constitucional, podría, previa o simultáneamente, designar la dirigencia de los órganos del poder público nacional y determinar líneas básicas de la marcha del Estado hasta la realización de las correspondientes elecciones. Cortando el nudo paralizante, el soberano pondría en movimiento seguro las instituciones y el conjunto societario.

    El hecho de que hayamos tenido casi una treintena de constituciones en lo que va de existencia republicana no ha de generar desinterés ciudadano respecto de la convocatoria de una asamblea constituyente, porque ésta no se reduciría a la producción de una nueva carta magna, sino que tarea prioritaria suya sería el reordenamiento concreto y efectivo del Estado hacia la república deseable. Claro está, nuevas normas constitucionales se justifican, entre otras cosas, para redimensionar la macrocefalia presidencial, el centralismo monopólico, la unicameralidad populista y para asegurar una indispensable municipalización, una efectiva subordinación cívica del sector militar y un redimensionamiento del volumen estatal respecto de la sociedad civil.

    Cabría, para concluir, añadir una palabra sobre el sentido de la refundación del país. No basta con cambiar estructuras. Lo que ha sucedido en las últimas décadas pone de relieve la necesidad y urgencia de una renovación ética y espiritual de quienes constituyen la razón, vida y sentido de dichas estructuras: las personas humanas y la sociedad que estas forman.   

 

REFUNDACIÓN HISTÓRICA

     Somos luego de haber sido; y esperamos ser. Es lo que podemos decir los humanos en nuestro peregrinar por el tiempo. Cargamos un pasado claroscuro, nos ocupa una tarea ineludible y enfrentamos un quehacer desafiante. Inscritos en un árbol genealógico. Esa es nuestra condición histórica.

    Tentación frecuente es la de creernos generación espontánea o abstraernos de lo pretérito. Y contra un genuino realismo, querer reescribir la historia y crear -en sentido estricto, es decir, “a partir de la nada”- un porvenir, en vez de, con humildad - que es fundamentalmente actitud realista-- asumir lo recibido y edificar con este material el futuro deseable.

    Nuestra historia patria es fecunda en pretensiones inútiles, reflejadas en lemas revolucionarios altisonantes exaltando novedades y “olvido de lo pasado” como por allá en 1858 con Julián Castro.

    Resulta muy significativo el hecho de que los evangelistas, al inventariar antepasados de Jesús, dibujan “genealogías” que no expurgan personas de baja calificación moral y religiosa, nada cónsonas con la dignidad de Jesús. Mateo justo al comienzo (1, 1-17) y Lucas un poco después (3, 23-38) no podaron el árbol genealógico del Señor, sino que integraron allí hombres y mujeres como la adúltera Betsabé y el idólatra Acaz.

    Depurar la historia e intentar inaugurarla a la propia imagen y semejanza ha sido lamentablemente repetitivo. Bolívar no escapó a esta ilusión al anatematizar el pasado colonial, que llevaba en sus venas y cortar fantasiosamente el hilo de la propia biografía; y quienes asumieron las riendas de la Venezuela republicana cultivaron una política maniquea de discontinuidad histórica y fractura nacional.  Ángel Viso en su libro Identidad y ruptura (1982) hace aguda memoria de este doloroso drama. Y el país no ha entrado todavía en un nuevo siglo y un nuevo milenio, por, entre otras cosas, la intención oficial de imponer un Plan de la Patria, que intenta cancelar nuestro pasado, desconociendo valores sembrados así como tiempos de logros democráticos y desarrollo apreciable.

    Consecuencia de una tal discontinuidad histórica ha sido la fragilidad, cuando no quiebre, de instituciones fundamentales como las de justicia y educación; podría agregarse también el menosprecio de factores básicos en el ámbito ético-religioso. Ejemplos patentes son la discontinuidad de lo relativo al Desarrollo (Revolución) de la Inteligencia a mediados de los ochenta y, más recientemente, al Programa Educación Religiosa Escolar (ERE).

    Reflejo y consecuencia de esa actitud antihistórica es la marginación de símbolos (personas y acontecimientos) expresivos y animadores en los varios campos (económico, político y ético-cultural) de la vida nacional. Ha habido, en especial en estos ultimísimos tiempos, un reduccionismo empobrecedor al respecto. El derribo de la estatua de Colón justo al comienzo del actual régimen y el “ajusticiamiento” sistemático de Páez han sido bastante expresivos de una poda absurda en la genealogía nacional.

    Somos herederos de héroes y de villanos. La depuración del árbol genealógico nacional equivale a un suicidio colectivo. Muertos no haremos historia.

El Episcopado nacional ha puesto sobre el tapete el tema de la urgente refundación del país. Pues bien, ésta no consiste en una re-creación, sino en retomar nuestras mejores raíces para dinamizar la marcha del país hacia una convivencia libre, solidaria, productiva, cívica, pacífica, de apreciable calidad espiritual de vida.

    La refundación ha de re-asumir y desarrollar ulteriormente,  en el nuevo y plural marco planetario, nuestra identidad occidental y cristiana, nuestra fraternidad continental, nuestros logros humanistas y democráticos, nuestra condición de sociedad tropical y caribeña abierta racial y culturalmente.  

    Una refundación reclama reconocer, con sinceridad y autenticidad, quiénes hemos sido, y plantearnos, con lucidez y coraje, quiénes hemos de ser. Conscientes y agradecidos con nuestro árbol genealógico y, sobre todo, retomando lo mejor de nosotros mismos hacia el futuro obligante deseable.

   

 

 

    

 

ALFABETIZACIÓN REFUNDADORA

     El tema de la refundación nacional está sobre el tapete. Lo ha puesto el Episcopado venezolano y está abriéndose espacio. A este respecto valgan ahora algunas reflexiones sobre un tema indispensable como presupuesto y acompañante. Se trata de una alfabetización básica en materia de derechos humanos y principios constitucionales.

    En una pequeña y sencilla publicación mía sobre elementos primarios de Doctrina Social de la Iglesia he insertado la Declaración Universal de 1948, así como el Preámbulo y los Principios Fundamentales de nuestra Constitución (se puede bajar de mi blog perezdoc1810.blogspot.com). Son cosas que se suponen sabidas y resultan comúnmente ignoradas, lo cual tiene graves consecuencias en cuanto a praxis ciudadana. No se puede querer (ni reclamar) lo que no se conoce (en latín suena nil volitum nisi praecognitum).

    Una re-fundación del país hacia una convivencia deseable y sólida exige una educación ciudadana general sobre puntos esenciales de una recta concepción de la persona y de la sociedad ¿Qué identifica en su raíz a un ser humano respecto de los seres en general, y qué tipo de convivencia (polis) debe él organizar para poder desarrollarse en consecuencia. Un vacío grande en la educación venezolano se creó al desaparecer la asignatura Moral y Cívica, la cual se daba en la escuela primaria. Y la verdad es que si importante era conocer las operaciones aritméticas elementales y los nombres de los principales ríos de la geografía nacional, más importante era manejar el ABC de la propia identidad humana y de los deberes y derechos ciudadanos para asegurar un digno convivir. De Bolívar es bastante conocido aquello de que “un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. Y no resisto la tentación de citar aquí lo que el sacerdote dice en la tragedia Edipo, Rey: “Nada son los castillos, nada los barcos, si ninguna persona hay en ellos”.  En esta línea de reflexión se sitúa lo dicho por Jesús: “¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?” (Mt 16, 26).  

    Los regímenes en línea dictatorial, al igual que los partidos cuya predilección es contar con “masas”, no están interesados en una población con seria formación política y que piense con la propia cabeza. Plena vigencia tiene aquí la frase del Señor Jesucristo: “la verdad los hará libres” (Jn 8, 32).

    El comienzo de la etapa democrática venezolana post 23 de Enero registró un esfuerzo significativo en “formación de cuadros”, de gente especialmente joven, en cuanto a teoría y praxis socio política. Pero a medida que se consolidaron los partidos y se turnaron en el poder, se fue descuidando la formación, con los efectos que son de prever: pragmatismo de poca altura, culto de las maquinarias partidistas, debilitamiento del espíritu de servicio, polarización en la caza de liderazgos y corruptelas de diverso género.

    En lo que toca a la Iglesia se bajó también la guardia en materia de educación para la política, no percibiendo de modo debido las implicaciones del Evangelio en la construcción de una “nueva sociedad”. El Concilio Plenario de Venezuela dejó más tarde esta interpelación: “Los cristianos no pueden decir que aman, si ese amor no pasa por lo cotidiano de la vida y atraviesa toda la compleja organización social, política, económica y cultural” (Documento 3).  

    En Venezuela se da hoy una sistemática, permanente y grave violación de derechos humanos por parte del régimen que gobierna de facto. Basta una hojeada ligera a la Declaración Universal, así como a la Constitución. De la primera leamos el Artículo 23: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana (…)”. Y de la segunda: “Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (…)”.

    La refundación nacional exige con urgencia una alfabetización liberadora y una educación seria para una genuina convivencia democrática y una “nueva sociedad”.